Discapacidad en emergencia: “Se está retrocediendo 30 años en derechos”

En todo el país, las personas con discapacidad y les trabajadores del sector exigen una respuesta urgente frente a un Estado que vuelve a tratar la discapacidad como una variable de ajuste. Por eso, este martes 22 de abril por la mañana, familiares, prestadores y organizaciones se convocaron en la ciudad de San Luis para decir basta al abandono del sistema.

Denuncian un proyecto oficial que, lejos de fortalecer derechos, avanza en controles, recortes y restricciones que pueden dejar a miles de personas afuera. El nuevo esquema impulsado por el gobierno nacional, a través de una reforma en la ley de discapacidad, redefine pensiones, endurece condiciones y hasta plantea la incompatibilidad entre trabajo formal y acceso a beneficios, profundizando la exclusión en lugar de revertirla.

En ese marco, la crisis no es sólo una proyección a futuro sino una realidad que ya impacta en la vida cotidiana con interrupciones de tratamientos, prestadores al límite y familias cada vez más precarizadas. La red de cuidados que sostiene la vida está siendo vaciada.

“Soy licenciada en fonoaudiología, trabajo con personas con discapacidad y estamos acá haciendo este reclamo una vez más para pedir que se cumpla la ley y que no se hagan las modificatorias que quiere hacer Lugones, en las cuales se avasalla sobre derechos ganados. Entre los artículos más complejos de esta reforma está que se quiere quitar el nomenclador. El nomenclador es lo que nos resguarda como prestadores para que todas las obras sociales nos paguen el mismo monto, no importa la provincia ni la obra social”, explica Sonia Mazarino, trabajadora del sector, poniendo en evidencia uno de los puntos más sensibles del conflicto.

La advertencia no es menor ya que como detalla la profesional, “se quiere eliminar ese nomenclador y eso haría que cada obra social pague lo que quiera, y todos sabemos que cuando eso sucede probablemente el monto ya no sea justo para quienes trabajamos. Además, otra parte de la modificatoria establece que se quite el porcentaje de personas con discapacidad que puedan ingresar laboralmente a empresas. Esto también es un avasallamiento sobre las personas con discapacidad y sus familias”.

En su testimonio, también remarca el carácter regresivo de las reformas: “El acceso a las prestaciones es un derecho, y lo que está sucediendo es que se está pasando por alto y se está retrocediendo 30 años de derechos obtenidos. Estamos hablando de todos los prestadores y de todas las personas con discapacidad, desde bebés hasta personas adultas, y también de sus familias. Tendremos que seguir viniendo a la plaza las veces que sea necesario para hacer valer nuestros derechos”.

Familias entre la vulnerabilidad y el abandono estatal

La crisis estructural del sistema impacta con crudeza en las familias, que denuncian un escenario de desprotección creciente y ausencia estatal en todos los niveles.

“Soy Paula, mamá de Mateo. Tengo un hijo con discapacidad y hace muchos años que estoy en esta lucha. Tengo obra social y eso tampoco significa nada. Estamos todos en una situación de vulnerabilidad terrible, ya que es la ley la que no se está cumpliendo y tengas obra social o no la tengas, estamos todos iguales”, expresa Paula Catania.

Su relato profundiza la dimensión social del problema: “Hay familias que están en una situación peor que quienes tenemos obra social, que no son escuchadas, realmente no son escuchadas. Es desesperante ver que nuestros chicos y la gente con discapacidad no están siendo atendidos como corresponde”.

Además, Paula cuestiona la mirada oficial sobre la discapacidad y la falta de políticas públicas concretas. “Estaría bueno entender que la discapacidad no es un mal de nacimiento como cree el presidente y tantos otros. Esto nos puede tocar en cualquier momento de la vida y hasta que no te toca no te llega. Es una situación difícil, más cuando tenés un Estado ausente, un gobierno provincial y municipal ausente”,  detalla.

Las deudas estatales son concretas y cotidianas, tal y como lo detalla Paula: “Hace años que pedí al intendente el tema de las rampas y todavía estoy esperando. Hay un montón de cosas que no se están cumpliendo: deporte, medicamentos, pañales. El presidente dijo que lo que es ley se iba a cumplir y no se está cumpliendo con la ley. Entonces estaría bueno preguntarse qué pasa cuando uno no cumple con la ley”.

Frente a este escenario, la respuesta de las familias es la organización y la persistencia. “Son vidas, no son objetos. Las cosas se tienen que cumplir como corresponde. Las mamás somos las que generalmente estamos en plena batalla. No vamos a bajar los brazos por nada del mundo, estamos dispuestas a luchar hasta el final”, detalla la mamá de Mateo.

Un Estado que veta leyes, demora su aplicación o intenta reformarlas para recortar derechos no es neutral: elige a quién cuidar y a quién abandonar. Y hoy, las personas con discapacidad están del lado de quienes pagan el costo. Por eso, la respuesta también es política, colectiva y en las calles.