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A 20 años de la ESI, ¿por qué el gobierno de San Luis desarma su estructura y apuesta a la educación emocional?

octubre 5, 2026

A 20 años de la sanción de la Ley Nacional N.º 26.150, el proyecto de Presupuesto 2027 del gobierno de Javier Milei prevé una caída real de aproximadamente 98,5% en los fondos para fortalecer la Educación Sexual Integral (ESI) respecto de lo ejecutado en 2023, y la provincia de San Luis, gobernada por Claudio Poggi, deja de contemplar a la ESI como subdirección dentro de su Ministerio de Educación mientras multiplica los talleres de salud emocional.

Para entender por qué San Luis desarma su estructura de ESI, hay que empezar por saber qué sostenía esa estructura y en qué contexto cae. La ley, sancionada en octubre de 2006, reconoce el derecho de niñes y adolescentes de todo el país a recibir educación sexual integral en las escuelas. Para hacerse realidad, ese derecho necesita políticas, equipos y recursos, y es ahí donde el escenario nacional muestra el primer dato: la partida nacional prevista para 2027 queda congelada en 30 millones de pesos, 17,4% menos en términos reales que en 2026, según el análisis del proyecto de presupuesto. A eso se suma que en los proyectos 2026 y 2027 dejaron de aparecer metas físicas específicas que permitan saber qué se hizo, qué falta y dónde están las brechas.

El mismo recorte de sentido llegó a la provincia, con una decisión propia, al retirar de la estructura a quien sostenía la política. Así lo plantea un documento titulado «A 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral, San Luis desmantela una política pública que debe garantizar derechos», que reúne la firma de organizaciones, colectivos y espacios educativos, gremiales, universitarios y feministas y transfeministas de la provincia.

Para dimensionar qué se desarma, el documento reconstruye primero una trayectoria. San Luis adhirió al Programa Nacional de Educación Sexual Integral en octubre de 2018, con el Decreto N.º 5144-ME-2018, y asumió el objetivo de garantizar su implementación obligatoria en todos los niveles y modalidades. La política funcionó primero como Área de Educación Sexual Integral, en 2022 se constituyó como Subprograma y después alcanzó la jerarquía de Subdirección. Las organizaciones sostienen que esta trayectoria «no es solamente administrativa, es una conquista de los movimientos sociales que supieron poner en agenda problemáticas enraizadas en nuestra sociedad», y que esas variaciones de estructura expresan «la construcción progresiva de una política pública destinada a garantizar derechos». La propia documentación oficial de la Provincia registró durante 2025 y 2026 el funcionamiento de la Subdirección y la contratación de profesionales para talleres, asesoramiento técnico y atención de situaciones emergentes.

Esa construcción es la que, según denuncian, se interrumpe: a partir de julio de 2026, la Subdirección de Educación Sexual Integral ya no figura en el organigrama del Ministerio de Educación, y sostienen que su eliminación «significa debilitar una estructura institucional destinada a diseñar, coordinar, implementar y acompañar una política educativa que la propia Provincia se comprometió a garantizar». El marco formal es administrativo: el cambio llegó después de que, a mediados de junio, se oficializara la nueva estructura del Poder Ejecutivo provincial en el marco de la Ley de Ministerios N.º V-1195-2026, que incorporó una Subdirección de Formación Integral. Las organizaciones señalan que «aún resulta necesario conocer con mayor precisión sus líneas de acción y el modo en que estas se articulan con las instituciones educativas».

¿Se trata entonces de falta de recursos? La política presupuestaria del gobierno de Poggi sugiere que no. El Presupuesto 2027 de San Luis, sancionado por el Senado el 29 de septiembre tras 28 votos a favor y 9 en contra en Diputados, suma 2,58 billones de pesos y asigna a educación 765.949 millones, con un aumento de 33,8% según la información oficial de la Provincia, por encima de la inflación de alrededor de 20% que el propio proyecto supone para 2027. Seguridad crece 43,6% y salud 28,4%. En esa información oficial no aparece ninguna mención a la ESI, a las políticas de género ni a las diversidades, y el gobernador enumera entre sus prioridades educativas las salas de tres años, las becas y una diplomatura en inteligencia artificial para docentes. Hay plata para educación, pero no para la ESI.

