Como en todo el país, San Luis gritó fuerte “La ley de Glaciares no se toca”
Bajo la consigna “El agua es un derecho humano, la Ley de Glaciares no se toca”, organizaciones socioambientales, asambleas y vecines autoconvocades se concentraron este 25 de marzo en el centro de la ciudad de San Luis para rechazar la reforma impulsada a nivel nacional sobre la Ley N° 26.639. La jornada, que se desarrolló en la esquina del Correo Central (San Martín y Av. Illia), combinó radio abierta, retransmisión de la audiencia pública en el Congreso y un micrófono abierto, y artistas locales que son su música amplificaron voces en defensa de los bienes comunes.
Desde el mediodía, el Encuentro de Asambleas Socioambientales de San Luis, junto a Radio Identia Comunitaria este medio comunitario, generó un espacio de información y debate colectivo. Allí se puso en circulación no solo el contenido técnico de la ley, sino también las implicancias políticas de su posible modificación. La actividad incluyó intervenciones artísticas y la participación de distintos sectores sociales que alertaron sobre el avance de un modelo extractivista que amenaza las reservas estratégicas de agua.
En este contexto, desde las asambleas también denunciaron que el municipio de San Luis, encabezado por el intendente Gastón Hissa, no autorizó la bajada de luz para la realización de la actividad en la plaza Pringles, lo que fue interpretado como un intento de limitar el ejercicio del derecho a la participación y a la expresión en el espacio público. Frente a esta negativa, las organizaciones resolvieron avanzar de manera autogestiva, sosteniendo la jornada en la vía pública y reafirmando que la defensa de los bienes comunes y los derechos ambientales no puede quedar sujeta a restricciones institucionales que, lejos de garantizar la convivencia democrática, tienden a invisibilizar y desalentar la organización social.
La actividad se extendió hasta las 19hs, cuando las Asambleas socioambientales le pasaron la posta y acompañaron a la ya clásica movilización que realizan los miércoles Jubilados Autoconvocados San Luis.
La Ley de Glaciares en el Congreso
En paralelo, en el Congreso de la Nación, la audiencia pública convocada para debatir la reforma se desarrolló en medio de fuertes cuestionamientos. Con más de 100.000 personas inscriptas en todo el país, la gran mayoría quedó excluida: menos del 1% pudo hacer uso efectivo de la palabra. La jornada del miércoles terminó envuelta en polémica cuando el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, el diputado José Peluc (La Libertad Avanza), dio por finalizada la audiencia de forma abrupta cerca de las 21 horas, dejando a decenas de expositores sin intervenir. A esto se sumó la interrupción repentina de la transmisión oficial mientras hablaba una de las participantes, hecho que organizaciones y referentes denunciaron como un acto de censura.
Durante el jueves, las críticas no hicieron más que profundizarse. Desde distintos bloques opositores se presentó un pedido de impugnación de la audiencia, señalando que el procedimiento fue “arbitrario” y violatorio de normativas como la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que garantiza la participación ciudadana en cuestiones ambientales. Mientras tanto, el oficialismo se mantiene firme en su intención de avanzar con el proyecto, confiado en contar con los votos necesarios para su aprobación en el recinto en las próximas semanas.
La reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado, apunta a modificar aspectos centrales de la normativa vigente. Entre los puntos más sensibles se encuentra la flexibilización de la protección sobre el ambiente periglacial, una zona clave para la regulación hídrica, que pasaría a ser definida por cada provincia. Esta descentralización, advierten especialistas y organizaciones, abre la puerta a interpretaciones laxas que podrían habilitar actividades extractivas en áreas hasta ahora protegidas.
Otro eje crítico es la posible habilitación de proyectos productivos -principalmente megamineros- en zonas cercanas a glaciares, bajo criterios más permisivos. En un contexto de crisis climática y escasez hídrica, esto implica un riesgo directo sobre las fuentes de agua dulce que abastecen a millones de personas en todo el país.
Para las asambleas socioambientales, el trasfondo de la reforma responde a intereses económicos concentrados. Denuncian que la modificación de la ley favorece a grandes corporaciones mineras y a sectores empresariales que buscan avanzar sobre territorios protegidos, en detrimento de las comunidades y del equilibrio ambiental.
En San Luis, la respuesta fue contundente. Organización, presencia en el espacio público y construcción colectiva de sentido. Mientras en el Congreso se intenta acotar la participación, en las calles se multiplica. Porque si algo quedó en evidencia durante la jornada, es que la disputa por los glaciares no es solo técnica ni legislativa: es profundamente política. Y en ese terreno, la defensa del agua como derecho humano sigue siendo una bandera que no se negocia.
