Espiar al pueblo, nueva política de Estado
Cómo la nueva Política de Inteligencia institucionaliza la vigilancia del pensamiento en Argentina. Un análisis sobre el Decreto 864/2025, que convierte la crítica política en potencial «amenaza híbrida» y habilita al Estado a monitorear la «conversación pública» bajo un marco legal de definiciones voluntariamente imprecisas.
El decreto silencioso que redefine la frontera entre seguridad y libertad
El 5 de diciembre de 2025, mientras la agenda pública distraía con otros debates, el Boletín Oficial publicó el Decreto 864/2025. Firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este documento de 34 páginas aprobó la Política de Inteligencia Nacional 2025. Su publicación pasó, como tantas veces ocurre con los cambios estructurales, con un murmullo en lugar de un estruendo. Sin embargo, su contenido representa una redefinición profunda y potencialmente peligrosa de la relación entre el Estado, la seguridad y las libertades civiles en Argentina.
La reestructuración disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para crear una nueva arquitectura bajo la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), con órganos como la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC). Su objetivo declarado es modernizar el sistema para «anticipar riesgos y amenazas» en un mundo complejo. Y los detalles de este anexo desplazan el foco de la inteligencia estatal desde las amenazas físicas y externas tradicionales hacia un territorio: el de las ideas, las narrativas instaurando un marco doctrinario que juridifica la vigilancia sociopolítica.
De la Seguridad Nacional a la «Soberanía Cognitiva»: La construcción del enemigo interno difuso
El núcleo doctrinario de la nueva política se articula alrededor de conceptos importados de los manuales de guerra contemporánea: «amenazas híbridas», «acciones no cinéticas» y la defensa de la «soberanía cognitiva». En la página 8 del anexo, el documento establece con claridad el nuevo paradigma:
«El conflicto, en toda su gama, demuestra como una constante (…) el desarrollo de acciones no cinéticas mediante ciberataques, campañas de desinformación, ingeniería social y manipulación de la opinión pública para amoldar la moral del adversario».
Y agrega, definiendo la misión para Argentina:
«Será prioridad que la Inteligencia Nacional alcance la comprensión de estos fenómenos que buscan afectar simultáneamente la cohesión social, la legitimidad institucional y los derechos fundamentales de los habitantes».
Aquí reside la primera y más profunda mutación. La «legitimidad institucional» y la «cohesión social» dejan de ser resultados de un contrato social dinámico y se convierten en objetos a proteger mediante el aparato de inteligencia. ¿Quién define qué erosiona la legitimidad? ¿Una crónica periodística sobre corrupción? ¿Una investigación académica sobre desigualdad? ¿Un discurso opositor en el Congreso? ¿Una consigna en una protesta social?
El texto refuerza este marco en su capítulo sobre «Superioridad de la información y riesgo de influencia externa» (pág. 19), ordenando «anticipar, identificar [y] monitorear… influencias externas mediante la difusión deliberada de información falsa o engañosa con la intención de influir en la opinión pública».
La ambigüedad es la clave del poder. Bajo estas definiciones cualquier voz crítica puede ser reinterpretada. No como un elemento esencial de una democracia, sino como un «accionar sutil de actores adversos», ya sean extranjeros o ciudadanes manipulades por agendas internacionales. La disidencia deja de ser un derecho y se transforma en una sintomatología de infección cognitiva. Este salto retórico es el que permite construir un «enemigo interno» sin necesidad de que cometa un acto violento. Le basta una opinión disidente para ser censurado o castigado
La Arquitectura del Control: La AFC y la vigilancia digital legalizada
La preocupación teórica se materializa en un brazo ejecutor concreto: la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC). Creada como órgano desconcentrado de la SIDE, su mandato es «monitorear el ciberespacio», «rastrear la trazabilidad operativa de redes de influencia» y anticipar escenarios disruptivos.
Traducido al lenguaje de la vida cotidiana: la AFC tiene la potestad legal de vigilar redes sociales, analizar tendencias de opinión, rastrear flujos de información digital y mapear conexiones entre usuaries. Todo ello bajo el paraguas de combatir la «desinformación» y las «amenazas híbridas».
