Un posteo en la red social X con el conteo exacto de los días de gestión abre, el 4 de mayo, un proceso que termina el 20 de mayo con la sanción de una nueva Ley de Ministerios en la Legislatura de San Luis. Entre ambas fechas, el gobernador Claudio Poggi pide la renuncia del 100% de sus funcionaries políticos, anuncia la eliminación de ocho estructuras administrativas y presenta la medida como una respuesta ineludible a la caída de la coparticipación federal.
El resultado, sin embargo, no es la desaparición de cargos sino su reacomodamiento ya que la mayoría de las áreas suprimidas conservan sus funciones, su personal y, en varios casos, a las mismas personas que las conducían, ahora bajo otro nombre y dentro de otra cartera.
El punto de partida es económico. A través de la Agencia de Noticias San Luis, el propio Gobierno provincial difunde el 30 de abril un informe que reconoce una caída acumulada del 7,14% en las transferencias automáticas de coparticipación durante el primer cuatrimestre de 2026, con una proyección de nueva baja para mayo. Sobre esa base, Poggi construye el relato de una provincia obligada a «achicar» el Estado. Pero los propios datos oficiales de origen nacional lo contradicen ya que según un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado San Luis, difundido en base a cifras del Ministerio de Economía de la Nación, la provincia acumula depósitos por más de 2,29 billones de pesos en el Banco Central y otros 2,06 billones en el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales, además de un superávit financiero superior a los 100.000 millones de pesos.
La nueva Ley de Ministerios, que el Senado provincial vota por unanimidad de los presentes el 19 de mayo y Diputados sanciona al día siguiente por 29 votos contra 12, reduce el organigrama de 22 a 14 ministerios y secretarías con rango ministerial: una Secretaría General de la Gobernación, ocho ministerios y cinco secretarías de Estado. El oficialismo lo presenta como «una reducción superior al 30% de la estructura política preexistente».
El propio texto del proyecto desmiente la idea de un recorte real de estructura estatal. Las competencias de las áreas eliminadas no desaparecen sino que se redistribuyen. El Ministerio de Ciencia e Innovación, a cargo de Pedro Canali hasta el 6 de mayo, deja de existir como cartera propia, pero sus funciones de investigación y desarrollo tecnológico pasan al Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública, la Dirección de Estadísticas y Censos queda en la misma órbita, el área de Innovación Educativa se traslada a Educación y la Red de Estaciones Meteorológicas pasa a depender de la Agencia de Ciencia y Tecnología. La Secretaría de Comunicación, conducida por Diego Masci, deja de tener rango ministerial pero no deja de existir: toda su estructura, incluida la Agencia de Noticias San Luis, se absorbe bajo la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Romina Carbonell. Masci, uno de los funcionaries de mayor confianza del gobernador, permanece dentro de la órbita de poder a través del Grupo LoLa. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reparte entre los ministerios de Turismo y Cultura y de Desarrollo Productivo Sustentable, que también absorbe las competencias de la eliminada Secretaría de Actividades Logísticas. La Secretaría de Asuntos Institucionales y Enlace Parlamentario pasa a integrar la Secretaría Legal y Técnica. Solo la Secretaría de Vinculación Interjurisdiccional, que ocupaba Gabriela González Riollo desde la Casa de San Luis en Buenos Aires, desaparece sin que sus funciones queden explícitamente asignadas a otra área.
Está claro que lo que cambia es el organigrama, no el tamaño real del aparato estatal.
Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad, el Boletín Oficial de la provincia continúa publicando designaciones. Y en el organigrama provincial también puede listarse a les familiares de Poggi: la presencia de María Victoria Poggi, hija del gobernador, como subdirectora de Personas Jurídicas, y de Sandra Correa, esposa de Poggi. Por otra parte, cabe alertar que la administración provincial nunca publicó el número total de funcionaries y contratades, lo que permitiría medir el alcance real de la reforma.
