Trabajadores estatales en jaque
En los pasillos de hospitales, aulas escolares y oficinas públicas de San Luis se respira un aire de incertidumbre y desaliento. Lo que comenzó como una crisis salarial aislada se transformó en un colapso generalizado que afecta a toda la estructura estatal, comprometiendo servicios esenciales y la calidad de vida de miles de familias trabajadoras.
La municipalidad de San Luis exhibe esa crisis profunda. Bajo la gestión del intendente Gastón Hissa, se ejecutaron 300 despidos que equivalen al 10% de la planta laboral. Pero detrás de cada número hay rostros concretos. Los de familias que de un día para otro vieron desaparecer su sustento, trabajadores con décadas de servicio que hoy buscan reinventarse en la economía informal.
Quienes lograron conservar sus puestos enfrentan una realidad devastadora: tener empleo pero no poder vivir de él. Los aumentos salariales del 80% durante 2024 quedaron pulverizados ante una inflación que superó el 150%. El aumento del 10% concedido en mayo de 2025 terminó por hundir los salarios por debajo de la línea de indigencia, transformando la estabilidad laboral en una condena a la pobreza.
Testimonios recogidos en las protestas y movilizaciones de la ciudad de San Luis, describen realidades complejas. Trabajadores municipales que deben elegir entre pagar el alquiler o comprar medicamentos, profesionales universitarios que complementan sus ingresos con trabajos informales y familias enteras que dependen de comedores comunitarios para asegurar la comida diaria.
El desmantelamiento silencioso del Estado provincial sanluiseño
La situación en el ámbito provincial no es menos grave. El congelamiento salarial vigente desde julio mantiene a les trabajadores estatales en una situación de emergencia económica permanente. El último aumento significativo data de abril -un 25% aplicado en dos tramos- que fue rápidamente devorado por la espiral inflacionaria.
Ante este escenario, la Intersindical de Estatales, que reúne a ATE, APTS, SIEP, SIJUPU y UTEP-SL, emerge como el espacio de resistencia y propuestas. Su trabajo se desarrolla en dos frentes: la presentación de un reclamo formal ante la Legislatura provincial para incluir en el Presupuesto 2026 partidas que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, y la elaboración de un proyecto de Ley de Paritarias Provinciales que establezca mecanismos transparentes y periódicos de actualización salarial.
Si se desmenuzan las diferentes áreas, del Estado provincial, emergen situaciones que profundizan la precariedad económica. Así, el sector salud vive una de sus peores crisis institucionales. De acuerdo con la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud- APTS, los salarios del sector se encuentran 40% por debajo de la inflación acumulada, generando un éxodo masivo de profesionales hacia el sector privado o hacia otras provincias.
La Maternidad Provincial Teresita Baigorria se ha convertido en el símbolo de este colapso. El servicio de ginecología opera al límite de sus capacidades, con guardias médicas que no logran cubrirse completamente y pacientes que deben esperar horas para ser atendidas. La contratación temporal a través de empresas privadas demostró ser una solución insuficiente y volátil, generando más inestabilidad que soluciones duraderas.
Profesionales de la salud relatan cómo deben trabajar en múltiples instituciones para alcanzar ingresos similares a los que percibían años atrás en un solo empleo, llevando al extremo sus capacidades físicas y emocionales.
Por su parte, el Sindicato de Judiciales Puntanos- SIJUPU denuncia que el presupuesto aprobado para 2026 presenta una variación mínima -0,004% respecto al ejercicio actual- que vulnera flagrantemente la autonomía judicial garantizada por la Constitución provincial. El episodio del 30 de septiembre, donde trabajadores judiciales fueron bloqueades con barreras físicas y presencia policial para ingresar a la Legislatura, evidenció el nivel de tensión entre el gobierno provincial y uno de los poderes fundamentales del Estado, y la poca disposición oficial a escuchar sus demandas.
La falta de recursos adecuados compromete el funcionamiento mismo de la justicia, con expedientes que se acumulan, audiencias que se postergan y servicios esenciales que se resienten por falta de personal e insumos básicos.