El mecanismo de justificación es perverso en su eficacia. El seguimiento a un periodista que investiga un contrato estatal opaco, o a un sindicalista que organiza una protesta, ya no necesita enmarcarse como lo que sería: una persecución política prohibida por la Ley de Inteligencia (25.520). Basta con argumentar que se trata de una «medida preventiva contra una agresión cognitiva» que podría estar minando la «confianza en las instituciones».
El documento oficial sugiere que las narrativas críticas pueden ser instrumentos de potencias extranjeras. Así, el disidente es presupuesto como un vector, consciente o inconsciente, de intereses ajenos. Su teléfono no está «pinchado» por sus ideas políticas, sino porque es un posible canal de una «operación de influencia». La infracción a la privacidad y a la libertad de pensamiento queda así lavada con el lenguaje aséptico de la ciberseguridad y la geopolítica.
Esta arquitectura de control tiene un correlato presupuestario explosivo. La SIDE cuenta para este año con un presupuesto de $106.990,46 millones, lo que representa un incremento del 121% durante el año y de un 623% respecto al inicio de la actual gestión. El 57% de este monto ($61.127 millones) está destinado al pago de personal (rubro ya ejecutado en su totalidad). Sin embargo, la partida más opaca y significativa son los gastos reservados, que no requieren rendición de cuentas pública. Este rubro experimentó un aumento del 1.954% en dos años, pasando de $650 millones a los $13.347 millones actuales, monto que también se ha devengado al 100%. La velocidad del gasto es otro indicador elocuente: según informes de ejecución presupuestaria, la SIDE ejecutó $29.000 millones en solo 16 días de diciembre, un ritmo siete veces superior al del mes de noviembre. Esta inyección de recursos, especialmente en categorías no auditables públicamente, proporciona la capacidad operativa y logística para hacer realidad la vigilancia extensiva contemplada en la nueva política.
De las filtraciones al hostigamiento digital
Seis meses antes del decreto, el periodista Hugo Alconada Mon filtró un documento interno de la SIDE que ya planteaba objetivos idénticos: vigilar a «actores que puedan influir o afectar la imagen y credibilidad de los funcionarios». El gobierno lo negó. Hoy, esos conceptos están publicados en el Boletín Oficial.
La experiencia de Alconada Mon es un caso testigo de hacia dónde puede apuntar este aparato. Tras su investigación, denunció intentos de hackeo a sus cuentas de WhatsApp y correo, y una campaña de desprestigio que fue registrado en sitios web pornográficos sin su consentimiento. Es el modus operandi clásico del hostigamiento a periodistas: no solo silenciar, sino desacreditar. Ahora, el marco legal para este tipo de operaciones podría estar institucionalizándose.
El contexto represivo: La violencia en las calles como complemento del control digital
Este «panóptico digital» no opera en un universo paralelo. Es la pata cognitiva y preventiva de un patrón más amplio de restricción de derechos, cuya pata física y reactiva es la represión sistemática a la protesta social.
Según el informe «Dos años de Protocolo Antipiquetes», presentado por Amnistía Internacional, entre 2024 y 2025 se registraron al menos 2.557 personas heridas por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza estatal en manifestaciones. Las lesiones incluyen impactos de balas de goma en la cabeza, exposición a gases tóxicos y golpes brutales.
Los números muestran una escalada. En 2024: 1.216 herides y 93 detenides. En 2025: 1.341 herides y al menos 165 detenides (un aumento del 77% en detenciones, mayoritariamente arbitrarias). La violencia estatal en la calle y la vigilancia del discurso en lo digital forman un circuito de control perfecto: se reprime la materialización colectiva del descontento (la protesta) y se vigila y disuade su gestación y expresión individual (la palabra crítica).
La denuncia penal del CELS: El salto a los tribunales de la «Policía del Pensamiento»
La gravedad de la situación llevó, en junio de 2025, a que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentara una denuncia penal contra el exjefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y el director de Operaciones, Diego Kravetz por el delito de abuso de autoridad.
La denuncia se centra en los documentos operativos derivados de la Política (el Plan de Inteligencia Nacional – PIN) y es el análisis jurídico más contundente sobre sus implicancias. El CELS acusa a la SIDE de haberse autoconstituido como «árbitro de la verdad pública», desplegando tareas de inteligencia ilegales que la ley expresamente prohíbe.