El caso más elocuente de esa lógica es el del propio ex Ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Alberto Ordoñez. Ordoñez deja el ministerio con la reestructuración, pero no deja la estructura del Estado: el Decreto Nº 7932-SGG-2026, firmado el 8 de julio y publicado recién el 7 de agosto en el Boletín Oficial Nº 16.129, homologa un contrato de prestación de servicios entre la Secretaría General de la Gobernación y el ex ministro, a quien Poggi encomienda la «coordinación interministerial» bajo dependencia directa de Gobernación. El decreto reconoce que el contrato fija una remuneración mensual y un plazo de vigencia prorrogable, pero ninguno de esos dos datos se hace público. La diputada provincial Sosa Araujo, del bloque Justicialista, expone el caso en la Legislatura y sostiene que la contratación encuadra en el artículo 18 del Decreto 150-SGG-2023 —prorrogado por la Ley V-1164-2025—, la misma norma de emergencia que prohíbe incorporar personal salvo excepciones acotadas a salud, educación, seguridad y justicia. Ordoñez, señala la legisladora, fue contratado para coordinar ministerios, una función que no encuadra en ninguna de esas excepciones y que, además, se superpone con competencias que la propia Ley de Ministerios V-1195-2026 ya le había asignado a la Secretaría General de la Gobernación. Para Sosa Araujo, la contratación es «nula, de nulidad absoluta». El oficialismo no respondió a su exposición en el recinto.
Y siguen los ejemplos. Gabriel Rivero, quien había sido secretario de Deportes durante los primeros meses de la gestión de Poggi, deja ese cargo meses antes de la reforma por motivos personales. En julio, el propio gobernador lo reconvoca para «colaborar en el área de Recursos Humanos» y su vínculo se formaliza mediante un contrato de servicios homologado bajo el Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública por 5,7 millones de pesos: tres meses a 1,9 millón mensual por tareas de consultoría. El propio Poggi había planteado, para describir el límite del achicamiento, que «no entra un alfiler más» en el Estado. La contradicción es la misma que expone el caso Ordoñez: eliminar un cargo del organigrama no necesariamente elimina el gasto asociado a la persona que lo ocupaba, solo lo traslada de una partida presupuestaria a otra.
El tercer caso no pasa por un contrato, sino por un vaivén entre dos poderes del Estado. Federico Trombotto es electo senador provincial por el departamento San Martín en 2025, pero apenas jura pide licencia en la banca para seguir al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, cargo que ya ocupaba. Se mantiene así, como ministro con la banca en pausa, durante más de un año. El 13 de agosto de 2026, en plena implementación de la Ley de Ministerios, Poggi le acepta la renuncia al Ministerio para que retome su lugar en el Senado, y designa en su reemplazo al ingeniero Juan Ríos. Pero Trombotto dura menos de un mes como senador ya que a principios de septiembre pide una nueva licencia legislativa y regresa al Gabinete, otra vez al frente de Desarrollo Productivo Sustentable. El movimiento coincide, en ambos sentidos, con la necesidad del oficialismo de reunir los dos tercios de los votos en el Senado para la reforma constitucional impulsada por Poggi. Así Trombotto deja el Ejecutivo cuando su voto es imprescindible en la Cámara, y vuelve al Ejecutivo apenas ese voto deja de serlo. El mismo funcionario y dos cargos que se intercambian según la conveniencia legislativa del gobernador.
El contraste entre la estructura previa y la actual queda así:
Sobre el ahorro que supuestamente genera la reforma, el propio proyecto de ley no incluye una cifra oficial proyectada, y el Gobierno provincial no ha publicado aún ninguna auditoría o estudio técnico que cuantifique el impacto presupuestario real de la reestructuración. El presupuesto 2027 que Poggi elevó a la Legislatura a fines de agosto —$2,585 billones en total— tampoco desagrega públicamente el gasto en cargos políticos por jurisdicción de manera que permita verificar cuánto se ahorra, si es que se ahorra algo, con la eliminación de las ocho estructuras. La única cifra de ahorro que circuló en medios provinciales, del orden de los 1.200 millones de pesos anuales, no está atribuida a ningún informe oficial ni a ninguna fuente verificable, lo que la deja en el mismo terreno que el resto del relato de austeridad: una afirmación sin números que la respalden.
La reforma llega, además, en un momento político preciso. El Ministerio de Ciencia e Innovación que se elimina el 6 de mayo es una de las carteras que maneja el sector de Adolfo Rodríguez Saá dentro de la coalición de gobierno, que en los últimos meses retomó actividad territorial de cara a 2027.
Es decir, la Ley de Ministerios no solo redibuja el organigrama sino que despeja de la estructura de poder a dirigentes con lealtades distintas a las del gobernador, en el año en que Poggi empieza a construir su candidatura para la próxima elección a gobernador.
