El Senado trata el gran saqueo con el proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”
Se llama «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» el proyecto que el Senado de la Nación trata este jueves 16. Pero no protege la propiedad de nadie que viva alquilando en un barrio popular o en una comunidad indígena sino que protege la de los que ya tienen de sobra: extranjeros que quieren comprar campo sin límite, dueños que quieren desalojar más rápido y desarrolladores que sueñan con loteos donde antes había monte.
El proyecto llega al recinto después de tres meses de rosca en comisiones y dos prórrogas. Ahora el oficialismo dice tener los votos. Y no es casualidad que el debate se dé en plena semifinal del Mundial: desde el propio peronismo reconocen que el Gobierno «aprovechó el Mundial para licuar el tema y tratar de que pase desapercibido». Mientras la Selección jugaba, se cocina media sanción para reformar de un saque la Ley de Barrios Populares, la de Tierras Rurales, la de Manejo del Fuego y el régimen de desalojos y expropiaciones.
Menos Estado, más desalojo
El corazón del proyecto es simple: correr al Estado de donde más hace falta. La reforma deroga las facultades nacionales para expropiar y desarrollar la integración socio-urbana de los barrios populares esos donde vive más de 5 millones de personas en Argentina y las tira a las provincias, sin un peso de presupuesto atrás. El informe del Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS que analiza el proyecto lo dice sin vueltas: «esas familias pueden quedar expuestas a procesos de desalojo» si esto se aprueba.
Y no es solo para los barrios populares. La reforma también toca el Código Civil y Comercial: si te atrasás con el alquiler, el dueño puede pedir la rescisión del contrato a los 3 días, y en la Ciudad la Justicia tiene apenas 5 días para resolver la restitución anticipada del inmueble. Todo esto en medio de una crisis habitacional que ya duele: en 2025 el 57% de los hogares inquilinos destinó más de la mitad de sus ingresos al alquiler, casi 20% más que el año anterior. Desde diciembre de 2023 la inflación general fue del 209%, pero los alquileres subieron 423%. La brecha no es un detalle: es la prueba de que el mercado de la vivienda quedó liberado a su suerte desde que se voló la Ley de Alquileres con el DNU 70.
Este año, además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -DESC- de la ONU ya condenó al Estado argentino por un desalojo forzoso en un barrio popular porteño. Entre sus recomendaciones pedía garantizar alternativas habitacionales para las familias vulnerables, «en especial en aquellos casos que involucran a familias, hogares monoparentales, en especial a cargo de mujeres, personas mayores, niños». El proyecto que se vota hoy va exactamente en sentido contrario: acelera los tiempos, habilita medidas cautelares de desalojo anticipado y no deja instancia de diálogo ni mediación. Y por si hacía falta subrayar de qué lado está, borra del texto de la Ley de Barrios Populares la obligación de aplicar «perspectiva de género y diversidad» en las políticas de integración urbana. Porque son las mujeres, sobre todo las jefas de hogares monoparentales, las que más sostienen la carga cuando una familia queda en la calle.
El campo, a precio de remate
La otra pata del combo es la Ley de Tierras Rurales. El proyecto elimina las restricciones para que extranjeros compren campo, salvo que se trate de un Estado extranjero o que comprometa la seguridad nacional. Se cae también la prohibición de comprar tierras junto a cuerpos de agua grandes y el tope de 1.000 hectáreas en zonas de producción de alimentos. La letra chica es más grave todavía: buena parte del límite a la extranjerización quedaría en manos de cada gobernador, que podrá fijarlo o directamente borrarlo. Nada nuevo bajo el sol de la provincialización: la vimos con Glaciares, la vemos ahora acá.
Y no hablamos de un problema abstracto. Hoy, con los límites vigentes, Benetton ya tiene 920.000 hectáreas en la Patagonia para dimensionar, toda la Ciudad de Buenos Aires tiene 20.000. Joe Lewis controla 38.000 hectáreas en Río Negro, con Lago Escondido adentro, un espejo de agua que sigue cercado para el uso público. Son los ejemplos más conocidos de un proceso que ya alcanza 13 millones de hectáreas extranjerizadas en el país, casi la superficie de la provincia de Santa Fe. Sacar los pocos límites que quedan no corrige nada de eso: lo blinda.
Esto no cae en el vacío. Ya no rige la ley que suspendía los desalojos sobre territorios indígenas, y desde septiembre de 2024 están frenadas todas las inscripciones de comunidades en trámite. Sin personería jurídica, esas comunidades pierden la principal herramienta para defender la tierra que ocupan. La reforma de tierras rurales llega, entonces, a un terreno ya minado para campesinos y pueblos originarios.
Y para cerrar el combo, la Ley de Manejo del Fuego pierde los plazos que hoy impiden cambiar el uso del suelo después de un incendio: 60 años para bosques y áreas protegidas, 30 para zonas agropecuarias. El informe del CELS lo plantea sin eufemismos: eliminar esos plazos «alentará en la práctica los incendios». Traducido: cada vez que se prenda fuego un humedal o un pastizal, va a ser más fácil convertirlo en loteo, campo o emprendimiento inmobiliario. El incentivo para el fuego intencional, en un país que quema cada vez más territorio cada verano, queda servido.
La propiedad de unos pocos, la ley de todos
En su extenso informe, el CELS es contundente al indicar que estas reformas cargan con «presunción de inconstitucionalidad» porque son regresivas en derechos ya alcanzados, y afectan de forma diferencial a quienes menos tienen para defenderse: familias en barrios populares, inquilinos, comunidades indígenas y campesinas, mujeres al frente de sus hogares.
Se llama Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero la única propiedad que blinda es la que ya está concentrada. La de la mayoría la del alquiler que no llega, la del rancho en tierra comunitaria, la del barrio que espera hace años una obra queda, una vez más, del lado de afuera.
