ATE denuncia a la Municipalidad de San Luis por coacción a la desafiliación: ¿quién gana cuando hay cada vez menos trabajadores sindicalizados?

La Asociación de Trabajadores del Estado – ATE San Luis denunció a la Municipalidad de la ciudad, ante la Dirección de Relaciones Laborales de la provincia de San Luis, mas precisamente en el areá Conflictos Laborales, por coacción a la desafiliación y por no aplicar las ordenanzas de recategorización. La denuncia llega en una provincia y en  país donde el discurso oficial presenta a los gremios como parte de «la casta» y busca, con ello, estigmatizar al sindicalismo y debilitar la organización de quienes trabajan en el Estado.

Entonces, cabe preguntar por qué los gobiernos conservadores y/o de derecha insisten en desprestigiar o anular  a los sindicatos. Con matices, el modus operandi se repite. Primero instalan la idea de que el sindicato es un privilegio, una corporación, una «casta» que vive de les trabajadores en lugar de defenderles. Después lo aíslan. Cuando la sociedad ya lo mira con desconfianza, lo debilitan con reformas que le quitan herramientas, con presión directa sobre quienes lo integran o con sobornos y cooptación. Y así, queda un Estado empleador sin contrapeso, donde el derecho laboral es una concesión de la autoridad de turno.

La discusión nacional suele sentirse lejana, pero se aplica con facilidad a la realidad puntana.

El martes 29 de septiembre, ATE San Luis presentó una denuncia formal ante la Dirección de Relaciones Laborales de la Provincia, Área de Conflictos Colectivos. La firma su secretario general, Fernando Gatica, con el patrocinio del abogado Francisco Guasconi. Apunta contra la Municipalidad de la ciudad de San Luis, en la gestión del intendente Gastón Hissa, a través de su Dirección de Recursos Humanos.

El escrito plantea dos ejes. El primero son las prácticas desleales y antisindicales, con coacción e inducción a la desafiliación de les empleades municipales que integran el gremio. Se apoya en el artículo 53 de la ley 23.551 de asociaciones sindicales, que considera prácticas desleales las conductas del empleador que condicionan el empleo a la afiliación o a su renuncia, o que modifican las condiciones de trabajo para dificultar el ejercicio de derechos sindicales. El segundo eje es el incumplimiento de las ordenanzas municipales que regulan la promoción automática, la recategorización y el pase a Planta Permanente.

Tras la presentación, Relaciones Laborales convocó a las partes a una audiencia de conciliación el viernes 2 de octubre. Allí el gremio exigirá un plan de adecuación de las recategorizaciones pendientes en cinco días y el cese inmediato de lo que define como hostigamiento y persecución. Si no hay respuesta, anuncia un plan de lucha con asambleas permanentes y medidas de fuerza.

La denucnia reserva además acciones judiciales: una querella por práctica desleal, un amparo sindical y denuncias penales por abuso de autoridad. También anticipa una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los convenios 87, 98 y 151. El 87 garantiza el derecho a organizarse sin injerencias, el 98 protege contra la discriminación antisindical y ampara la negociación colectiva, y el 151 extiende esas garantías a les trabajadores del sector público.

La denuncia excede una disputa salarial o una categoría mal liquidada. Sostiene que hay un intento de que les trabajadores abandonen el sindicato y que, al mismo tiempo, no se cumplen normas que el propio municipio sancionó hace once años para ordenar las carreras de sus empleades.

Así, un derecho alcanzado, como el pase a planta o la recategorización automática, deja de ser una obligación de la administración y pasa a ser un favor que se otorga o se retiene. Si además afiliarse tiene un costo, cada trabajadore queda sole frente a quien decide sobre su empleo. El pedido del gremio de que las ordenanzas se cumplan «respecto de la totalidad del personal sin distinción gremial» apunta a ese punto: los derechos no deberían depender de la afiliación de cada persona.

Ante eso, cabe preguntar si en la Municipalidad de San Luis la relación entre el gobierno y sus empleades se rige por normas y representación colectiva o por la discrecionalidad.

La estigmatización hacia el sindicalismo que ejerce el gobierno de Gaston Hissa instala la desconfianza hacia las dirigencias, sobre las que puede haber críticas legítimas, pero el tema es la insistencia en demonizar al gremio en su conjunto en lugar de promover la participación sindical de les trabajadores e instar con ello ala profundización de la vida democrática. Sin organización colectiva no hay paritarias que discutir, ni delegades que reclamen, ni nadie que advierta que una ordenanza se incumple. Y eso parece que busca Gastón Hissa y su gestión alineada a Claudio Poggi y a Javier Milei.

Cuando el ataque de la patornal llega por la vía administrativa, la señal hacia el resto de la planta  de trabajadores es todavía más fuerte. Si afiliarse trae problemas, la mayoría aprende a no afiliarse y el debilitamiento se logra sin prohibir nada. Y así, entre gobiernos que desalientan la sindicalización y que promueven y transan con las burocracias sindicales, quienes pierden son les trabajdores. 

ATE llega a esta audiencia en el año de su centenario, con una larga historia en la defensa del empleo público. Con esta denuncia, el gremio expone lo que entiende como una gestión municipal que busca gobernar sin trabajadores sindicalizados que exigen derechos. El viernes 2 de octubre, en Relaciones Laborales, la Municipalidad dará una primera respuesta.