Jornada de lucha nacional contra la eliminación del programa «Volver al Trabajo»
A partir de agosto, el Gobierno nacional elimina el programa «Volver al Trabajo» (VAT), ex Plan Potenciar Trabajo, y deja sin ese ingreso a casi un millón de personas en todo el país. En San Luis, la medida golpea a 5 mil familias, que pierden 400 millones de pesos por mes. En reemplazo del programa, el Gobierno anuncia cursos virtuales sin compensación monetaria. Organizaciones sociales de todo el país definen la medida como algo que excede un simple recorte: un golpe directo a la economía popular.
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En ese marco, este miércoles se realizaron asambleas, cortes , ollas populares y conferencias de prensa en todo el país en defensa del VAT, después de que la Justicia revocara la cautelar que ordenaba sostener su pago. La medida judicial actúa en connivencia con el Ministerio de Capital Humano.
En San Luis, organizaciones sociales realizaron una conferencia de prensa en la sede de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), en Las Heras 852, y una volanteada frente a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en Las Heras 1026.
Derechos bajo ataque
El VAT no llegó gratis: fue un beneficio de quienes salieron a defender su único ingreso frente al ajuste. Las Jornadas Nacionales de abril y mayo, sumadas a acciones judiciales, obligaron al Gobierno a sostener el programa cuando ya lo daba por desguazado. Ahora la Justicia retrocedió sobre ese logro y habilitó al Ejecutivo a discontinuar el pago mientras crecen los despidos, cae el poder adquisitivo y sostener una mesa familiar se vuelve cada vez más difícil.
En la conferencia de prensa, realizada en horas de la mañana, encabezaron el reclamo Mariela Cros (Movimiento Evita), Cecilia Betervide (Corriente Clasista y Combativa -CCC-), Carolina Lucero (Libres del Sur) y Yesica Guzmán (Federación Nacional Territorial -FeNaT-), junto a integrantes de Frente Popular Darío Santillán. Exigieron al gobierno nacional la continuidad del programa, un aumento urgente de su monto, la apertura de inscripciones para personas desocupadas, la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil y políticas públicas que generen trabajo genuino.
Después de la conferencia, las organizaciones se dirigieron a ANSES, donde realizaron una panfleteada bajo el lema «El hambre es un crimen. Trabajo digno y salario para la economía popular». Mientras el Estado retrocede, las organizaciones sociales siguen sosteniendo comedores, merenderos y espacios comunitarios en los barrios populares: son elles quienes tapan, con trabajo propio, el agujero que deja el ajuste.
Represión y hambre
La Jornada tuvo su capítulo más violento en Avellaneda, Buenos Aires. Fuerzas federales gasearon a miles de trabajadores y trabajadoras cooperativistas que se movilizaban junto a sus familias en el Puente Pueyrredón para exigir que el Gobierno nacional revierta la baja del programa. Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, fue uno de los más afectados y apuntó contra la Prefectura Naval: «la infame Prefectura que en lugar de cuidar las fronteras contra el narco está gaseando la manifestación de miles de trabajadores de Volver al Trabajo que fueron despedidos. Cobardes, viva la lucha piquetera».
La eliminación del programa deja sin los 79 mil pesos mensuales del VAT a alrededor de 900 mil trabajadores y trabajadoras, un ingreso que ya resultaba insuficiente para cubrir las necesidades básicas y cuya baja profundiza el hambre en los barrios populares.
El impacto no se limita a quienes cobran el programa ya que ese dinero se vuelca casi por completo al consumo de alimentos y bienes esenciales, así que su recorte golpea también a las economías locales que dependen de ese circuito.
