El 74,2% de las familias de los barrios populares de San Luis sufre inseguridad alimentaria. El dato surge del primer Monitoreo Económico, Social y Alimentario de los Barrios Populares de San Luis (M.E.S.A.), un relevamiento realizado por el movimiento Libres del Sur en la ciudad de San Luis, junto al Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) San Luis.
La inseguridad alimentaria ocurre cuando una persona o un hogar no tiene acceso regular y garantizado a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para crecer, desarrollarse y llevar una vida activa y saludable.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), este problema no se limita solo a «pasar hambre» (que es la sensación física dolorosa por la falta extrema de comida). También abarca la incertidumbre constante sobre la disponibilidad de los alimentos o la necesidad de sacrificar la calidad de la dieta por falta de dinero u otros recursos
Y eso que la FAO describe como Inseguridad alimentaira es algo que sucedes en San Luis y asií lo detalla el informe por M.E.S.A e ISEPCI, elaborado a partir de 240 encuestas realizadas entre el 16 de junio y el 7 de agosto de este año en los barrios populares de la ciudad puntana. Y confirma con números lo que las organizaciones sociales vienen denunciando hace meses: casi 3 de cada 4 hogares tuvieron que dejar de comer carne, verduras, frutas o cereales, reducir las porciones de alguna comida o directamente saltearse comidas por falta de dinero.
En diálogo con La Bulla, el dirigente integrante del Libres del Sur, Joaquín Mansilla explica que el trabajo busca dar sustento a lo que se ve todos los días en los barrios. «Es un informe que arroja la primera cifra impactante de que el 74,2% de las familias en los hogares de los barrios populares sufre inseguridad alimentaria. Esto quiere decir que casi 3 de cada 4 de los hogares en el último mes, en los barrios de San Luis, tuvieron que dejar de comer carne, verduras, frutas o cereales, los alimentos más caros, o tuvieron que reducir las porciones de alguna de la comida o tuvieron que directamente saltearse comidas», detalla.
El relevamiento toma como referencia el último registro oficial del Registro Nacional de Barrios Populares (RENAVAP), que contabiliza más de 2.000 familias en los 13 polígonos de barrios populares de la ciudad de San Luis. La encuesta de M.E.S.A. alcanzó a más del 10% de esas familias, un muestreo que Mansilla definió como una herramienta «no sólo para visibilizar los problemas, sino que en general cuando hay voluntad política sirve como una hoja de ruta para saber dónde ir a actuar con más eficiencia».
Deudas, planes sociales y trabajo informal: la trama del ajuste en los barrios
El informe también mide la capacidad de las familias para llegar a fin de mes: el 58,3% no llega, el 26,3% llega recortando gastos y apenas el 15,4% logra llegar sin sobresaltos. «Casi el 60%, el 58,3% no llega a fin de mes, pero hay otro 26,3% que llega recortando gastos. Con lo cual, también es un dato de que no le alcanza su ingreso para todo lo que necesitaría en el mes», señala Mansilla.
A esa dificultad se suma el endeudamiento: el 69,2% de las familias encuestadas tiene deudas formales o informales, ya sea con bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales, o con prestamistas del barrio. Mansilla remarcó que ese endeudamiento incide de manera directa en la mesa de las familias: mientras las familias sin deudas tienen una incidencia de inseguridad alimentaria del 51,4%, entre las familias endeudadas ese número trepa al 84,3%. «Ahí tenés cómo va vinculado muy directamente la situación crítica del endeudamiento que tiene afectando a la mesa y a la comida de las familias en la mayoría de los casos», afirmó.
El informe releva además una particularidad puntana: entre las familias con integrantes en el Plan de Inclusión Social, la inseguridad alimentaria alcanza al 82,4%, muy por encima del promedio general. «No es el 82,4% de la familia ha tenido que dejar de comer carne, fruta o verdura, ha tenido que reducir sus porciones en la comida o directamente han tenido que saltar comida. En el plan de inclusión esto se nota con mucha más profundidad», explica Mansilla, y vinculó esa situación a años de informalidad laboral sin aportes ni posibilidad de organización gremial dentro del programa provincial.