Frente a ese escenario, las organizaciones concluyen que «San Luis no necesita menos ESI. Necesita fortalecer las estructuras públicas que hacen efectivo este derecho», y recuerdan que las cuestiones de géneros, sexualidades, diversidades, vínculos y violencias «no desaparecen porque se modifique una dependencia estatal». Y agregan que un gobierno puede decidir reducir estructuras administrativas, pero que esa reducción «no puede desvirtuar los acuerdos legislativos a los cuales la provincia está adherida».

La ESI, una herramienta para nombrar las violencias, cuidar los cuerpos y construir vínculos con consentimiento

Para medir lo que está en juego con ese desarme, alcanza con ver qué hace la ESI en las escuelas. Le da a las niñeces y a las adolescencias las palabras que las violencias machistas necesitas callar. Reconoce el derecho de las y los estudiantes a identificar situaciones de violencia y abuso, a cuidar su cuerpo y el de otres, a construir vínculos respetuosos y consentidos y a respetar la diversidad. Los datos muestran por qué importa: según el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, el 80% de niñes y adolescentes de 12 a 14 años que denunciaron abusos pudieron identificar que habían sido víctimas después de recibir clases de ESI.

Esa cifra describe una política de prevención que no pasa por el castigo dela sociedad punitiva que si quiere construir la derecha de Poggi y Milei. Allí donde el silencio protege a quien abusa, la escuela con ESI abre un espacio de palabra, y esa palabra abre la puerta a pedir ayuda. Por eso la ESI es un logro de los movimientos feministas y transfeministas. Movimientos que Milei ubica como enemigues y Poggi decide invisibilizar.

Y es que definitivamente, la ESI promueve la reflexión crítica sobre las emociones y las relaciones, cuestionando los estereotipos de género y fomentando el respeto por la diversidad. Un mundo mejor se construye en ese terreno, con generaciones que aprenden a reconocer una desigualdad, a pedir ayuda y a cuidarse en comunidad. Un mundo mejor que los gobierno de ultra derecha fascista no quieren que se plasme.

Entonces, mientras la ESI pierde su lugar en el organigrama, lo que avanza es otra cosa. En este nuevo escenario, las organizaciones sanluiseñas que redactaron el documento advierten la incorporación de propuestas de educación emocional, como el Taller de Gestión de Emociones y Autocuidado Docente y la Jornada de Formación en Habilidades Socioemocionales. Reconocen que pueden ser «herramientas valiosas para el acompañamiento de las experiencias educativas, siempre que se inscriban en una perspectiva integral y de derechos». Su preocupación aparece «cuando la gestión de las emociones se presenta como una respuesta suficiente frente a problemáticas que son también sociales, culturales, institucionales y políticas». Desde una perspectiva de derechos, plantean, «no se trata únicamente de enseñar a cada sujeto a gestionar sus emociones o afrontar individualmente sus malestares, sino de construir condiciones institucionales y colectivas que permitan comprenderlos, acompañarlos y transformarlos». Y son categóricas al afirmar que la ESI «no puede ser sustituida por enfoques alternativos como la educación emocional que alteran su sentido».

La apuesta por la educación emocional no es menor. Según la información oficial, el Ministerio de Educación de San Luis dicta en 2026 un ciclo de Talleres de Salud Emocional para estudiantes, docentes y tutores, a cargo de la Subdirección de Bienestar Escolar, que el Senado provincial declaró de Interés Legislativo el 2 de octubre. Desde marzo se realizaron al menos cinco jornadas docentes: la formación en «Habilidades socioemocionales», impulsada junto con la Secretaría de Educación de la Nación para 46 escuelas; la jornada del 27 de junio en La Punta, con más de 800 docentes; la del 25 de julio en Villa Mercedes; la del 29 de agosto en Luján, con más de 250; y la del 3 de octubre en La Punta, con más de 500. Solo en las tres con cifra publicada, participaron más de 1.500 docentes. Los talleres para estudiantes, que abordan gestión emocional, bullying, violencias digitales y salud mental adolescente, se dictan en las escuelas desde junio y no tienen un total difundido.

Para entender por qué la apuesta del gobierno de Claudio Poggi sobre educación emocional preocupa, cabe pensar en las tensiones que genera esta agenda neoliberal donde la educación se centra en el desarrollo de competencias individuales de identificación, comprensión y regulación de las emociones propias, con el objetivo de «gestionarlas» y favorecer la adaptación social. Su avance responde a una agenda global: la Organización Mundial de la Salud propone desde 1986 las «habilidades para la vida», la UNESCO incorporó las habilidades socioemocionales y desde 2015 la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) las promueve en los sistemas educativos.