El sistema educativo provincial no queda afuera del complejo contexto que atraviesan les trabajadores estatales. Y es que San Luis registra la mayor pérdida salarial docente del país, con una disminución del 40,4% en el poder adquisitivo durante los últimos dos años. Detrás de este número frío hay miles de historias de maestras y profesores que, después de dedicar sus vidas a la educación, hoy no pueden sostenerse con sus salarios.
La crisis afecta con especial crudeza a las mujeres, que representan la mayoría del sector y en muchos casos son jefas de hogar. Con ingresos que no superan los $700.000, deben recurrir a trabajos extras, emprendimientos informales y endeudamiento constante solo para cubrir las necesidades básicas de sus familias.
Desocupación y números que no cierran
A nivel nacional, las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina INDEC registran una tasa de desempleo del 7,6% y un empleo informal en sus niveles más altos desde 2008. Sin embargo, estas cifras son objeto de fuertes cuestionamientos.
En ese sentido, trabajadores de ATE INDEC denuncian manipulación política en las mediciones de pobreza, señalando que la comparación con el primer semestre de 2024 omite deliberadamente el aumento de 12 puntos porcentuales registrado después del cambio de gobierno nacional.
Tanto el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) como el Centro de Economía Política Argentina coinciden en señalar irregularidades metodológicas que distorsionarían las cifras reales de pobreza. Desde la conducción nacional de ATE, Rodolfo Aguiar afirma que la pobreza real supera el 62%, duplicando las cifras oficiales.
Estas denuncias cobran mayor relevancia tras el reconocimiento del ministro del Interior, Lisandro Catalán, sobre el bloqueo presidencial a la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPC), elemento fundamental para cualquier medición seria sobre el costo de vida.
En medio de este panorama desolador, les trabajadores estatales sanluiseñes construyen respuestas organizadas. La Intersindical se consolida como espacio de articulación y lucha, preparando movilizaciones conjuntas que reflejan la unidad de los diferentes sectores afectados.
El 15 de octubre una movilización recorrió las calles de San Luis con docentes que salieron a las calles para exigir aumento salarial, solución al conflicto de la Obra Social del Estado Provincial (DOSEP), aulas inclusivas y paritarias provinciales. La convocatoria, que se replicó en Merlo y Villa Mercedes, sumó a otros sectores estatales igualmente afectados por la crisis, construyendo una fuerza colectiva capaz de modificar la situación actual.
En dicha movilización, Carlos Peralta, secretario general de UTEP le recordó al gobernador Claudio Poggi que en el 2010, cuando era “Jefe de gabinete éramos los docentes peores pagos. Y lo hizo de nuevo, otra vez tenemos sueldos de miseria. Por qué no cumple con lo que prometió en campaña. Dijo ser distinto, le estamos dando la posibilidad que sea distinto. Convoque a las paritarias y le vamos a enseñar el significado del diálogo”.
La crisis en San Luis trasciende lo económico para convertirse en una cuestión de dignidad humana. Cada número, cada porcentaje, cada estadística esconde rostros concretos: el de la enfermera que atiende partos sabiendo que no puede pagar la universidad de su hija, el del docente que enseña matemáticas mientras calcula cómo llegar a fin de mes, el del trabajador judicial que garantiza derechos que él mismo ve vulnerados.
Sus luchas no es sólo por salarios dignos, sino por la preservación misma de los servicios públicos que garantizan derechos fundamentales a toda la población. En las calles, en las asambleas, en los ámbitos laborales va creciendo el malestar y día a día crece la resistencia contra un modelo que privilegia el ajuste fiscal sobre el bienestar popular.
El desenlace de esta situación de profunda precarización de las vidas de toda la población trabajadora marcará el rumbo de San Luis por años. O se consolida un Estado al servicio de los intereses del pueblo, o se profundiza un modelo de exclusión y empobrecimiento generalizado. En esta encrucijada histórica, la organización y unidad de les trabajadores estatales se muestra como el último camino de defensa de lo público.
