Claudio Poggi y la falacia de la austeridad

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, volvió a generar impacto en la escena política provincial. No con una medida económica convencional, no con una conferencia de prensa tradicional, sino con tres publicaciones en la red social X. Tres posteos que, en apariencia, hablan de austeridad y eficiencia administrativa. Pero, tras esos anuncios de austeridad, pueden analizarse otras variables que no tienen que ver con la tan mentada austeridad en la gestión.

Una tiene que ver con el medioambiente, con el control estatal, y con un fantasma que recorre las provincias argentinas cuando hablan de «austeridad» y «reducción de estructuras»: la megaminería.

¿Qué significa realmente este pedido de renuncia masiva, por qué el gobernador eligió este momento, qué nos dice todo esto sobre el futuro político de San Luis de cara a 2027? Y fundamentalmente, ¿qué pasa cuando un Estado reduce sus áreas de control y fiscalización justo cuando empresas extractivistas llaman a la puerta?

La obsesión de Poggi con el conteo de días

Lo primero que llama la atención del posteo de Poggi en X realizado el día domingo  de Poggi es algo que ya parece una obsesión: el conteo de los días.

«Hace 1058 días que me eligieron como gobernador», comienza. Y luego aclara: «Llevamos 875 días gobernando la Provincia».

¿Por qué tanta precisión? Porque Poggi está construyendo un relato. Un relato donde él es el héroe que llegó a salvar una provincia «fundida». Y donde cada día que pasa es una batalla ganada contra el pasado.

Ese pasado tiene nombre y apellido. Y son los hermanos Rodríguez Saá. Alberto, Adolfo (aunque parte de la coalición, cada vez eslabón mas endeble, según se rumorea en Terrazas). Que gobernaron San Luis durante décadas. 

Poggi necesita que el o la votante puntana recuerde todos los días que él no es ellos. Necesita marcar distancia. Necesita mostrar que el tiempo pasa y que la provincia sigue en pie. Por eso cuenta los días como si fuera un preso contando su condena. Pero no es una condena. Es una estrategia política para construir su relato.

El relato de la «provincia fundida»

El segundo pilar del discurso de Poggi es la idea de que recibió una provincia «fundida». «Arreglando el desastre que nos dejaron», dice. «Quienes perdieron y gobernaban hicieron todo lo posible para dejarla peor».

Es un relato clásico de la política argentina. El gobernante entrante culpa al saliente de todos los males. Nada nuevo bajo el sol.

Pero aquí aparece la primera contradicción fuerte. Y quien la marca es  Fernando Gatica, secretario general de ATE San Luis, en una entrevista con SanLuis24. El dirigente gremial sostiene: «Yo no creo que el Banco Central mienta». Se refiere a que según el BCRA, la provincia de San Luis tiene depósitos por 2 billones de pesos y 32 millones de dólares.

Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cómo se puede hablar Poggi de «provincia fundida» cuando las cuentas oficiales muestran ese nivel de depósitos?

Gatica lo dice sin vueltas: «Nuestra provincia no es pobre. Pobres somos los y las estatales».

Y ahí aparece una de las tantas falacias poggistas. Por un lado, el gobierno dice «no hay plata, hay que ajustar». Por el otro, los números del Banco Central parecen decir otra cosa.

El pedido de renuncia: ¿purga o puesta en escena?

Llegamos al corazón de la noticia. Poggi anuncia en el mencionado posteo de X que pedirá la renuncia a «todos los funcionarios políticos del gobierno provincial, del 100%». Esto incluye ministerios y entes descentralizados.

La medida es tan extrema que roza lo teatral. Porque en la práctica, ningún gobernador puede darse el lujo de quedarse sin ministros o ministras, sin secretarios, sin directores de entes descentralizados de un día para el otro.

Este tipo de anuncios son una práctica replicada en Santa Cruz y La Rioja, dos provincias promineras.

Entonces, ¿qué está pasando realmente?

Hay dos lecturas posibles. La primera, la más ingenua: Poggi quiere evaluar personalmente a cada funcionarie, como él mismo dice, bajo criterios de «mayor austeridad» y «compromiso de no volver al pasado». 

Pero hay una segunda lectura, mucho más interesante. Y está ligada a una estrategia para reducir la influencia de dirigentes vinculados a Adolfo Rodríguez Saá, quien en los últimos meses retomó la actividad territorial.  

No se trata solo de ahorrar plata. Se trata de limpiar el gabinete de aquellos funcionarios que tienen lealtades divididas.

La voz del sector demonizado sector sindical

El secretario general de ATE no se guarda nada. Dice Gatica en entrevistas a medios locales: «Es cinismo. Sacaron una ley de emergencia económica que les prohíbe contratar personal, pero en el Boletín Oficial no paran de aparecer nombramientos. Y ves los nombres y los vinculás: son todos hijos de, son todos amigos de».

