Socioambientales

La lucha por el monte nativo en La Punta

Mientras la provincia de San Luis registra una de las tasas de deforestación más altas del país, una asamblea de vecinxs en la Ciudad de La Punta se organiza para defender lo que queda del bosque nativo. Con el apoyo técnico de la Universidad Nacional de San Luis, buscan detener un ecocidio que avanza bajo la justificación de la inseguridad.
Cuidad de LA PUNTA.- El paisaje lo dice todo: árboles aislados, tierra arrasada y un silencio incómodo donde antes el monte latía con vida. Frente al barrio 125 Viviendas de esta ciudad, el avance de las topadoras el pasado 29 de septiembre dejó una herida abierta que movilizó a toda una comunidad.
Lorella Secco, integrante de la asamblea vecinal por los Bosques Nativos de La Punta, no disimula su preocupación: «Ya tuvimos nuestra segunda asamblea. Si bien las máquinas no siguen en el lugar donde se desmontó, continúan habiendo situaciones de tala en otros lugares de la zona». Su voz transmite la urgencia de quien ve desaparecer un patrimonio natural ante sus ojos.
La respuesta ciudadana no se hizo esperar. «Estamos coordinando una audiencia con el Ministerio de Medio Ambiente, solicitamos una entrevista con el intendente y ya nos comunicamos con la Defensoría del Pueblo», enumera Lorella. También recibieron la visita de inspectores ambientales de la provincia que labraron un acta del desmonte. Ahora esperan conocer su contenido.

Detrás de la movilización vecinal hay un sustento científico sólido. Antonio Mangione, biólogo y coordinador del Programa Institucional Transdisciplinario Socioambiental (PITSA) de la UNSL, explica con claridad por qué lo ocurrido no fue una simple «limpieza» sino un desmonte en toda regla.
«Al remover el suelo se cambia toda la estructura del monte», advierte Mangione. «Pensar que porque dejamos algunos árboles a 30 o 40 metros de distancia estamos protegiendo el ambiente es un error. Lo que estamos haciendo es condenando a muerte a esos arboles».
El especialista detalla el efecto dominó: sin la protección del sotobosque, sin el mantillo que regula la temperatura y la humedad, cada tormenta puede llevarse un quebracho centenario. «Y no habrá renovales que lo reemplacen», sentencia.
Lo mas preocupante, señala Mangione, es la lógica que sustenta estos desmontes. El argumento de combatir la inseguridad mediante la tala del monte nativo es profundamente equivocado.
«Existe un componente de violencia en el delito que no puede ser subsanado con más violencia contra el ambiente», afirma el biólogo. Tras una reunión de dos horas con el intendente, el PITSA se puso a disposición para buscar alternativas, siempre con una condición irrenunciable: la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Lo ocurrido en La Punta no es un caso aislado. San Luis, es la sexta provincia con mayor superficie de bosques nativos del país, y muestra números alarmantes: desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007, se deforestaron más de 154.000 hectáreas. Casi la mitad, en zonas donde la tala está prohibida o restringida.
En el mes de agosto, el gobierno de San Luis firmó un acuerdo con el Grupo de Estudios Ambientales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (GEA/CONICET) para comenzar el proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), tal como lo establece la Ley de Bosques N° 26.331.
Este paso crucial llega después de que el ordenamiento territorial de bosques nativos de San Luis permaneciera vencido por más de diez años. Mientras otras provincias actualizaron sus mapas de conservación, San Luis mantuvo una categorización obsoleta que facilitó el avance sobre áreas protegidas.
La situación podría empeorar con la implementación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que permitiría a megaproyectos mineros y empresas petroleras operar en zonas de alto valor de conservación, burlando las protecciones ambientales vigentes.
Frente a este panorama, en Ciudad de La Punta, la articulación entre vecinxs organizadxs y la universidad pública muestra que hay otro camino posible.
Mientras la asamblea prepara nuevas acciones, y Mangione y su equipo esperan la convocatoria municipal para comenzar el trabajo conjunto, los quebrachos del barrio 125 Viviendas se mantienen en pie. Testigos silenciosos de una lucha que es mucho más que por unos árboles: es por el derecho a un ambiente sano, por la participación ciudadana y por un modelo de desarrollo que no sacrifique el patrimonio natural en nombre de progreso mal entendido.

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