5 de junio Día Mundial del Ambiente. Asambleas Socioambientales de San Luis denuncian al Estado y defienden los Bienes Comunes
En el Día Mundial del Ambiente las asambleas socioambientales de San Luis alzan la voz contra la degradación institucional ambiental en la provincia.
A lo largo y ancho de la provincia existen asambleas que sostienen el cuidado a los bienes comunes. La Asamblea Vecinal «Yo amo a mis Sierras» de San Francisco del Monte de Oro, la Asamblea por el Agua del Nordeste de San Luis, la Asamblea Socioambiental El Trapiche, la Asamblea Ciudadana Bosque Vulpiani, y la Asamblea Vecinal La Punta.
Este 5 de junio, han emitido un comunicado que describe con precisión el desmantelamiento silencioso —pero sistemático— del Estado. Un texto que alerta sobre el saqueo pero que también demuestra organización y resistencia.
Un Estado que se achica donde más se lo necesita
El disparador inmediato fue la decisión del gobierno provincial de Claudio Poggi de degradar la Secretaría de Ambiente, incorporándola al Ministerio de Desarrollo Productivo. Un cambio de organigrama que, visto en aislamiento, podría parecer burocrático. Visto en contexto, es una señal política.
“En sintonía con el lineamiento que propone el Gobierno Nacional de Javier Milei, de reestructuración del Estado al servicio de los privados, aprobación del RIGI y súper RIGI, de negacionismo del cambio climático, persecución a activistas ambientales, hostigamiento a quienes defendemos el monte, el agua, la vida, el Gobierno de la Provincia de San Luis, días atrás decidió bajar el rango de la secretaría de ambiente y llevarla al Ministerio de Desarrollo Productivo”, señalan.
Las asambleas no tienen dudas al respecto: «Estos cambios no son aislados, responden a un proyecto político basado en el extractivismo y la facilitación de la acumulación de riquezas de unos pocos», afirman en su comunicado y demuestra que detrás de cada reforma administrativa hay intereses, y que esos intereses no siempre coinciden con los de las mayorías.
Cuando el área encargada de regular el impacto ambiental de los proyectos productivos pasa a depender del mismo ministerio que los promueve, la pregunta inevitable es: ¿quién cuida a quién? La respuesta que ensayan las asambleas es que, en este esquema, nadie cuida el monte, nadie protege el agua, nadie frena los desmontes. O peor, que esa desprotección es el objetivo, no un efecto colateral.
El territorio habla: de La Punta a San Martín, el mismo patrón
El comunicado recorre la provincia y nombra lugares, situaciones, vecinas y vecinos afectades. Esa capacidad de anclar la denuncia en lo concreto es una de las marcas distintivas del activismo socioambiental: saben de lo que hablan porque lo viven.
En La Punta, los desmontes avanzan en beneficio del negocio inmobiliario mientras los reclamos vecinales no encuentran eco. En San Francisco del Monte de Oro, la amenaza de la megaminería a cielo abierto —que ya fue resistida una vez— vuelve a asomar. En San Martín, se busca facilitar nuevos proyectos extractivos que, advierten, provocarían «el agotamiento y contaminación de nuestras fuentes de agua y aire». En Merlo, la construcción en zonas de riesgo ambiental continúa sin planificación territorial real.
La desregulación, en este mapa, no es una política de una sola localidad, sino una lógica que recorre toda la provincia. Y que tiene su correlato institucional en cada localidad: «El municipio de la Villa de Merlo reorganizó el organigrama municipal pasando la secretaría de Ambiente a depender del área de Ordenamiento Territorial, La Punta no está siendo escuchada en sus insistentes reclamos ante los desmontes y San Francisco ni siquiera cuenta con referente ambiental estatal», denuncia el comunicado.
Desaparecer el área. Fusionarla con otra. Dejarla sin referente. Son formas distintas de llegar al mismo resultado: un Estado que no regula, que no controla, que no protege.
Las asambleas son explícitas al señalar que la política provincial no ocurre en un vacío ya que se encuadra en el proyecto del gobierno nacional de Javier Milei, caracterizado —según el comunicado— por la «reestructuración del Estado al servicio de los privados, aprobación del RIGI y súper RIGI, negacionismo del cambio climático, persecución a activistas ambientales, hostigamiento a quienes defendemos el monte, el agua, la vida».
Importante es señalar que no se trata solo de una política económica sino que incluye la criminalización de quienes defienden el ambiente. En ese contexto, organizarse y denunciar públicamente tiene un costo que no siempre es visible desde afuera. Las asambleas lo saben, y lo hacen igual.
A nivel provincial, señalan además la preocupante articulación del gobierno de Poggi con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para delinear decisiones estratégicas de enorme impacto: el Plan Estratégico del Agua, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Energía y la actualización de la Ley de Bosques. Planes que afectarán a toda la población puntana, pero que se diseñan sin participación ciudadana real y con asesorías delegadas a «los grupos concentrados de siempre en vez de trabajar con las Universidades y personal capacitado local».
La exclusión es doble porque se prescinde de la ciudadanía y del conocimiento local. Dos formas de garantizar que las decisiones sirvan a quienes ya tienen poder.
La fuerza de quienes se organizan
Frente a este panorama nacional y provincial, las asambleas socioambientales de San Luis denuncian, pero también declaran presencia: están, se reúnen, se coordinan, nombran lo que otres callan.
Y es que llevan años construyendo un conocimiento profundo del territorio, de sus conflictos, de sus vulnerabilidades y de sus posibilidades. Ejercen una ciudadanía activa y construyen democracia participativa.
En ese sentido, sus exigencias son concretas y están ancladas en marcos legales vigentes: el respeto al Acuerdo de Escazú —que garantiza derechos de acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales—, la aplicación efectiva de la Ley de Presupuestos Mínimos del Ambiente, y el reconocimiento de que «cualquier decisión vinculada a los bienes comunes: como es el agua, el monte nativo, la planificación del territorio, NO PUEDEN REALIZARSE SIN PARTICIPACIÓN CIUDADANA».
De esta forma, las asambleas y sus integrantes no piden favores sino que exigen derechos.
El ambiente como bien común, no como recurso
Hay una disputa de fondo en todo esto que vale la pena nombrar. Cuando el Estado subordina el ambiente al desarrollo productivo, está adoptando una concepción específica, la de la naturaleza como recurso a explotar, el territorio como soporte de negocios, el agua y el monte como insumos. Las asambleas proponen otra cosa: los bienes comunes como herencia colectiva, como condición de vida, como responsabilidad intergeneracional.
«Como comunidad quedamos afuera de las decisiones que van a afectar nuestras vidas y las próximas generaciones», escriben. La mención a las generaciones futuras es primordial. Un desmonte, una mina a cielo abierto, un acuífero contaminado no son problemas de hoy, son hipotecas que pagan quienes vendrán.
A eso, las asambleas socioambientales de San Luis lo entienden muy bien. Y por eso no callan.
El comunicado cierra con tres palabras que resumen decenas de asambleas, años de resistencia y una certeza que no negocia: «¡Ni un paso atrás!».