Es decir, el gobierno prohíbe contratar, pero contrata igual. Y lo que contrata, según Gatica, son familiares y amigos.

Además denuncia que no hay diálogo. «Los ministros son secretarios. Todos toman nota, te reciben, toman nota y después le llevan al gobernador. No hay ni siquiera la delicadeza de una devolución», detalla.

¿Qué significa esto? Que el gobierno de Poggi, que prometió «nunca más» a las viejas prácticas políticas, está gobernando exactamente igual que sus antecesores.

Los números que duelen

Según el propio comunicado de ATE, basado en información del Ministerio de Economía de la Nación, la provincia de San Luis acumuló ingresos por 1,259 billones de pesos. Obtuvo un superávit financiero superior a los 100.000 millones de pesos.

Además, tiene depósitos por más de 2,29 billones de pesos en el Banco Central. Y otros 2,06 billones en el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.

Es decir, más de 4 billones de pesos en cuentas oficiales. 

Mientras tanto, ¿qué pasó con los salarios de las y los trabajadores públicos? En 2024, la suba salarial fue del 59%. La inflación, del 117%. La cuenta es simple: las y los trabajadores perdieron la mitad de su poder adquisitivo en un solo año.

Gatica lo dice con crudeza: «Están comiendo con tarjetas de crédito, están pagando la luz con préstamos».

El punto crítico: ¿qué pasa cuando reducimos ministerios a secretarías?

Poggi dice que va a reducir «estructuras ministeriales» y que va a enviar a la Legislatura «una nueva ley de Ministerios, con reducción de cargos políticos».

Suena bien, ¿no? Menos políticos, menos gasto, más eficiencia. Ese es el relato.

Pero, ¿qué ministerios se van a reducir? ¿Y en qué se van a convertir?

Porque cuando un ministerio se convierte en secretaría, no solo pierde rango político. Pierde presupuesto. Pierde personal. Pierde capacidad de control. Pierde autonomía. Y sobre todo, pierde capacidad de fiscalización.

Y esto no es un dato menor. En la historia reciente de las provincias argentinas, cada vez que un gobierno anuncia «austeridad» y «reducción de estructuras», las primeras áreas en caer son las vinculadas al control ambiental, a la fiscalización de recursos naturales, a la protección de bienes comunes.

¿Por qué? Porque son áreas que no generan ingresos directos. Y desde la lógica extractivista, son «trabas» al desarrollo que suelen molestar a quienes quieren sacar recursos de la tierra sin controles.

Megaminería y control estatal, una relación peligrosa

San Luis es una provincia con recursos mineros. No es la más minera del país, pero tiene oro, plata, cobre, uranio, y otros minerales.

En los últimos años, el discurso de la «reactivación económica» ha sido utilizado una y otra vez para promover proyectos mineros a gran escala. La megaminería, con sus promesas de empleo e inversión, llama a las puertas de las provincias argentinas.

Pero la megaminería no es cualquier actividad. Usa sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio. Consume cantidades enormes de agua -y San Luis es una provincia que ya tiene problemas hídricos-. Genera pasivos ambientales que duran siglos. Y requiere, para operar, que el Estado tenga los controles más estrictos.

Ahora, ¿qué pasa si ese Estado, justo antes de que lleguen las empresas mineras, decide reducir sus ministerios? ¿Qué pasa si el ministerio de Minería se convierte en Secretaría? ¿Qué pasa si el área de fiscalización ambiental pierde personal y recursos?

Pasa que las empresas entrarán con menos controles. Los estudios de impacto ambiental se aprobarán más rápido. Pasa que las auditorías se espaciarán. Pasa que las multas no se aplicarán y que la letra chica de los contratos beneficiará a la empresa y perjudicará a la provincia.

No es casualidad. En provincias como San Juan, La Rioja, Catamarca, el proceso fue similar: ajuste del Estado, reducción de áreas de control, y después llegó la megaminería. Y cuando los ríos aparecieron contaminados, cuando las comunidades denunciaron problemas de salud, cuando los glaciares estaban dañados, el Estado ya no tenía las herramientas para controlar ni para sancionar.

Personajes nuevos outsider,  el silencio de los medios y la agenda oculta

Hasta aquí, todo es previsible: un gobernador que anuncia ajuste, un gremio que responde con números y denuncias. Eso pasa en todas las provincias argentinas.

Pero en San Luis hay un personaje nuevo que merece nuestra atención. Se llama Karina Fabi.

¿Quién es? Una empresaria que fundó una empresa en Chile llamada WatchMyTrading. Licenciada en Relaciones Internacionales. En marzo criticó la cantidad de ministerios de Poggi. 20 ministerios y secretarías con una mirada punitiva, porque el único ministerio que parece que le gusta a esta influencer es el de Seguridad. 

Días después del anuncio de Poggi, Fabi publicó : «Vieron que les dije, Poggi achica ñoquis y política».