La diferencia tiene consecuencias políticas ya que la ESI se inscribe en una tradición crítica que busca problematizar las relaciones de poder y promover el reconocimiento de derechos, mientras que la educación emocional, en su versión más difundida, se orienta a la regulación individual y la adaptación en línea con una agenda neoliberal que prioriza la eficiencia, el rendimiento y el autocontrol. Así, la escuela corre el riesgo de transformarse en un dispositivo de entrenamiento adaptativo y productivo al servicio del mercado con un sujeto competitivo y ajeno a la acción colectiva.

A esa lectura, la mirada feminista agrega una pregunta sobre quiénes cargan con la gestión del malestar. La docencia es una profesión feminizada, y un taller de autocuidado docente que enseña a cada maestra y a cada profesor a gestionar el agotamiento corre el riesgo de ocupar el lugar de una conversación sobre salarios, condiciones de trabajo y violencias institucionales. Del mismo modo, la violencia de género y los abusos exigen respuestas colectivas e institucionales, que la ESI ofrece y que ningún ejercicio de regulación emocional puede reemplazar.

Las políticas de Javier Milei y Claudio Poggi van en consonancia con la educación emocional. El presidente lo ha mostrado desde el inicio de su gestión al expresar posturas que califican a la ESI de mecanismo de adoctrinamiento ideológico al tiempo que impuso un fuerte desfinanciación de los programas nacionales vinculados a la ESI, con eliminación de equipos técnicos, paralización de materiales y reducción drástica de capacitaciones docentes. Así, Milei profundiza, desregula y despolitiza la educación y con ello, la sociedad toda.

Entonces, ¿por qué el gobierno de San Luis desarma su estructura y apuesta a la educación emocional? En la información oficial del Presupuesto no hay mención a la ESI, y el cambio llega junto con una nueva organización del Estado. Lo que hay es una subdirección retirada del organigrama, una partida nacional congelada en 30 millones de pesos y un ciclo de talleres para gestionar emociones mientras los sueldos docentes rozan la pobreza.

Por eso, desde el documento elaborado por las organizaciones de San Luis advierte que la educación emocional no puede ocupar el lugar de una política de derechos. A veinte años de la Ley 26.150, su desmantelamiento no es casual. Los gobiernos de Milei y de Poggi no buscan ahorrar, buscan adoctrinar. Quieren reemplazar la ESI —que enseña derechos, cuidados, igualdad y pensamiento crítico— por una pedagogía neoliberal de las emociones, del individualismo y el sálvame a mí mismo. Un mundo a medida de unos pocos, donde el egoísmo es proyecto político y la ignorancia es forma de gobierno.

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A continuación compartimos el documento completo emitido por organizaciones de San Luis:

A 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral, San Luis desmantela una política pública que debe garantizar derechos

En octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley Nacional N.º 26.150 de Educación Sexual Integral, una norma que reconoció el derecho de los/as/es estudiantes a recibir Educación Sexual Integral en las instituciones educativas.

En San Luis, este compromiso fue asumido formalmente en octubre de 2018, mediante el Decreto N.º 5144-ME-2018, por el cual la Provincia adhirió al Programa Nacional de Educación Sexual Integral y asumió el objetivo de garantizar su implementación obligatoria en todos los niveles y modalidades educativas.

Desde entonces, la política de ESI fue adquiriendo distintas formas dentro de la estructura del Ministerio de Educación provincial. En 2018 funcionaba como Área de Educación Sexual Integral; en 2022 se constituyó como Subprograma Educación Sexual Integral, con un área específica para su desarrollo e implementación; y posteriormente adquirió la jerarquía de Subdirección de Educación Sexual Integral.

Esta trayectoria no es solamente administrativa, es una conquista de los movimientos sociales que supieron poner en agenda problemáticas enraizadas en nuestra sociedad. Estas variaciones de estructura en el Estado expresan la construcción progresiva de una política pública destinada a garantizar derechos bajo líneas de acción que implican formar docentes, acompañar a las instituciones educativas, producir materiales, asesorar frente a situaciones complejas y generar respuestas ante las desigualdades, las violencias, las discriminaciones y las situaciones vinculadas con desigualdad de género y reconocimiento de las diversidades.

