Reforma constitucional de Jujuy: crece la resistencia popular y la solidaridad se propaga por todo el país

Mientras continúan los cortes de ruta, este martes se realizaron movilizaciones previo a la Jura de la nueva Constitución.  Las mismas han sido brutalmente reprimidas por el gobierno de Gerardo Morales, en una espiral de protesta y represión que parece no tener fin. También se convoca a un paro nacional para el jueves 22 por Ctera y ATE. Organizaciones y activistas de todo el país se solidarizan con el pueblo jujeño.

En la madrugada del viernes pasado, con los votos del radicalismo y parte del peronismo, se  aprobó la reforma parcial de la Constitución de Jujuy.Mientras se realizaba la votación con la legislatura vallada por la policía, una fuerte movilización en contra del proyecto cantaba: “¡Arriba los salarios, abajo la reforma!”. Y las comunidades indígenas ya habían iniciado el tercer Malón de la Paz.

Este martes 20, los bloques de la UCR y el PJ firmaron en la Legislatura jujeña la nueva Constitución impulsada por el gobernador Gerardo Morales, que fue debatida, tramitada y aprobada de forma exprés.  Afuera, movimientos sociales y comunidad en general protestaron por horas, mientras la represión se agudizaba.

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Reformas contra el pueblo y a favor de las mineras.

Entre las modificaciones que aprobaron hay una fuerte limitación a la protesta social y se otorga mayor prioridad a la propiedad privada por sobre la propiedad comunitaria de los pueblos originarios.

Sobre este último punto, Morales tuvo que dar marcha atrás con dos artículos de la nueva constitución. El artículo 36, sobre el derecho a la propiedad privada, que entre otras cosas estipulaba que “las leyes procesales de la Provincia deben incorporar mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular”. Y el artículo 50 que en su inciso dos establece que “el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación”.

Quedan dentro de la reforma los artículos 68 que reafirma la estructura legal de propiedad del suelo, el 75 sobre el Régimen de Aguas y 94 referido a tierra fiscales. Artículos que benefician el saqueo y el extractivismo capitalista y no los considera como elementos naturales comunes de toda la población.

Como vienen reclamando las comunidades y pueblos indígenas, la reforma constitucional atenta contra el reconocimiento de la posesión tradicional de sus tierras que en gran parte se encuentra en disputa con empresas privadas. Como por ejemplo, las que registró la fundación Andhes (abogados y abogadas del noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales) en colaboración con la Revista Crisis en un informe sobre Responsabilidad empresarial y Comunidades Indígenas de Jujuy. En el informe se registran cuatro conflictos en esa provincia entre pueblos originarios y empresas privadas por territorios. La comunidad de Las Capillas y la minera Piuquenes; la comunidad de Tusca Pacha y la inmobiliaria Sucre; la comunidad Cueva del Inca y un emprendimiento hotelero; y la comunidad de Casagrande, Vizcarra y el Portillo y el grupo Integra. A esta última comunidad se le reconoció en 2017 la posesión actual tradicional y pública de 53.612 hectáreas de territorio ancestralmente habitado, que se encuentra dentro de las casi 98.000 hectáreas que usa la mina en El Aguilar. A esto se suma que de las 400 comunidades originarias de Jujuy muy pocas han conseguido el reconocimiento de la titularidad de sus tierras.

Está situación llevó a las comunidades a la organización y movilización en el tercer Malón de la Paz que iniciaron los días 14 y 15 de junio. El primero había sido en 1946 en el que caminaron más de 2.400 km hasta Buenos Aires exigiendo la titularización de sus territorios. Esta vez, la movilización fue con dirección a San Salvador de Jujuy en defensa del territorio, el agua, contra la reforma constitucional y por la renuncia de Gerardo Morales.

Limitación y criminalización de la protesta

La reforma también impulsa la limitación de la protesta social. En el artículo 37 busca impedir los cortes de rutas y de calle, las cuales son acciones que desde los 90 ́ se han convertido en una forma histórica para reclamar y exigir derechos.

Este no ha sido el primer intento por parte de Gerardo Morales de limitar la protesta. Desde 2016 está vigente un régimen contravencional que faculta a la policía para realizar detenciones arbitrarias sin orden judicial y sin flagrancia, el cual es utilizado para perseguir y criminalizar la protesta y que ahora con la reforma se le quiere otorgar rango constitucional (Art. 90).

Días previos a la reforma, el gobierno de Jujuy tuvo que dar marcha atrás con un decreto que buscaba criminalizar la protesta castigando con multas, despidos e inhabilitaciones para ocupar cargos públicos a quienes participen de manifestaciones en las calles. Medida que no se sostuvo por el fuerte rechazo que generó en las calles, principalmente de docentes que vienen protagonizando una histórica lucha por la recomposición salarial y en contra de la reforma parcial de la constitución.

Represión y rebelión popular

Para el sábado la bronca popular se hizo sentir con varios cortes de ruta que fueron ferozmente reprimidos por la policía que previamente había infiltrado agentes de civil entre les manifestantes. La represión causó decenas de detenciones y heridos, entre elles un adolescente de 17 años que perdió la vista de uno de sus ojos.

Lejos de amedrentar, la represión despertó más bronca y organización popular. Continúan los cortes de ruta y la solidaridad se extiende por todo el país con paros, movilizaciones y piquetes.

Una lucha que crece

Este martes 20 de junio se realizaron manifestaciones en San Salvador de Jujuy que fueron duramente reprimidas y continúan los cortes de ruta en varios puntos de la provincia. Mientras tanto la solidaridad se expande por todo el país. En CABA el Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia convocó a una concentración y movilización desde el Obelisco a la Casa de Jujuy. También en Neuquén y Cipolletti se realizaron cortes de ruta. El próximo jueves se realizarán movilizaciones en varios puntos del país. Ese mismo dia Ate y Cetera convoca a un paro nacional por aumentos de salarios, en repudio de la represión de la protesta por parte del gobernador Morales y en contra de la reforma constitucional.

Mientras tanto, al momento de tomarse juramento a la Reforma Constitucional, organizaciones, movimientos sociales, gremios, comunidades indígenas  se manifiestan frente a la Legislatura  y son reprimidxs con gases lacrimógenos y balas de gomas. Al cierre de este artículo, continúa la brutal represión, con personas detenidas ilegalmente y otras luchando por su vida a causa de la represión de la policía jujeña.

Fuentes                                                                                                                                                                  Almeida, Victoria Fernandez (5 de mayo de 2023), Las cicatrices del extractivismo. Revista Crisis. https://revistacrisis.com.ar/notas/las-cicatrices-del-extractivismo.                                                                         Radio Pueblo Jujuy