Milei restringe por decreto la participación ciudadana y la paridad de género en la elección de jueces para la Corte Suprema

El 16 de junio de 2026, en plena previa del Mundial, el presidente firmó un decreto que elimina la participación ciudadana en la designación de jueces y suprime toda mención a diversidad de género y federalismo. En un país con un femicidio cada 33 horas, la Corte puede volver a ser 100% masculina sin dar ninguna explicación.

Javier Milei eligió el momento justo: el lunes 16 de junio, mientras la Argentina entera tenía los ojos puestos en el primer partido de la Selección en el Mundial, firmó el Decreto 388/2026. Lo publicó en el Boletín Oficial al día siguiente.

El decreto reforma los Decretos 222/03 y 588/03, que desde el gobierno de Néstor Kirchner regulaban cómo se elige a les jueces de la Corte Suprema, al procurador y al defensor general. Esas normas establecían dos cosas concretas: participación ciudadana antes de que el pliego llegara al Senado, y una recomendación explícita de que la Corte reflejara diversidad de género, especialidad y procedencia regional. Milei eliminó las dos.

Lo que había y lo que borró

Antes del decreto, cuando el Poder Ejecutivo proponía un candidato a la Corte, lo publicaba en diarios de circulación nacional y local. Durante 15 días, cualquier persona, organización o colegio de abogades podía presentar apoyos u objeciones con fundamento. El Presidente tenía que considerarlas antes de mandar el pliego al Senado.

Ese mecanismo se usó. Organizaciones de mujeres, colegios de abogadas y víctimas de violencia presentaron objeciones que frenaron candidatos con denuncias por violencia o con fallos misóginos. Era una ventana pequeña, pero era real y era de todes.

Ahora eso desapareció. En el nuevo procedimiento el Presidente elige a dedo, manda el pliego directo al Senado, y el Senado hace una audiencia y vota. La publicación dura tres días —solo en Boletín Oficial y web del Ministerio de Justicia— y el candidato tiene cinco días para presentar su declaración jurada. La etapa donde el currículum pesaba más que la rosca política dejó de existir.

Sobre la recomendación de paridad, el decreto no la reformó, sino que directamente la borró. La norma anterior decía que «en la medida de lo posible» la Corte debía reflejar «diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal». No era un cupo obligatorio, pero tenía efectos concretos, empujaba a considerar candidaturas de mujeres, de profesionales del NOA, el NEA o la Patagonia, y visibilizaba un problema que los números confirman: el 80% de les jueces de la Corte en toda la historia argentina fueron de CABA o Buenos Aires. Hoy, en la Corte hay cero mujeres.

El gobierno no dio ningún argumento para explicar por qué sacó los criterios de género y federalismo. Solo habló de «agilizar» y «modernizar». Pero si el problema era la duplicación de instancias, ¿por qué también borraron la palabra género? Eso no agiliza nada. Eso define una ideología.

Por qué importa quién juzga

La Corte Suprema falla sobre aborto, violencia de género, identidad, licencias por maternidad, femicidios, cuota alimentaria, IVE, ESI. En 160 años de historia argentina, solo tres mujeres llegaron a integrarla (Margarita Argúas en 1970, Carmen María Argibay en 2005  y Elena Highton de Nolasco en 2004). Hoy no hay ninguna. Y Milei acaba de asegurarse de que nadie tenga que preguntarse por qué.

Importante es mencionar que Argentina firmó la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Ambas obligan al Estado a tomar medidas para lograr igualdad sustantiva. La recomendación de paridad era una de esas medidas. La ONU y la CIDH recomiendan paridad en máximos tribunales porque mejora la confianza pública en la Justicia. El decreto 388/2026 va en dirección contraria a todos esos compromisos internacionales, y el gobierno no explicó por qué.

El mensaje también corre hacia abajo: si el techo del Poder Judicial puede ser 100% masculino sin rendir cuentas, el impacto se siente en concursos de camaristas, en fiscalas, en juezas de primera instancia. La Corte marca el estándar. Y el estándar que fijó Milei dice que el género no importa.

El contexto no es casual

Este decreto no apareció de la nada. Desde que asumió, Milei suprimió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, declaró su intención de prohibir «todo lo relacionado con la perspectiva de género» dentro de la administración nacional y afirmó que «la violencia no tiene género». Destinó cero pesos en el Presupuesto 2025 para programas de prevención de la violencia hacia las mujeres, recortó en un 78% el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, disolvió el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, entre otros recortes que implicaría una nota aparte para poder detallar, dada su cuantía.

De esta forma, pued hablarse de patrón de desmantelamiento metódico de todo lo que el feminismo construyó dentro del Estado.

Y Milei no está solo en eso. Trump, Le Pen, Meloni y Orbán se reunieron en la cumbre Europa Viva 24 en Madrid y tienen en común una estrategia de recorte sistemático de los derechos de las mujeres. En Estados Unidos, trece estados prohibieron el aborto bajo el clima político abierto por Trump, y las políticas estatales perjudicaron la salud y la dignidad de las personas LGBT, especialmente de jóvenes trans. En Hungría, Orbán expulsó los estudios de género de las universidades. El manual es el mismo e implica nombrar el género como un problema, borrar las políticas que lo abordan, concentrar el poder en quienes no lo padecen.

Lo que se pierde

Con el Decreto 388/2026, las organizaciones de mujeres, lesbianas, personas trans, travestis, intersex y no binaries perdieron una herramienta concreta: ya no pueden presentar objeciones antes de que el pliego llegue al Senado, que es donde la negociación política aplasta cualquier debate sobre idoneidad o trayectoria.

El decreto consolida una Corte que puede decidir sobre el cuerpo, la vida y la libertad de las mujeres y las disidencias sin mujeres, sin disidencias, y sin tener que explicar por qué. La historia argentina ya mostró qué pasa cuando la Justicia carece de perspectiva de género: fallos que revictimizan, femicidas liberados, abortos negados.

Borrar la palabra «género» de un decreto es el primer paso para borrarlo de la Justicia. Y eso, en un país con un femicidio cada 33 o 34 horas, es una decisión política sobre quiénes importan y quiénes no.