Incluso durante 2025 y 2026, la propia documentación oficial de la Provincia registró el funcionamiento de la Subdirección de ESI y la contratación de profesionales para desarrollar talleres, asesoramiento técnico, acompañamiento y atención de situaciones emergentes.

Por eso, denunciamos que, a partir de julio de 2026, la Subdirección de Educación Sexual Integral ya no se encuentra contemplada dentro del organigrama del Ministerio de Educación de la Provincia. Esta modificación se produce luego de que, a mediados de junio de 2026, se oficializara la nueva estructura orgánico-funcional del Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de la nueva Ley de Ministerios N.º V-1195-2026, que incorporó la Subdirección de Formación Integral dentro de la estructura ministerial. La eliminación de la Subdirección específica de Educación Sexual Integral significa debilitar una estructura institucional destinada a diseñar, coordinar, implementar y acompañar una política educativa que la propia Provincia se comprometió a garantizar.

Las instituciones educativas necesitan un Estado presente, con equipos y estructuras capaces de pensar y acompañar las realidades que atraviesan a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Las cuestiones vinculadas con los géneros, las sexualidades, las diversidades, los vínculos, las violencias y los derechos humanos no desaparecen porque se modifique una dependencia estatal. Por el contrario, requieren políticas públicas sostenidas y equipos especializados que acompañen a docentes, estudiantes y equipos directivos en las situaciones complejas que cotidianamente atraviesan las instituciones educativas.

En este nuevo escenario, se ha incorporado la Subdirección de Formación Integral, aunque aún resulta necesario conocer con mayor precisión sus líneas de acción y el modo en que estas se articulan con las instituciones educativas. Al mismo tiempo, se advierte la incorporación de propuestas vinculadas con el abordaje de las tensiones escolares desde el campo de la denominada “educación emocional”, como el Taller de Gestión de Emociones y Autocuidado Docente o la Jornada de Formación en Habilidades Socioemocionales.

Estas propuestas pueden constituir herramientas valiosas para el acompañamiento de las experiencias educativas, siempre que se inscriban en una perspectiva integral y de derechos. La preocupación surge cuando la gestión de las emociones se presenta como una respuesta suficiente frente a problemáticas que son también sociales, culturales, institucionales y políticas. Desde una perspectiva de derechos, no se trata únicamente de enseñar a cada sujeto a gestionar sus emociones o afrontar individualmente sus malestares, sino de construir condiciones institucionales y colectivas que permitan comprenderlos, acompañarlos y transformarlos.

En este sentido, resulta necesario evitar que el abordaje de las situaciones escolares desplace hacia las personas la responsabilidad por problemas que exceden lo individual. Las escuelas requieren políticas, equipos y espacios de acompañamiento que reconozcan la complejidad de las experiencias y sostengan una mirada integral sobre los sujetos, sus vínculos y los contextos en los que desarrollan sus vidas; y eso se contempla en la ESI.

En nombre de una nueva organización del Estado, un gobierno puede decidir reducir estructuras administrativas. Pero dicha reducción no puede desvirtuar los acuerdos legislativos a los cuales la provincia está adherida. La ESI no se agota en el cumplimiento formal de una norma, ni puede ser sustituida por enfoques alternativos como la educación emocional que alteran su sentido. La Educación Sexual Integral no constituye un privilegio ni una política accesoria sino que debe ser parte del cumplimiento efectivo de derechos humanos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico argentino.

A 20 años de la Ley 26.150, San Luis no necesita menos ESI. Necesita fortalecer las estructuras públicas que hacen efectivo este derecho.

Firman:

Docentes Autoconvocadxs del IFDC-SL

Docentes Autoconvocadxs del ISEEI Santa Rosa del Conlara

Coordinación General de Derechos Humanos UNSL

Asociación Sanluiseños de Docentes Estatales (ASDE)

Facultad de Ciencias Humanas (FCH UNSL)

Comisión de Género y Diversidad (FQBF UNSL)

Centro de Estudiantes IFDC-SL “FoDe – Futuro Docente”

Central de Trabajadores Argentina Autónoma (CTA-A) Secretaria de Género y Diversidad Florencia Mendoza

Asociación de Trabajadores del Estado San Luis (ATE). Secretario General Fernando Gatica

Departamento de Educación y Formación Docente (FCH UNSL)