Tras 8 años, Jorge Desprez fue imputado por abuso sexual agravado y gravemente ultrajante
El lunes 29 de junio, después de ocho años de espera, la causa por abuso sexual contra el profesor de educación física Jorge Horacio Desprez sumó un movimiento clave: la Fiscalía de Género Nº 2 de la ciudad de San Luis reformuló la imputación y pasó de considerarlo abuso sexual simple a abuso sexual gravemente ultrajante y agravado.
Detrás de ese cambio de carátula hay ocho años de denuncias que empezaron cuando la víctima tenía entre 8 y 12 años, intentos de suicidio, una prescripción que estuvo a punto de cerrar la causa tres veces, y una medida de restricción que, otra vez, terminó protegiendo más la rutina del acusado que la salud psicológica de quien denunció.
Así lo relata a La Bulla la abogada querellante Alejandra Sánchez Di Genaro, quien plantea que el enemigo clave no es Desprez, sino el sistema judicial con años y años de dilaciones que solo protegen al imputado y revictimizan a quien se anima a denunciar.
Ocho años de pelota de ping-pong
Desprez era profesor de educación física en la escuela Paula Domínguez de Bazán de la ciudad de San Luis cuando en 2018 una de sus alumnas se animó a denunciarlo. No era la primera vez que su nombre circulaba en un expediente. «2007 con una denuncia formal en la comisaría del menor que se elevó al juzgado de entonces familia (…) nunca llegó a nada», cuenta Sánchez Di Genaro. En 2009 hubo otra denuncia dentro de la escuela por la costumbre del profesor de sentar en su falda a nenas de 8 y 9 años durante las clases de los sábados, cuando quedaba solo con las alumnas: la única sanción fue suspenderlo de esa actividad puntual. En 2014, una nueva denuncia penal por acceso carnal a una menor terminó archivada por el juez de turno.
Cuando en 2018 la denuncia actual finalmente se conoce públicamente, la reacción de la escuela no fue de contención sino de disciplinamiento hacia las propias alumnas. «La juzgaron de problemática, de quilombera, llamaron a la comisaría del menor para que saquen a sus propias alumnas del colegio», describe la abogada. Después, cuando el caso trascendió en los medios, la institución organizó un abrazo solidario para cuidar el prestigio de la escuela. Ninguna de esas respuestas institucionales estuvo dirigida a la protección de las niñas.
Desde entonces, la causa fue tratada, según la propia abogada, como «una pelota de ping pong» entre fiscales y jueces que en cuatro años solo discutieron si el delito había prescripto, una y otra vez, sin avanzar en la investigación de fondo. «Doce funcionarios judiciales entre fiscales y jueces consideraron por unanimidad que era un abuso sexual gravemente ultrajante. Pero la fiscalía no hacía lo que hizo el lunes, que es ampliar la imputación de los cargos», señala Sánchez Di Genaro. Mientras tanto, Desprez fue sancionado por cesantía en el Ministerio de Educación desde 2020 —tiene prohibido ejercer cualquier cargo educativo en la provincia—, pero la causa penal siguió sin resolución, y los dos fiscales que intervinieron al inicio del proceso murieron sin que nadie los responsabilizara por los años de demora.
El próximo paso depende otra vez de la Fiscalía de Género 2 a cargo de la fiscal adjunta de Mercedes del Valle García, quien debe presentar la acusación formal antes de que el caso pueda llegar a juicio oral, previsto recién para 2027 o 2028.
Cuando la propia justicia revictimiza
El cambio de carátula fue, para la querella, un logro tardío y a fuerza de insistencia. «Es puro mérito de la querella y no del sistema», resume Sánchez Di Genaro, y agrega que tuvieron que advertir con acudir al procurador general para conseguir que la Fiscalía de Género las atendiera: «Tengo que amenazarte que voy a ir a tu superior para que vos hagas tu trabajo y recién ahí lo vas a hacer». Pero la misma audiencia del lunes dejó una herida abierta: la jueza rechazó la orden de restricción amplia que pedía la querella y resolvió una perimetral limitada solo al horario de los talleres a los que asiste Desprez, sin contemplar los horarios ni los espacios de estudio de la víctima, hoy estudiante de Psicología en la Universidad Nacional San Luis, institución donde también asiste el imputado a talleres para adultos mayores. «¿Cómo perimetral sin metros? Con el daño a la salud que hemos demostrado de la víctima (…) la víctima no puede estudiar tranquila», cuestiona la abogada, que ya anunció que apelará esa parte de la resolución.
Ese detalle no es menor ya que expone cómo incluso una decisión judicial favorable puede seguir revictimizando. Sánchez Di Genaro recuerda además las audiencias de los primeros años, cuando la defensa del imputado «se agarraba los testículos en las caras de las víctimas» y las trataba de mentirosas frente a funcionaries judiciales que, según su relato, no intervenían. Y pone el foco en un dato que atraviesa toda la causa: quienes sostuvieron el silencio alrededor de Desprez durante años no fueron únicamente hombres. «Estamos hablando de mujeres atravesadas por un machismo peor que el de un varón (…) mujeres han encubierto dentro de la escuela, fuera de la escuela, declarando que nunca escucharon jamás ningún mal concepto de este profesor», afirma. Para la abogada, ese entramado de silencios y lealtades es la prueba de que el problema no es un hombre aislado sino una cultura institucional —escolar y judicial— que protege sistemáticamente a los varones señalados por abuso.
La propia Sánchez Di Genaro conecta su caso con lo que hoy atraviesan sus colegas Fernanda Pereyra Jameson y Estrella Marín, denunciadas y hostigadas por litigar en causas de abuso sexual en San Luis: «Nos andan persiguiendo a nosotras como la están persiguiendo ahora». Es la misma lógica: cuando una causa de abuso empieza a moverse, la reacción del sistema no es acelerar la justicia, sino disciplinar a quienes la impulsan.
Mientras tanto, Jorge Horacio Desprez sigue en libertad, sin condena, y con personas de su entorno que continúan respaldándolo. La causa recién podría llegar a juicio oral dentro de dos años. «¿Cuántas niñas van a ser abusadas y no vamos a tener ni siquiera conocimiento de cuántas chicas abusadas puede haber?», pregunta la abogada.
La pregunta queda flotando, como flotó la causa durante ocho años en algún cajón de Tribunales de San Luis.
Escuchá la entrevista completa mantenida con la abogada Alejandra Sánchez Di Genaro:
