Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional -FMI-, aterrizó este lunes en Buenos Aires invitada por Javier Milei para una visita institucional de 48 horas. Se reunió con el Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central Santiago Bausili, participó de una reunión de gabinete ampliada -algo inédito para una funcionarie del organismo- y viajó a Vaca Muerta. No vino a preguntar cómo estamos: vino a chequear si el ajuste avanza según lo pactado.
Una agenda a la medida del ajuste
La jornada arrancó en el Ministerio de Economía y siguió en Casa Rosada a las 14, con Milei esperándola después de diez meses sin verse cara a cara. Ahí participó de la reunión de gabinete, un gesto que exhibe hasta qué punto el Fondo tiene injerencia directa en las decisiones del Estado argentino. La agenda sumó una cena con el círculo empresarial que más gana con este modelo y una recorrida por Loma Campana, en Vaca Muerta, donde Horacio Marín, presidente de YPF, la recibió para mostrarle de dónde van a salir los dólares con los que Argentina le paga al propio organismo.
Caputo celebró la visita en redes: «un privilegio y un honor recibir tu visita a nuestro país». Georgieva, por su parte, viene ponderando desde hace meses el programa económico como un caso testigo para el resto del mundo, elogio que repitió puertas adentro mientras las cuentas fiscales muestran otra cosa: el superávit primario acumulado bajó de 0,7% a 0,6% del PBI entre mayo y junio, lejos de la meta de 1,4% fijada para todo 2026.
68 años de ajuste con el mismo sello
La relación entre Argentina y el Fondo empezó en 1958, cuando Arturo Frondizi firmó el primer stand-by, apenas dos años después de que el país ingresara al organismo. El crédito llegó atado a un plan de estabilización que marcó un ciclo que se repite hasta hoy: apertura económica, ajuste fiscal y promesas de crecimiento que nunca llegan.
En 1976, meses después del golpe, la dictadura de Videla consiguió con Martínez de Hoz un stand-by de 300 millones de dólares, el mayor otorgado hasta entonces a un país latinoamericano. Ese giro habilitó el ingreso de créditos de bancos privados y disparó la deuda externa, que trepó a 42.000 millones de dólares para 1982. El Fondo financió el terrorismo de Estado con el bolsillo del pueblo argentino.
Entre 1991 y 2001, Menem y Cavallo ataron el peso al dólar con el aval permanente del organismo, que firmó cinco acuerdos en la década. El modelo privatizó empresas públicas, desreguló la economía y multiplicó la desocupación, hasta que el esquema colapsó en diciembre de 2001 y millones de personas perdieron sus ahorros en el corralito.
En 2018, Mauricio Macri pidió y recibió el préstamo más grande de la historia del FMI: 57.000 millones de dólares. La promesa era frenar la corrida cambiaria; el resultado fue fuga de capitales, devaluación y una recesión que empobreció a la clase trabajadora. El propio organismo reconocería después que el programa fracasó en sus objetivos centrales.
En 2022, el gobierno de Alberto Fernández negoció un acuerdo de Facilidades Extendidas para pagar la deuda que había dejado Macri, con Martín Guzmán al frente de la mesa. Sirvió para evitar el default, pero perpetuó el condicionamiento: metas fiscales, límites al gasto público y la misma lógica de ajuste que atraviesa toda la relación entre Argentina y el Fondo.
Ningún programa evitó las crisis. Cada una de las grandes debacles económicas de la historia reciente ocurrió con un acuerdo del FMI vigente, y quienes firman los créditos nunca son quienes pagan el costo social del ajuste. Esa cuenta, 68 años y más de 20 acuerdos después, la sigue pagando el pueblo trabajador.
