Cinco años de la sanción de la Ley de aborto: un derecho vigente que se defiende ante el desmantelamiento estatal
A cinco años de la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el movimiento feminista argentino vuelve a marcar una posición precisa: el aborto legal es un derecho y una política de salud pública que salva vidas, amplía libertades y fortalece la democracia.
En ese marco, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito difundió una declaración política que recupera el sentido histórico de la ley y advierte sobre los retrocesos en curso que surgen a causa del gobierno antiderechos de Javier Milei.
La legalización del aborto no fue un hecho aislado ni una decisión técnica. Fue el resultado de una lucha colectiva de décadas. Como afirma la Campaña, “el derecho al acceso al aborto es ley porque fue palabra, organización y deseo. Porque fue educación, diálogo y construcción colectiva”. Esa fuerza social permitió que, en 2020, el Estado argentino reconociera el aborto como un derecho y dejara atrás la criminalización de quienes deciden interrumpir un embarazo.
Cinco años después, la Ley IVE demostró su impacto concreto. “La Ley 27.610 salva vidas, amplía derechos y fortalece la autonomía de quienes pueden gestar en todo el país”, sostiene la declaración. Sin embargo, el acceso efectivo dista de estar garantizado de manera homogénea. Aún con un marco legal vigente, persisten desigualdades territoriales, resistencias institucionales y obstáculos que convierten el derecho en letra muerta para muchas personas.
Entre el recorte presupuestario, las desigualdades territoriales y la resistencia feminista para garantizar el acceso real al aborto legal
Los datos recientes refuerzan esta alarma. Según el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable sufrió en 2024 un desfinanciamiento casi total: su ejecución representó apenas el 20 % de lo invertido en 2023 y solo el 8 % del nivel de 2021.
En muchas provincias la situación es como si la ley estuviera derogada en la práctica. El recorte incluye la suspensión de fondos para la compra de misoprostol y mifepristona y el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
El aniversario de la ley se da, así, en un contexto de fuerte retroceso en políticas públicas. La Campaña señala que “estos derechos consagrados están nuevamente amenazados” por el avance de discursos autoritarios y por decisiones estatales que vacían de contenido las garantías legales. Defender la Ley IVE hoy implica denunciar el ajuste, la desfinanciación y la inacción estatal que ponen en riesgo la salud y la vida de quienes pueden gestar.
La situación es extrema en algunas provincias. Así es como Catamarca expone con crudeza este escenario. Allí, organizaciones y colectivas denuncian que el gobierno provincial y el Ministerio de Salud tomaron la decisión política de no garantizar los derechos reconocidos en la Ley 27.610. Se registran prácticas sistemáticas de obstaculización: profesionales de la salud que se amparan en la objeción de conciencia para hostigar a equipos de IVE/ILE, dilatar el acceso al aborto, brindar información falsa o incompleta y violar el deber de confidencialidad, negando injustificadamente la práctica.
Frente a estas vulneraciones, las organizaciones exigen el restablecimiento inmediato del servicio de acceso al aborto en todo el territorio catamarqueño, con equipos capacitados y sin dilaciones. También reclaman al Ministerio de Salud la provisión regular de métodos anticonceptivos, actualmente negados a quienes los solicitan en el sistema público. La Ley 27.610 es clara: establece sanciones penales y administrativas para el personal de salud que dilate, obstaculice o se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
En este contexto de abandono estatal, las redes comunitarias vuelven a sostener lo que el Estado desatiende. Colectivas transfeministas integrantes de Socorristas en Red, una articulación de colectivas que se encuentran a lo largo y ancho del país, acompañan abortos de manera voluntaria desde hace años, por compromiso ético y político con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Su tarea, advierten, se vuelve cada vez más urgente ante el aumento de la demanda y la retirada de las políticas públicas.
A cinco años de la sanción de la Ley IVE, el mensaje es contundente: el aborto legal es ley y el derecho a decidir es libertad. Defender su vigencia implica exigir presupuesto, políticas públicas y responsabilidades estatales. Como ayer, el horizonte de la lucha feminista sigue siendo educación sexual para decidir y aborto legal para vivir en libertad. En todo el país. Para todes. Para siempre.
