La sospecha como arma contra las mujeres que denuncian violencia machista: así opera la Justicia en San Luis

En San Luis, la justicia se demora en investigar las denuncias de violencia de género y de abuso sexual, y se acelera cuando se trata de perseguir a la mujer que se animó a hablar.

Asi lo plantean las abogadas feministas Fernanda Pereyra Jameson y Estrella Marín, de Abogando Perspectivas, en su columna en La Bulla. Como ejemplo relatan la audiencia por calumnias e injurias a la que fue citada Mabel «lanegra» Redonda, perseguida y hostigada por compartir un flyer, donde el denunciante le pidió una suma de dinero y disculpas públicas en redes. El hombre que se dice calumniado tiene tres denuncias por abuso sexual. Las abogadas, que representan a Redonda, se negaron a cumplir los pedidos.

A partir de ese episodio y de otros que viven en los tribunales de San Luis, describen cómo se arma el discurso de las «falsas denuncias», que la derecha y la ultraderecha reversionan en cada provincia y en cada ciudad para frenar causas y desacreditar a quienes denuncian violencia de género.

La primera estrategia opera en la palabra. Para Pereyra Jameson, «falsa denuncia» circula en una sociedad que le exige a la mujer una explicación permanente.

«Las mujeres todavía tenemos que explicar por qué no nos fuimos antes, por qué no denunciamos antes, por qué volvimos, por qué nos quedamos, por qué hablamos recién ahora».

Las abogadas lo vivieron en una audiencia reciente, en la que una joven que sufrió abusos durante diez años tuvo que explicar por qué no había denunciado antes. El acusado fue absuelto. Todavía no conocen los fundamentos del fallo y por eso evitan sacar conclusiones, aunque advierten que una absolución no demuestra por sí sola que la denuncia fuera falsa.

La narrativa se instala antes de cualquier prueba. Pereyra Jameson plantea que «antes de que cuente lo que pasó, alguien supone que está despechada, que está enojada, que le tiene bronca al tipo».

Marín agrega que la sospecha golpea también a las madres y a las niñeces que buscan justicia y reparación ante abussos sexuales y que con frecuencia se las acusa de impedir el contacto con el padre.

«Una madre, si pidió protección, van a decir que estoy manipulando o que estoy impidiendo el contacto, que se está usando mucho», detalla.

El efecto es el silencio. Según Marín, muchas personas callan porque saben que, sin una prueba que consideren suficiente, nadie les va a creer. «Antes de investigar, ya te juzgaron, te condenaron, hicieron todo».

El Código Penal ya contempla el delito de falsa denuncia, y las abogadas aclaran que se trata de un porcentaje muy pequeño,casi ínfimo. Cuando una denuncia resulta falsa, se investiga y quien mintió responde por su conducta. Lo que cuestionan es el salto siguiente.

«Esa figura penal no autoriza a construir una sospecha colectiva sobre las mujeres o las personas que deciden denunciar».

El mecanismo consiste en tomar un caso y presentarlo como prueba contra todas. Pereyra Jameson lo resume en la frase que se repite cada vez que aparece una denuncia falsa en los medios hegemónicos: «Aparece una denuncia falsa y se dice: ¿vieron? Las mujeres inventan.»

Las abogadas recuerdan que algo parecido ocurrió con el caso de Lucio, cuando la condición de lesbianas de las acusadas se volvió argumento contra todo un colectivo. Para pensar esta lógica recuperan a la filósofa Diana Maffía, quien advierte que, cuando existe una disposición social a desmentir a las mujeres, un caso falso sirve para desacreditar todas las denuncias. De ahí la pregunta de Pereyra Jameson: «¿Por qué frente a otros delitos una mentira individual no desacredita a todas las personas que denuncian?».

Castigar a quien habla y a quien acompaña

El hostigamiento a Redonda reúne esa estrategia en un mismo expediente. La figura de calumnias e injurias se usa para castigar a quien compartió un flyer, con un reclamo de dinero y de disculpas públicas. En la audiencia, además, el hombre denunciado alegó haber atravesado intentos de suicidio por lo que llama «falsas denuncias».

La sospecha alcanza también a quienes acompañan. Marín enumera los supuestos que se repiten en los juzgados y entre ellos aparece el de las propias abogadas. «Antes de revisar una prueba, alguien supone que las abogadas que acompañan están armando una causa», explica.

Según Pereyra Jameson, la narrativa tiene un efecto preciso sobre quien se anima a hablar. Se trata de «una narrativa que puede convertir a quien pide protección en sospechosa y a quien acompaña en cómplice».

Otras de las estrategias de los sectores conservadores para avanzar con el tema de las «falsas denucias» esel uso de las redes digitales apra instalar el tema ysostenerlo de manera exagerada y amarillista.  Como detallan las abogadas feministas, durante una audiencia, la parte denunciada comentó con total impunidad que existe una cuenta de Instagram llamada «falsas denuncias», donde se publican de manera constante testimonios de personas que dicen sentirse ofendidas por las denuncias. Entre quienes los suben figura la abogada Victoria Robledo.

Las abogadas destacan el alcance de esa cuenta, que reúne a miles de seguidores que conviven con nosotres en la vida cotidiana y en los espacios de justicia. A ese entramado se suman las redes de cuentas automatizadas que la ultraderecha arma para contrarrestar la organización digital de los feminismos, como la granja de bots que operan también en torno a las falsas denuncias.

Una justicia lenta para unas causas y veloz para otras

Las abogadas ubican esta ofensiva dentro de un aparato judicial «vetusto, conservador, difícil, impenetrable».

Marín señala cómo se nota en los tiempos ya que «termina siendo una justicia lenta para ciertas denuncias, para ciertos aspectos, pero para tipificar falsas denuncias sigue siendo algo rápido».

Los costos de esa sospecha se reparten. Marín enumera quiénes los pagan: la mujer que tiene que justificar cada decisión, la niña o el niño cuyo relato queda subordinado a lo que piensa su madre, quien necesita protección y encuentra una discusión sobre supuestas intenciones, y la sociedad entera cuando naturaliza que las denuncias de violencia merecen menos atención. Los medios también tienen su parte, advierte, porque un título puede instalar una sospecha que después nadie repara.

Para subvertir esta situación, las abogadas reclaman equipos capacitados, pruebas buscadas con seriedad, riesgos evaluados, decisiones fundamentadas e infancias escuchadas con acompañamiento adecuado. Marín deja la pregunta necesaria: «cuando se repite ‘falsas denuncias’, ¿se están aportando elementos para esclarecer un caso o se está enseñando a desconfiar de todas las víctimas?».

Para las abogadas, la sospecha generalizada logra que una persona que necesitó años para animarse a golpear la puerta de la justicia ya no lo haga. En San Luis, ese entramado tiene hoy audiencias, expedientes y cuentas digitales con relatos de varones seudo víctimas con miles de seguidores. Ese esntrado es el que define el terreno donde se disputa si denunciar violencia de género sigue siendo posible sin pagar un costo.

Mirá la columna completa con las abogadas Fernanda Pereyra Jameson y Estrella Marín acá: