La fe como política de Estado: el avance de las iglesias evangélicas en San Luis
Mientras el Gobierno provincial fortalece su alianza con las iglesias evangélicas señalándolas como mediadoras clave para la «reconstrucción del tejido social» en un territorio con una pobreza que ronda el 40%, la contención estatal se terceriza en instituciones religiosas, y los derechos consagrados por ley enfrentan posibles nuevas barreras.
En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de San Luis, el gobernador Claudio Poggi compartió un desayuno con pastores de toda la provincia. La fecha no era casual: el 31 de octubre, instaurado por la Ley Nacional 27.741 como el Día de la Iglesia Evangélica. El encuentro celebrado el 31 de octubre fue presentado como un gesto de unidad y reconocimiento. Poggi les transmitió a los líderes religiosos la importancia que tiene para su gestión “la reconstrucción del tejido social”, una de sus políticas centrales y en la que, según su visión, las iglesias son “fundamentales”.
En este contexto, en toda la provincia crecen las iglesias evangélicas y junto a la estructura estatal actúan como un freno silencioso pero efectivo a los derechos reproductivos y a los de la comunidad LGBTIQ+, en especial en los sectores más pobres, esos mismos a los que el Estado intenta llegar a través de los templos.
El desayuno del poder: iglesia y Estado, ¿un asunto imbrincado?
El encuentro en la Casa de Gobierno sanluiseña, relatado en los medios oficiales de la provincia, no fue un mero acto protocolar. Fue la consolidación de una alianza política. Estuvieron presentes el pastor Daniel García, presidente del Consejo Pastoral Evangélico San Luis (Co.p.e.SaL); el pastor Marcelo Rodas, secretario de la Confederación pastoral provincial; y el pastor Juan Carlos Rodríguez, Presidente de la Federación Pastoral, entre otros representantes de localidades como Villa Mercedes, La Toma, Quines y Unión.
El ministro de Gobierno, Facundo Endeiza, explicó la lógica detrás de la reunión: “La idea es trabajar en conjunto porque hay muchas políticas de Estado, sobre todo sociales, que está llevando adelante el Gobierno y que podemos abordar en conjunto, ya que ellos están muy bien distribuidos en todo el territorio”. Endeiza detalló que Poggi expuso los “cuatro vectores” de su gestión: generar trabajo en el sector privado, la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de las instituciones. Sobre este último, remarcó el papel “fundamental” de las iglesias evangélicas.
Los pastores celebraron la apertura. Daniel García, de la Iglesia Pentecostal Argentina lo calificó como “una bendición” y afirmó: “Siempre hemos sido agentes de contención. Pocas veces hemos recibido ayuda del Gobierno pero en estos tiempos estamos viendo una apertura muy importante. Creemos que podemos trabajar mucho mejor, llegando a lugares que quizás el Estado no puede llegar y nosotros, conociendo la necesidad de la gente, trabajando todos los días con ellos, sí”.
El pastor Rodríguez, por su parte, agradeció “al señor Gobernador porque abiertamente nos ofreció que podamos acercarnos a él por cualquier situación”. Y cerró con una idea fuerza que repitieron todos los oradores: “Nuestros templos son termómetros (…) de todas las clases sociales y de todas las culturas”. En ellos, explicaron, se detectan y abordan problemáticas como “el consumo de drogas, la ludopatía en los adolescentes”, y se trabaja con “la vulnerabilidad de los niños, el tema de las drogas, de las madres abandonadas en el tema del aborto”.
El modelo nacional: Aciera, Milei y la tercerización de la asistencia social
La escena puntana no es un caso aislado, sino el reflejo de una estrategia nacional. El presidente Javier Milei ha “tercerizado en las iglesias evangélicas la asistencia social, contraponiéndolas a las organizaciones piqueteras como el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Libres del Sur, el Frente Darío Santillán, FOL, el Movimiento Evita, Polo Obrero y tantas otras organizaciones de base a las que persigue judicialmente y estigmatiza cotidianamente. La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina-ACIERA, que representa a más de 15.000 congregaciones, se ha convertido en un actor central.
La relación Estado e iglesias evangélicas parece consolidarse. En el 2024, cuando el Gobierno nacional impulsó y logró la sanción de la ley 27.741, Cristian Hooft, presidente de ACIERA, fue invitado a disertar en el Senado de la Nación. Allí destacó el significado histórico de la fecha, ligada a la Reforma Protestante de Martín Lutero. Agregó que «en nuestro país, las iglesias protestantes y evangélicas han desempeñado un papel destacado en la promoción y en la defensa de los derechos de las minorías, desde las personas por nacer, los niños, las mujeres, y por supuesto los pueblos originarios».
Pero la alianza va más allá de los símbolos. Apenas iniciada su gestión, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió «eliminar la intermediación» de las organizaciones sociales en la distribución de planes sociales y de alimentos para comedores. En su lugar, a principios de febrero de 2024, firmó un convenio con la Fundación Promesa Eterna de José C. Paz, vinculada a la mencionada Alianza, por 177 millones de pesos para la compra de módulos alimentarios. El convenio estaba destinado a “asistir a 36.150 personas en los 723 puntos de entrega de ACIERA”.