Algunos de los fundamentos de la denuncia son:
- Vigilancia de «grupos sociales vulnerables»: El PIN ordena identificar y monitorear a estos grupos y a actores que capitalicen la «polarización política». Para el CELS, esto es espionaje político y social puro, una desviación total de la función de inteligencia.
- La «conversación pública» como campo de batalla: «Una parte sustancial de las tareas de inteligencia estaría volcada a vigilar y caracterizar la conversación pública: lo que se dice y cómo se dice en medios y en redes sociales». Opiniones que «promuevan la conflictividad» o dañen la «reputación de empresas» se convierten en materia de inteligencia. Criticar una corporación podría convertirte en un «actor de interés» para el Estado.
- Definiciones vagas, poder absoluto: El plan habla de vigilar a «actores de interés», quienes promuevan «fragmentación social» o puedan «manipular la percepción». Quién encaja en estas categorías lo decide discrecionalmente un funcionario de la SIDE. Es la habilitación para una cacería de brujas institucionalizada.
- Blancos Particulares:
- Ambientalistas y Pueblos Originarios: El PIN ordena vigilar a quienes tengan capacidad de «obstruir proyectos extractivos» de recursos estratégicos. Defender el territorio y el medio ambiente queda catalogado directamente como acción «adversa al interés nacional».
- Ideología como delito: La ampliación del concepto de «terrorismo anarquista» puede derivar en que expresar ideas anarquistas baste para entrar en una lista de vigilancia.
- Organismos de DD.HH: Por su trabajo en memoria y justicia, podrían ser encuadrades como sujetos de vigilancia por afectar potencialmente la «imagen» del sistema de defensa.
El veredicto del CELS es terminante: «Es ilegal y tiene que rendir cuentas». Con esta denuncia, el debate ya no es periodístico o académico, es jurídico-penal. La Justicia Federal tendrá ahora la compleja tarea de determinar si este andamiaje legal constituye un abuso de poder.
El panóptico del siglo XXI
La conjunción es evidente y alarmante: espionaje legalizado a la palabra y más represión violenta a la protesta. Ya no son «excesos» aislados. Se asemeja cada vez más a un diseño estratégico de control social.
El filósofo Michel Foucault analizó el Panóptico, la cárcel ideal donde una torre central vigila a personas privadas de la libertad en celdas radiales. La persona reclusa, al no saber si está siendo mirada en un momento dado, interioriza la vigilancia y se autodisciplina. El poder ya no necesita ejercer la fuerza constantemente, se instala en la psique del individuo.
La nueva Política de Inteligencia, con su vigilancia digital a la «conversación pública», construye un Panóptico Digital. El ciudadane, periodista, activista, empiezan a preguntarse: ¿Esta columna, este tweet, esta investigación, serán interpretados como «desinformación» que erosiona la «cohesión social»? ¿Me convertirán en un «actor de interés» para la AFC? La autocensura deja de ser una posibilidad y se convierte en el efecto político buscado.
George Orwell, en «1984», imaginó a la Policía del Pensamiento, encargada de perseguir los «crimental» (crímenes de pensamiento). La distopía describía un mundo donde la disidencia ideológica era el mayor delito.
Aunque Argentina sigue siendo un país democrático con instituciones que, como demuestra la denuncia del CELS, pueden resistir, el decreto 864/2025 dibuja un umbral peligroso que podría llevarnos a la distopía que describe Orwell en 1985. Normaliza la idea de que el Estado puede, y debe, monitorear el pensamiento colectivo para proteger su propia legitimidad. Convierte la crítica en sospecha y la vigilancia en política de Estado.
La batalla ya no es solo en el ámbito de las ideas. Se libra en las calles, donde se reprime el cuerpo colectivo; en el ciberespacio, donde se vigila la palabra individual; y ahora, también, en los tribunales federales. El fallo que resuelva la denuncia del CELS definirá si la Policía del Pensamiento permanece como una metáfora alarmista o se convierte en el manual de operaciones de un nuevo tipo de Estado.
