Residentes de salud inician 2026 sin cobrar
Mientras el país inicia un nuevo año con discursos de renovación y proyecciones oficiales que hablan de crecimiento y estabilización, el sistema público de salud arrastra una crisis estructural que se cobra su precio más alto en quienes lo sostienen desde la primera línea: residentes médicos, enfermeros y profesionales de la salud mental.
Esta crisis, lejos de ser un fenómeno nuevo, es el resultado acumulado de años de desfinanciación y sistemático incumplimiento normativo. De esta manera, el año comienza con cientos de profesionales en formación -también llamades residentes- en provincias como San Luis, Córdoba, Salta y San Juan, así como en los principales hospitales nacionales, que aún no han percibido sus salarios correspondientes al mes de enero. La situación, lejos de ser un retraso administrativo, es la cara de un vaciamiento que amenaza con colapsar la formación de recursos humanos para la salud pública.
La Asamblea de Residentes de Nación, colectivo que agrupa a profesionales en formación, emitió un comunicado denunciando la inacción del Ministerio de Salud de la Nación. El eje del reclamo es la falta de implementación de la Ley 27.796, sancionada e impulsada por el Congreso Nacional en octubre de 2025, que declara la Emergencia Sanitaria en Salud Pediátrica y Residencias Nacionales. Esta norma, conocida como «Ley Garrahan», no solo busca fortalecer la atención pediátrica, sino que ordena la derogación del sistema de becas -un mecanismo de precarización laboral- y establece una recomposición salarial acorde a la inflación para el personal médico, incluyendo a les residentes.
“Exigimos la implementación inmediata de la Ley 27.796. Es inadmisible que, tras su promulgación por insistencia del Poder Legislativo, el Ministerio de Salud mantenga un silencio institucional cómplice y no derogue el sistema de becas ni aplique los aumentos”, señalaron en sus redes sociales la Asamblea de Residentes de Nación. A la parálisis en la aplicación de la ley se suma el impago de sueldos y del medio aguinaldo, generando una situación de zozobra económica extrema entre les jóvenes profesionales que cumplen guardias de hasta 24 horas y asisten a poblaciones vulnerables.
El caso emblemático de la precarización: las RISaM y RISaMC
El vaciamiento de la salud pública llega a su punto extremo con las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISaM), dependientes del Ministerio de Salud.
En el comunicado fechado el 2 de enero, el colectivo de residentes interdisciplinarias en salud mental comunitaria (RISaMC) del Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo. Ex Colonia Montes de Oca, denunció que tres residentes continúan trabajando sin percibir ningún haber salarial, pese a cumplir con todas sus funciones asistenciales y formativas.
“Denunciamos públicamente la falta de pago y el silencio institucional. Exigimos de manera inmediata e innegociable que las tres residentes cobren el pago íntegro y retroactivo”, expresa el documento, que también alerta sobre el reemplazo de contratos laborales por becas y la eliminación de cupos para nuevas residencias, lo que constituye un «grave retroceso en materia de salud mental pública».
«Sin residentes no hay salud pública. La precarización no es formación»
Estas consignas, replicadas bajo los hashtags #Ley27796 y #ResidentesEnLucha, resumen el sentir de una generación de profesionales que sostiene, con su trabajo diario en salas de guardia y consultorios, un sistema público ya tensionado, mientras es tratada como mano de obra descartable.
La Ley 27.796 surgió precisamente como un paraguas legal para frenar este desmantelamiento. Además de las disposiciones laborales, reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y habilita mecanismos ágiles de compra de insumos. Sin embargo, su espíritu parece diluirse en la burocracia y en lo que les residentes califican como una «voluntad política de desfinanciación».
Mientras las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación no se han expedido oficialmente sobre los reclamos, la incertidumbre crece. Les residentes, por su parte, exigen «de manera inmediata e inegocible» el pago de sueldos íntegro, advirtiendo que la crisis no es solo suya, sino de toda la población que depende de la salud pública.
Ante este contexto cabe preguntar ¿Cuánto más puede solventar un sistema que, año tras año, falla en retener y dignificar a les profesionales que lo sostienen? El 2026 empezó con la deuda de siempre para la salud pública argentina. Una deuda con sus propios trabajadores.
Por eso, la implementación de la Ley 27.796 no es solo un reclamo sectorial, es la línea mínima de supervivencia para un pilar fundamental del Estado. El silencio de las autoridades, en este contexto, no es neutral: es una respuesta. Y les residentes, cansades de promesas, ya no piden. Exigen.
