Masivo rechazo al recorte de la feria judicial en San Luis
El gobierno de Claudio Poggi impulsa una polémica reducción de los recesos en la Justicia. Trabajadores del Poder Judicial rechazan y advierten que la medida agravará la mora, recarga sobre las espaldas de los trabajadores y evita discutir los problemas de fondo: falta de inversión, salarios de hambre y vacancias.
En la provincia de San Luis, la rutina de los tribunales se ha quebrado. La reforma impulsada por el gobierno de Claudio Poggi lejos de agilizar los trámites, ha logrado lo impensado: unir a empleades judiciales y abogades en un frente común de rechazo. La propuesta de reducir la feria judicial de un mes a quince días en enero y a una semana en julio, ya con media sanción del Senado, es presentada oficialmente como la solución mágica a la lentitud procesal. Pero desde las entrañas del Poder Judicial, la ven como un «parche demagógico» que ignora el colapso estructural de un sistema agotado, con la dotación de personal más baja en 18 años y salarios que no alcanzan la canasta básica.
El proyecto, que obtuvo media sanción el 28 de octubre y ahora espera en la Cámara de Diputados, promete «mejorar el funcionamiento de la Justicia». Sin embargo, su gestación es señalada como el primer punto de conflicto. «Esta decisión… se ha tomado sin diálogo, sin consulta con los actores del sistema», denunció el presidente del Colegio Forense, César Bertrés, en una entrevista radial bridada en Radio UNSL. Una queja que resuena en el comunicado conjunto de los Colegios de Abogados de San Luis, Villa Mercedes y Concarán, quienes se dirigieron a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) para solicitar apoyo urgente ante «la inminente vulneración de los canales de diálogo».
La medida, que entraría en vigencia recién en diciembre de 2026, es definida como un «grave error de diagnóstico». El senador oficialista Martín Olivero, miembro informante, admitió que «no existen soluciones mágicas», pero insistió en que es una herramienta más para agilizar los procesos. Para les que trabajan día a día en los juzgados, este diagnóstico es una falacia que esconde los problemas reales.
Los números del desfinanciamiento
Mientras se debate la reducción de días de descanso, el Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU) aporta datos duros que pintan un panorama desolador. En un comunicado contundente, señalan que el «recorte inconstitucional del Presupuesto 2026» deja fuera «aproximadamente cuatrocientos agentes», una cifra brutal en un contexto de «creciente litigiosidad». La prórroga de la Ley de Emergencia, que congela las vacantes, arroja un resultado lógico y catastrófico: la dotación de personal es «la más baja de los últimos dieciocho años». Menos personal para más causas. La ecuación es simple y su resultado es la mora judicial garantizada.
«No hay reforma judicial posible sin inversión y salarios dignos», repite como un estribillo el comunicado de SIJUPU. Les trabajadores judiciales de San Luis se encuentran entre los peores pagos del país, con salarios que, según testimonios en las conferencias de prensa y en alusión a un monto miserable, rondan los «dos peros con cincuenta». Cargar sobre estas espaldas ya sobre exigidas una reorganización de los descansos no parece la receta para la eficiencia.
La reducción de la feria no es sólo un problema para les empleades en relación de dependencia. Para les miles de abogades que litigan en la provincia, representa un ataque directo a su única garantía de descanso anual. Así lo explicó César Bertrés: «el abogado no goza de licencias por enfermedad, no tiene licencias por maternidad, no tiene vacaciones pagas, no tiene día particular, es decir, no goza de ninguna de las garantías laborales básicas». La feria judicial, con la suspensión de plazos, es el único período en el que pueden desconectar sin perjudicar los expedientes de sus clientes.
«Reducir la feria va a dejar al descubierto lo pernicioso de la decisión porque lejos de fortalecer el sistema lo va a sobrecalentar y lo empuja al agotamiento», advirtió Bertrés, al tiempo que alertó sobre los riesgos de un «Poder Judicial implosionado por exceso de carga y falta de humanidad».
Más allá de los salarios y las vacantes, la reforma ataca un pilar organizativo fundamental. La feria concentra las licencias y vacaciones de unos 800 empleades sólo en la primera circunscripción provincial. Esto permite que, durante el resto del año, los juzgados funcionen con el personal completo. Sin este paréntesis ordenador, las licencias se dispersarán a lo largo del año, generando una rotación permanente que dejará a los juzgados siempre incompletos. «Esto provocará una rotación permanente de personal, sin juzgados completos en ningún momento», sentencia SIJUPU.
La FACA, en su comunicado de apoyo, fue contundente: «Reducir la feria no es un medio eficaz para disminuir la mora. Las demoras obedecen a causas estructurales (dotaciones y vacancias, gestión por resultados, interoperabilidad y digitalización, infraestructura y capacitación) que no se corrigen con una modificación meramente calendario».
La grieta entre poderes
El conflicto excedió lo laboral y se instaló en el plano institucional. El Colegio Forense, en un duro comunicado, acusó al Ejecutivo de avanzar «sobre el Poder Judicial sin diálogo, sin diagnóstico y sin participación». Señalaron, con ironía, la «incoherencia» de que los legisladores, que «inician su actividad en abril y la terminan en noviembre», impulsen una medida que recorta el descanso de otres.
El propio Superior Tribunal de Justicia (STJ), pidió una audiencia con el gobernador Poggi para abordar «asuntos de política institucional», en un claro intento de abrir un canal de diálogo que el Ejecutivo había eludido. La pulseada llegó al punto de que el tratamiento en Diputados fue suspendido por falta de quórum, tras la presión de los colegios profesionales y el gremio.
Mientras el gobierno habla de eficiencia, en los tribunales de San Luis se respira el agotamiento de un sistema al borde del colapso. La reducción de la feria judicial no se lee como una reforma, sino como una imposición que carga sobre los hombros de les trabajadores y profesionales el peso de una solución ficticia. Como resume la voz de un abogado en la conferencia de prensa, lo que se esconde es «una mentira de que esto va a reducir la mora». En San Luis, la Justicia no pide más días de vacaciones, pide ser escuchada antes de que la ficción de una solución rápida termine por quebrar del todo su ya dañada humanidad.
Respuesta organizada del sector judicial
Frente a este escenario de conflicto, les trabajadores judiciales respondieron con una medida de fuerza contundente. El día martes 04 se realizó una Asamblea Extraordinaria simultánea en las tres circunscripciones judiciales -San Luis, Villa Mercedes, Concarán y Santa Rosa- con la participación de más de 450 trabajadores judiciales de toda la provincia.
El espacio, calificado como amplio y participativo, sirvió para debatir y votar el plan de acción para el mes de noviembre, en defensa de los salarios, la carrera judicial y la autonomía del Poder Judicial. Entre las resoluciones adoptadas se encuentran: el estado de asamblea permanente; el quite de colaboración en horario vespertino y en días y horas inhábiles; la atención exclusiva de asuntos urgentes según el articulo 20 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia (LOAJ), durante todo noviembre; y un Paro total de actividades los días 7, 14, 18 y 25 de noviembre con movilización en cada Circunscripción.
Estas decisiones, publicadas en las redes digitales del sindicato SIJUPU, surgen del compromiso colectivo y de una realidad que no puede seguir siendo ignorada: los salarios más bajos del país, montos no remunerativos que ya superan el 38% del haber, recortes presupuestarios que ponen en riesgo la carrera judicial, ausencia total de dialogo con el Poder Ejecutivo y la defensa de la independencia del Poder Judicial.
De esta forma y en una contienda que se avizora larga y sostenida, les trabajadores judiciales enfatizaron que estas medidas no constituyen un acto de rebeldía, sino «un acto de defensa institucional y de nuestra dignidad salarial».