A esto se agrega la informalidad laboral crónica: el 76,7% de las familias de los barrios populares no tiene ningún integrante con trabajo registrado. «El trabajo formal o el trabajo en blanco en los barrios es una excepción», sostiene el dirigente.
Mansilla apunta de manera directa contra el gobierno provincial por el trato hacia los y las trabajadoras del Plan de Inclusión Social, uno de los ejes de campaña de Claudio Poggi. «El plan de inclusión fue objeto de uno de los ejes de campaña del gobierno de Poggi y que lejos de solucionar los problemas que el plan tenía en términos de precarización, en términos de persecución laboral, de hostigamiento por lo que pusieron un me gusta en las redes sociales, por si se sacaban una foto o lo que sea, y por lo de también lo de la precarización y el corto alcance del salario, porque ellos hacen la misma tarea muchas veces que lo hacen los empleados públicos, pero cobran 10 veces menos, eso lejos de solucionarlo Poggi lo profundizó, o lo continuó o lo empeoró», denuncia. Y agrega: «El maltrato, la persecución, el desprecio y la marginación de la gente del plan en este gobierno ha sido igual o peor que como venía siendo antes.»
Para Mansilla, los números no son producto de la casualidad ni de la simple ausencia de políticas públicas, sino de un modelo económico deliberado. «Nosotros denunciamos que esto es producto de las políticas públicas de Javier Milei y Claudio Poggi que percuten en la mesa de los barrios», afirma al tiempo que agrega que la concentración de recursos en pocas manos tiene como contracara directa la falta de recursos en los barrios populares, mientras bancos y billeteras virtuales acumulan ganancias extraordinarias a partir del endeudamiento de las familias trabajadoras.
Sobre el gobierno nacional, Mansilla fue igual de directo y apuntó contra el ajuste celebrado públicamente por Javier Milei. «El plan de Milei, de la motosierra, de festejar públicamente como un gran éxito que hicieron y que viene a ser el ajuste más grande de la historia, tiene este objetivo. Cuando ellos hablan del recorte, que no es un recorte sino un corte con motosierra brutal, hablan de los recortes en los gastos y en la inversión del Estado en la sociedad. Recortan planes, recortan salarios, frenan la economía», afirma.
Sobre el discurso oficial de haber controlado la inflación, Mansilla fue contundente: «Frenar el consumo es esto que estaba mostrando en el informe, que la gente consume menos carne, consume menos pan, consume menos leche y en definitiva come menos. Esa era la motosierra que vino a ser mi ley y que está generando estos resultados». El dirigente remarca que la medición se realizó en julio de 2026 y que, desde esa perspectiva, la percepción de las familias es que la situación empeoró respecto de fines de 2023, cuando asumieron los gobiernos de Milei y Poggi.
Mansilla insiste en que los recursos para resolver la emergencia alimentaria existen y que lo que falta es voluntad política y coordinación entre el Estado provincial, el municipal, las organizaciones sociales, las iglesias y las escuelas insertas en los barrios. Recuerda que en 2017, como diputado provincial, presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en San Luis, y adelanta que el Índice Variable de Situación Nutricional que vienen sosteniendo desde entonces se actualizará durante la segunda mitad de este año.
El informe de M.E.S.A. deja en evidencia que el hambre en los barrios populares de San Luis no es un efecto colateral ni una consecuencia inesperada, sino el resultado directo de decisiones políticas tomadas en dos niveles de gobierno. A nivel nacional, el plan motosierra de Javier Milei convierte el ajuste en un objetivo en sí mismo, celebrado como éxito mientras recorta planes, salarios y prestaciones que sostenían la mesa de las familias trabajadoras. A nivel provincial, Claudio Poggi profundiza la precarización de los y las trabajadoras del Plan de Inclusión Social, la misma herramienta que había prometido dignificar en campaña, y convierte el hostigamiento laboral en una forma más de sostener el ajuste sobre los sectores populares. Entre uno y otro gobierno, la cadena de endeudamiento con bancos, billeteras virtuales y prestamistas informales termina de cerrar un círculo que traslada a la mesa de los barrios el costo de un modelo económico que concentra recursos en pocas manos.
Por eso, este informe pone sobre la mesa lo que el Estado no releva ni reconoce: que el hambre en la provincia tiene nombre, apellido y responsables políticos concretos.
