La «Ley de Libertad Educativa» y el fin de la escuela como garantía estatal
Un análisis del proyecto de «Ley de Libertad Educativa», presentado el martes 9 de diciembre por el gobierno nacional, revela un cambio de paradigma que desmantela los pilares del sistema educativo nacional tal y cual lo se conoce en la actualidad.
El texto, que tiene 43 páginas y 166 artículos y se se encuentra en la web oficial del Consejo de Mayo, busca derogar la actual Ley de Educación Nacional, sitúa a la familia como «agente natural y primario» de la educación, relegando al Estado a un rol subsidiario y complementario. Este corrimiento del garante histórico del derecho a la educación constituye, para les críticos, el eje más preocupante y regresivo de la reforma.
La reforma también ataca la base financiera del sistema. El proyecto elimina la meta del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) como piso para la inversión en educación, un principio establecido en la Ley de Educación Nacional de 2006 que buscaba garantizar un financiamiento previsible y sustancial. Al borrar este compromiso histórico, el financiamiento educativo queda sujeto a la discrecionalidad presupuestaria anual, desprotegiendo a las escuelas públicas de una partida vital.
Los principios fundacionales de universalidad, educación común, laicidad y obligatoriedad –vigentes en Argentina desde la ley 1420 de año 1884– son reemplazados por la «libertad educativa» y el «derecho preferente de los padres a elegir». En la práctica, esto fragmenta el sistema: desaparece la idea de una educación común nacional y cada escuela –pública o privada– podrá definir su propio «ideario» y una porción de su plan de estudios. La obligatoriedad escolar se relativiza al habilitar formalmente el «homeschooling» o educación en casa, donde bastará con acreditar contenidos mínimos ante el Estado, sin la exigencia de asistencia.
El diálogo con La Bulla, Walter Olguín, docente de la Universidad Nacional de San Luis, realiza un análisis detallado del proyecto y advierte sobre las consecuencias sociales de este modelo. «¿Qué pasa cuando las condiciones familiares son precarias, son violentas, no son las mejores para el crecimiento de las infancias?», plantea. La escuela, que históricamente es un espacio de detección de abusos y contención social, dejaría de ser un refugio obligatorio para aquellos niños, niñas y adolescentes cuyas familias, justamente, «no están obligadas a mandar su hijo al colegio».
Olguín amplía la crítica hacia otro pilar vulnerable: la Educación Sexual Integral (ESI). Según su lectura, la primacía del «ideario institucional» que establece la ley crearía un conflicto directo con la aplicación de la ESI, que actualmente es de ejecución obligatoria. «Con el proyecto de ley que se pretende llevar adelante va a ser más importante el ideario escolar que, por ejemplo, la ley de educación sexual integral. Será muy difícil que esta ley se cumpla», afirma, anticipando «un grave y gran retroceso».
La reforma también ataca la base financiera del sistema. El proyecto elimina la meta del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) como piso para la inversión en educación, un principio establecido en la Ley de Educación Nacional de 2006 que buscaba garantizar un financiamiento previsible y sustancial. Al borrar este compromiso histórico, el financiamiento educativo queda sujeto a la discrecionalidad presupuestaria anual, desprotegiendo a las escuelas públicas de una partida vital.
Además, el proyecto consolida la transferencia de recursos públicos al sector privado, equiparando jurídicamente su financiamiento con el de las escuelas estatales e instituyendo los «vouchers educativos». Este redireccionamiento de fondos se profundiza en un contexto de eliminación del piso del 6% del PBI, lo que podría significar un recorte real y una redistribución regresiva del gasto. Esto, sumado a la autonomía para que los consejos de padres participen en la contratación y remoción de directivos y docentes, y a la declaración de la educación como «servicio esencial» (que limita el derecho a huelga), completa un esquema que, para los gremios y académicos, mercantiliza el derecho a la educación y profundiza la desigualdad.
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