Este modelo de gestión, donde el Estado se retira y deja su lugar a las iglesias evangélica, se replica en los barrios de San Luis. El gobierno de Poggi encuentra en la extensa red de templos evangélicos un brazo ejecutor para sus políticas sociales, en un contexto donde la pobreza es una herida abierta.
La otra cara de la moneda: pobreza y derechos en jaque
Los números del Instituto Nacional de Estadística y Censos INDEC para el segundo semestre de 2024 son contundentes: la pobreza en el Gran San Luis alcanzó al 39,7% de las personas, y la indigencia al 4,3%. Si bien estos indicadores marcan una baja respecto al primer semestre del mismo año (53,8%), la provincia sigue por encima de la media nacional (38,1%) y más de 76 mil puntanes viven por debajo de la línea de pobreza.
En este escenario de privaciones, el acceso a los derechos básicos, incluida la salud reproductiva, se vuelve más crítico ya que la ley de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) garantiza el derecho a abortar hasta la semana 14 de gestación y, pasada esa fecha, en casos de violación o riesgo para la vida o la salud de la persona gestante. Sin embargo, la efectividad de la ley depende en gran medida de la voluntad política de los gobiernos provinciales para garantizar su implementación.
El relato de los pastores en el encuentro con Poggi es claro. Al mencionar entre sus labores el trabajo con “madres abandonadas en el tema del aborto”, dejan entrever una perspectiva particular sobre esta problemática, que se alinea con la postura a nivel nacional de estos grupos. Así, se advierte una negativa rotunda al ejercicio del derecho de interrupción voluntaria del embarazo por parte de las personas gestantes
A nivel nacional las iglesias evangélicas, en alianza con el gobierno de Milei, se apoyan para atacar derechos como la ESI (Educación Sexual Integral) y el aborto legal, y para divulgar ideas reaccionarias contra las mujeres y disidencias sexuales. El objetivo último de esta política, es disciplinar y embrutecer a la población mientras aplica un ajuste brutal.
La “ideología de género” como enemigo común
El frente de batalla cultural tiene un nombre: “ideología de género”. Según el pensamiento de la filósofa Judith Butler este término es utilizado por el Papa Francisco, los evangélicos y otros sectores conservadores para agrupar y atacar al feminismo, la diversidad sexual, los derechos de las personas LGBTIQ+ y centralmente el derecho al aborto.
Butler, una de las principales teóricas de los estudios de género que sale al cruce de estas críticas, explica que la teoría de género no es “ni destructiva ni adoctrinadora” sino que “simplemente busca una forma de libertad política” para vivir en un mundo más equitativo. Lejos de la caricatura que pintan sus detractores, la perspectiva de género no busca “imponer” una identidad, sino “abrir la posibilidad de que les jóvenes encuentren su propio camino en un mundo que a menudo les enfrenta con normas sociales estrechas y crueles”.
Para la filósofa, negar estas libertades políticas “conlleva terribles consecuencias: a les que desean abortar se les impediría ejercer esa libertad; a las personas gays y lesbianas que quisieran casarse se les negaría la opción de concretar ese deseo; y les que deseen adoptar un género distinto del sexo que se les asignó al nacer tendrían prohibido hacerlo”.
En San Luis, donde los pastores se reúnen con el gobernador y son reconocidos como actores sociales clave, esta “cruzada contra la ideología de género” deja de ser un debate académico para transformarse en una fuerza política concreta que moldea las políticas públicas y, por ende, la vida de las personas, especialmente de las más pobres.
Un Estado que se retira, una iglesia que avanza
La provincia de San Luis es un microcosmos de un fenómeno nacional. La alianza estratégica entre el gobierno de Claudio Poggi y las iglesias evangélicas responde a una lógica de tercerización de la asistencia social y de construcción de gobernabilidad, tal como lo explica el investigador del CONICET Mario Carbonelli y escritor de “Los evangélicos en la política argentina”: para algunos países, “las iglesias evangélicas más que aportar en términos electorales (…) aportan en gobernabilidad”.
Este modelo, sin embargo, tiene un costo. Al delegar la contención social en instituciones que, por doctrina, se oponen a derechos fundamentales como el aborto legal y la Educación Sexual Integral, el Estado provincial crea un conflicto de interés insalvable. Las mismas entidades que reciben reconocimiento político y probablemente apoyo material para llegar a los barrios más vulnerables, son las que promueven una visión que restringe los derechos de esas mismas personas a quienes dicen ayudar.
El resultado es una paradoja peligrosa: en un territorio con un 39,7% de pobreza el Estado se vale de intermediarios religiosos para paliar la emergencia social al mismo tiempo que permite que esos mismos intermediarios erosionen el acceso a derechos de salud reproductiva por los que se lucho décadas. La “reconstrucción del tejido social” de la que habla Poggi parece construirse sobre un lugar donde os derechos de las mujeres y disidencias pueden quedar una vez más en el olvido.
