«Abortar es un derecho, negarlo es delito»: lo que Milei recorta, el feminismo lo defiende
Este 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud Integral de Mujeres, Lesbianas, Identidades Tran, Intersex y No Binaries, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lanza una declaración que denuncia el desmantelamiento sistemático de derechos alcanzados. Los datos son contundentes: mortalidad materna en alza, misoprostol bloqueado y denuncias cuadruplicadas.
Cada 28 de mayo desde 1987, cuando la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) y la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (WGNRR) instauraron esta fecha, el mundo recuerdra que la salud integral de las mujeres, lesbianas, identidades trans, intersex y no binaries es un derecho humano fundamental, no una concesión del gobierno de turno.
En Argentina, ese principio choca hoy contra una realidad documentada y denunciada. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito emitió este 28 de mayo una declaración que golpea con datos ya que desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, las políticas de salud sexual, reproductiva y no reproductiva fueron desfinanciadas, desmanteladas y silenciadas de manera sistemática.
Un derecho en papel, una barrera en la práctica
La Ley 27.610, que desde 2021 garantiza el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio nacional, sigue vigente. Pero su vigencia formal no equivale a su cumplimiento efectivo. Según la declaración de la Campaña, durante 2024 y 2025 se bloqueó la distribución de misoprostol y mifepristona, interrumpiendo «las más de cien mil entregas anuales que se garantizaban en 2023 e incumpliendo con la ley 25.673». Al mismo tiempo, la distribución de anticonceptivos cayó más de un 50% en lo que va de la gestión.
La razón de mortalidad materna aumentó un 37% en 2024 y es la consecuencia directa de recortes presupuestarios, deterioro de servicios de salud y condiciones socioeconómicas que empujan a más del 31% de la población bajo la línea de pobreza.
Tres fracturas sobre un mismo derecho
El desmantelamiento que impone Javier Milei opera sobre tres ejes precisos que la Campaña identifica con precisión:
Presupuesto. El ajuste sobre salud sexual y reproductiva es estructural. El Plan de Prevención de Embarazo Adolescente No Intencional (ENIA) sufrió «un recorte de casi el 90% en términos reales», medida que fue denunciada por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las provincias hoy sostienen más del 75% del financiamiento de la salud pública, profundizando desigualdades territoriales que golpean con mayor fuerza a quienes menos recursos tienen.
Acceso efectivo. Las barreras no son solo económicas. Son también informativas. Las denuncias por obstáculos para acceder al aborto seguro se cuadruplicaron respecto a 2025, siendo «la falta de información clara y accesible el principal motivo en la mayoría de los casos». A eso se suma el hostigamiento a los equipos de salud que garantizan la ley, generando un clima de amenaza que desincentiva la atención.
Control de cumplimiento. Desde fines de 2023, el gobierno dejó de publicar datos oficiales sobre la implementación de la Ley 27.610. La opacidad no es un descuido administrativo: es una estrategia. «Sin datos, no hay rendición de cuentas. Sin rendición de cuentas, los daños quedan invisibilizados».
La organización como respuesta
Frente a ese cuadro, la Campaña subraya algo que los números también confirman: gracias a las redes feministas y comunitarias, «más del 95% de las interrupciones se resolvieron de manera segura, oportuna y con acompañamiento respetuoso que logra la continuidad de circuitos cuidados». La organización colectiva suple, otra vez, lo que el Estado abandona.
Este 28M, las exigencias son concretas: restablecimiento inmediato de la compra y distribución federal de misoprostol, mifepristona y anticonceptivos; presupuesto real para salud sexual y reproductiva; reactivación del Plan ENIA; publicación de datos oficiales sobre la Ley 27.610; cese del hostigamiento a equipos de salud; y «¡Libertad inmediata para Paola Ortiz! ¡Basta de criminalizar emergencias obstétricas!»
La fecha nació para recordar que la salud de las mujeres y las disidencias no puede depender de la voluntad política de quien gobierne. Treinta y ocho años después de su instauración, esa premisa sigue siendo una disputa abierta.
La declaración de la Campaña lo dice sin rodeos: «Los derechos se garantizan con presupuesto, decisión política y acceso real. Porque sin acceso no hay derechos».
Y enfatiza, retomando el triple lema: «¡Abortar es un derecho, negarlo es delito! ¡Garantía federal de la Ley 27.610 ya! Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir».
