«La policía está utilizando los mismos métodos que en la época de la  dictadura»

Desde el inicio del aislamiento obligatorio se observa un recrudecimiento de la violencia institucional en todo el país y San Luis no es la excepción.

Respecto al accionar abusivo de las fuerzas policiales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional San Luis, el 3 de mayo, emitió un comunicado donde  denuncia que «ante la gravedad de los hechos que se viven en la provincia y asumiendo que la situación de excepcionalidad que vivimos se prolonga en un tiempo indeterminado, solicitamos una audiencia con el Sr. Jefe de Policía de la Provincia el día 23 de abril, y ante el silencio y frente a la falta de respuesta se reiteró el pedido el día 28 de abril, no habiendo recibido respuesta alguna hasta la fecha. Indiferencia y negación de los hechos son actitudes reiteradas de los funcionarios de la provincia, privándonos del derecho de reclamar las explicaciones que merecemos, y de aportar las sugerencias de medidas que atenúen la vulneración y pérdida de derechos ciudadanos en el transcurso de la pandemia».

Desde la Bulla dialogamos con Lilian Videla, integrante de la APDH, quien detalla que frente a esta grave situación que se vive en la provincia, «el Estado no ha dado ninguna respuesta».

«La verdad es que la policía en San Luis está actuando de una manera feroz en cada detención. Y no tienen porque detenerte. Te tienen que llevar, te tienen que decir que haz tenido una infracción y que se va a comunicar a la Justicia. Ellos no son jueces», explica Lilian.

Respecto del proceder abusivo y violento de la policía local, Videla detalla diversos situaciones que van desde detenciones arbitrarias, allanamientos hasta muertes en comisarías.

«El allanamiento que hicieron en el Barrio Vecindad tenía una orden de la jueza Palacio. Fueron a la noche, se equivocan de domicilio porque estaba mal. Se metieron en el Comedor Negrito Avellaneda. Robaron, se llevaron mercadería. Es la que tienen para darle los desayunos y almuerzos a la gente del barrio. Eso es un crimen. Y sin embargo lo hacen», menciona la integrante de la APDH Regional San Luis.

Nadie se suicida en una comisaría

Desde el inicio del aislamiento, dos muertes han ocurrido en comisarías de la provincia de San Luis. Una es la de Florencia Morales, quien el 5 de abril es detenida en Santa Rosa del Conlara y horas más tarde aparece muerta en una celda de la Comisaria 25 de esa localidad. La otra muerte en una comisaria corresponde a Franco, un adolescente de 16 años quien fue tenedido el 25 de abril en Villa Mercedes y a las horas, personal de la Comisaría de Asistencia a Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) le entregan el cuerpo sin vida a su madre.

«Lo de Santa Rosa es una barbaridad. El propio médico que hizo la autopsia dice que está incompleta. Alguna sanción tiene que tener. […] Ahora  dicen que es la familia la que tiene que pagar la autopsia nueva.[…] Primero la detienen y no le sacan todos los elementos que puede utilizar un detenido como  los cordondes. Le dejan el cordón de la campera y con un cordón se cuelga una mujer. […] Cuando llega el médico forense el cuerpo estaba en el piso.No se da cuenta el médico de los golpes que tenía. Hay testimonios que dicen que la señora pedía auxilio desde la celda que estaba», detalla Lilian.

Respecto de la muerte de Franco, Lilian expresa: «Es otra aberración. La policía dice que el chico había dicho que se iba a suicidar si lo detienen. Está bien, lo dijo, ¿y la policía qué hizo? Debió llamar a un médico psiquiatra, debió quedarse al lado del niño, debió  tocar timbre en la casa y entregárselo a la familia si estaba en la puerta. No, lo encerraron en una celda oscura y cuando fue la madre a retirarlo demoraron en entregárselo y se lo entregaron muerto».

Y la violencia policial se agudiza pese a las denuncias de las organizaciones de derechos humanos. «La policía está utilizando los mismos métodos que en la época de la  dictadura. Te detienen, te arrestan, te desnudan como están haciendo. Despues te preguntan. Y después te largan. O no. O te largan muerto», reclama Lilian.

La situación carcelaria es otro tema preocupante. Mientras que el gobernador Rodríguez Saa, el 4 de abril en su reporte diario, anunciaba el recorrido por los complejos penitenciarios de San Luis y Pampa de las Salinas diciendo que “fueron actos de una linda y emotiva hermandad, revisamos diversos aspectos destinados a cuidarnos todos para evitar la circulación del COVID-19″, familiares de los presos manifiestan y denuncian muertes en los penales.

«Acá, en la cárcel de San luis hay tres muertes dudosas en un periodo de dos meses y esas muertes nadie dice nadie. Que casualidad que acá todos se cuelgan de las rejas», menciona Lilian Videla.

Organización y denuncia

Ante estos hechos, organizaciones de derechos humanos, de base, partidos políticos, sindicatos, autoconvocades, alzan la voz denunciando y haciendo presentaciones en diferentes ámbitos del Estado provincial para poner coto a esta grave situación. La respuesta siempre es la misma: silencio absoluto.

«A partir de que cayó la dictadura militar en el ’83, dijimos Nunca más. Y fue Nunca más. No vamos a permitir estos excesos», refuerza la integrante de la APDH local.

Y en su comunicado del 3 de mayo, esta organizacion demanda  al Estado provincial que:
1 – Adopte medidas urgentes y efectivas, para cambiar el curso de este accionar, ante el inminente peligro de caer en atropello y la ilegalidad, contra una sociedad que aún confía en las instituciones, pero tiene memoria y heridas sin curar de un pasado reciente y autoritarismo de represión. Es por ello que reiteramos el pedido de un canal de diálogo directo con la ciudadanía, para recibir nuestros reclamos, y brindarnos explicaciones. Sobre todo en lo referido a las muertes en las comisarías, hechos imperdonables en una sociedad democrática.
2- Que haya moderación y el equilibrio de las sanciones y recomendaciones, y el debido respeto a las leyes vigentes, ya que ninguna de ellas ha sido derogada por la pandemia.
3- Que se dé garantía a los ciudadanos de que los procedimientos son acordes con las normas de la superioridad, y no al arbitrio de los agentes.
4 – Se dé inmediata intervención a la, justicia sobre todo en situaciones que involucren a menores o a mujeres ensituación de riesgo.
5 – Sea designado un civil como testigo de las actuaciones, para que no haya sólo la versión policial de los hechos.
6 – Que se vea la instalación de elementos técnicos que sirvan de respaldo de las acciones de la policía y garantía a los ciudadanos (ej.: cámaras en las celdas y en los patrulleros, y cualquier elemento tecnológico que ayude en éste propósito, etc.).

Compartimos el diálogo completo  mantenido con Lilian Videla, en nuestro programa informativo Enredando Las Mañanas:

Está información también se encuentran en:

“ENREDANDO LAS MAÑANAS”. PROGRAMA DEL MARTES 12 DE MAYO DE 2020