La pregunta es: ¿Karina Fabi es una voz independiente? ¿O está instalando una agenda? Porque el discurso de «achicar el Estado» es el mismo discurso que después habilita la entrada de grandes empresas extractivistas.

A Fabi se le suman los medios afines al gobierno, que replicaron el anuncio de Poggi pero no hicieron comentarios. Un silencio cómplice ¿Por qué? Porque quizás no saben cómo vender esto. Porque quizás el ajuste es tan duro que ni siquiera los medios oficialistas se animan a defenderlo.

Pero el silencio también es una forma de complicidad. Cuando los medios no preguntan qué ministerios se van a reducir, cuánto presupuesto perderán las áreas de control ambiental, qué empresas están haciendo lobby para que esos controles desaparezcan, entonces están dejando un espacio vacío que van a ocupar los intereses privados.

Lo que no dice la ley de ministerios

Poggi promete una «nueva ley de Ministerios». Pero no dice cuál será el contenido. No dice qué áreas se fusionan. No dice qué áreas desaparecen. No dice cuántos técnicos se van a perder. No dice cuántos inspectores ambientales quedarán en la calle.

Y eso es grave. Porque una ley de ministerios no es solo un organigrama. Una ley de ministerios define las prioridades de un gobierno. Si el ministerio de Medio Ambiente se convierte en una dirección dentro de otro ministerio, la señal es clara: el ambiente no es prioridad. Si el área de Minería pierde rango, la señal es clara: el control minero no es prioridad.

Y en ese vacío de prioridades, entran las empresas. Con sus contratistas. Con sus abogados. Con sus promesas de empleo. Con sus lobby en la Legislatura.

Es decir, en el contexto actual, con el discurso nacional de apertura económica, con la presión de las empresas mineras sobre las provincias, con la necesidad de divisas que tiene el país, cualquier reducción del Estado debe ser mirada con desconfianza si no viene acompañada de más controles, no de menos.

2027

¿Por qué todo esto ahora? ¿Por qué Poggi decide sacudir el gabinete a tres años de las elecciones?

Porque está construyendo su candidatura para 2027. Necesita mostrar que él es el hombre del cambio, el hombre de la austeridad, el que barre con todo.

Pero cuidado con lo que se barre. Porque si para mostrar austeridad termina barriendo las áreas de control ambiental, el costo no lo va a pagar Poggi. Lo van a pagar las y los sonluiseñes. Lo van a pagar las comunidades al lado de los proyectos mineros. Lo van a pagar los ríos. Lo van a pagar las generaciones futuras.

En ese sentido, el Secretario General de ATE, Gatica, detalla que «empezaron la campaña 2027». Y parece tener razón. Pero la campaña no debería hacernos olvidar que el ambiente no vota, pero sufre. Los recursos naturales no tienen representantes en la Legislatura, pero se agotan. El agua no hace campaña, pero sin ella no hay vida.

Claudio Poggi ha hecho una apuesta, un anuncio arriesgado. Le pidió la renuncia a todas y todos  sus funcionaries. Va a enviar una nueva ley de ministerios. Promete una batería de medidas para incentivar la inversión privada y el empleo.

Ante esto, cabe preguntar:

Primero, ¿qué ministerios específicamente se van a reducir y  en qué se van a convertir?

Segundo,¿qué presupuesto perderán las áreas de control ambiental y fiscalización minera?

Tercero, ¿qué empresas están haciendo lobby en la provincia mientras se anuncia esta reducción?

Cuarto, ¿qué proyectos mineros están esperando que los controles estatales sean más débiles para presentarse?

Quinto, ¿qué pasa con la Ley de Glaciares, con la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales, con los convenios internacionales que exigen Estados fuertes en materia ambiental?

Estas son preguntas de fondo. Porque la austeridad no puede ser una coartada para el extractivismo sin control. Porque reducir ministerios no puede significar reducir derechos. Porque achicar el Estado no puede significar agrandar la impunidad de las empresas.

El propio gobernador Poggi dice, en su posteo, una frase que debería grabarse: «Gobernar es generar trabajo». Tiene razón. Pero generar trabajo no puede significar destruir el medio ambiente. No puede significar regalar los bienes comunes. Ni que las empresas entren a la provincia sin control.

Y sí, el ajuste sigue siendo sobre las y los mismos de siempre: les trabajadores, les jubilades, los sectores populares empobrecidos, y ahora también el medioambiente. Entonces el relato del cambio se va a caer. Por más tuits que escriba,  influencers que lo defiendan y leyes que apruebe.

Porque cuando el río esté contaminado, cuando el agua no se pueda beber, cuando la tierra no se pueda cultivar, no habrá relato que lo explique. Habrá una sola verdad: faltó Estado. Faltó control. Faltó previsión. O sin eufemismos, fue otra vez el Estado el que entregó la soberanía a empresas transnacionales. Y con ello, los derechos y la dignidad del pueblo.