«Nos quieren silenciar judicialmente»: violentan a abogadas que litigan contra casos de abuso sexual

El 23 de junio, a la salida de una audiencia, las abogadas feministas Fernanda Pereyra Jameson y Estrella Marín —del estudio Abogando Perspectivas— fueron hostigadas, insultadas y amenazadas por las letradas Victoria Robledo y Ana María López, defensoras del imputado en causas de abuso sexual que ellas patrocinan. El periodista Eduardo Olivares completó la escena de patoterismo dentro del café contiguo al Poder Judicial. El Colegio de Abogados/as de San Luis no emitió una sola palabra.

Fernanda Pereyra Jameson y Estrella Marín son abogadas feministas. Llevan años acompañando causas de abuso sexual y violencia de género que el sistema judicial había encajonado durante años. Causas que, sin su intervención sostenida, hubieran seguido sin moverse. Esa es, exactamente, la razón por la que el 23 de junio las esperaban en la puerta.

Ese día, al salir de una audiencia de familia en la Primera Circunscripción Judicial, las abogadas Victoria Robledo y Ana María López —defensoras del imputado en una de esas causas de abuso sexual— las interceptaron. La situación escaló rápido. «Nos agarraron en la puerta y nos insultaron. Ana María López se vino como para pegarnos. Victoria la sostenía para que no nos pegara, a ese extremo. Nos gritaba: hijas de puta, nos arruinaron la vida», relata Fernanda Pereyra Jameson en dialogo con La Bulla. El episodio las obligó a refugiarse en el café ubicado al lado del Poder Judicial.

Pero ahí no terminó. El periodista Eduardo Olivares —ex esposo de Ana María López— ingresó al local y continuó la agresión. «Entró apoyándose en la mesa, gritándonos. Desde la puerta le gritaba a Ana María: Dejalas, dejalas, esas tontas», detalla Pereyra Jameson. El café estaba lleno. Había funcionarios que trabajan para el Poder Judicial. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada.

Solo las mozas del lugar reaccionaron: les ofrecieron las cámaras de seguridad.

Un ataque que no surge de la nada

Para comprender lo que ocurrido ese lunes hace falta contexto. Pereyra Jameson y Marín son las abogadas querellantes en causas que involucran al actual esposo de Ana María López como imputado por abuso sexual. Causas que venían frenadas por años y que comenzaron a moverse luego de la intervención del estudio Abogando Perspectivas. «Hay tres causas que venían de hace 10 años paradas. Después de nuestra intervención y de un trabajo muy arduo se empezaron a mover», señala Fernanda. Lo que detonó el ataque del 23 de junio, entonces, no fue ningún escrache: fue el movimiento de esas causas, que ponen en jaque a personas con poder.

Estrella Marín lo dice con cprecisión: «Esto es como el final anunciado y no esperado, porque nosotras efectivamente venimos acompañando causas de abuso sexual, de violencia sexual, de violencia de género». Y añade un dato que agrava el panorama: antes del episodio callejero, las mismas abogadas ya las habían denunciado penalmente y ante el Colegio de Abogades. «Nos denuncian por calumnias e injurias, nos cautelan, es decir, que nosotras no podíamos hablar. Nos quieren silenciar judicialmente. Nos piden 44 millones porque supuestamente esa es la ofensa que nosotras generamos», detalla Marín. Un tribunal rechazó esa cautela al entender que todo lo relacionado con delitos de interés público y abusos sexuales no constituye calumnia ni injuria. Pero la denuncia ante el Colegio sigue activa y pide la suspensión de la matrícula de ambas abogadas.

Este antecedente es fundamental para entender la lógica del hostigamiento. No se trata de un conflicto entre partes litigantes, se trata de una estrategia sistemática para sacarlas del juego antes, durante y después de cada audiencia. La persecución a abogadas que acompañan casos de abuso es violencia política de género, definida normativamente como aquella que actúa mediante intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito y amenazas para impedir o limitar el desarrollo de derechos y la participación de las mujeres. Su propósito es  producir un efecto disciplinador que haga pensar dos veces a cualquier otra abogada antes de tomar un caso así.

La propia jurisprudencia argentina reconoció este patrón. En un antecedente documentado, la justicia debió exhortar formalmente a un abogado defensor para que no ejerciera actos de intimidación contra la denunciante ni realizara acuerdos en su detrimento, lo que muestra que el hostigamiento desde la abogacía de la parte imputada es un fenómeno que el sistema se ha visto obligado a nombrar y frenar —aunque pocas veces lo hace.

El caso de Eduardo Olivares suma otra capa. Fernanda Pereyra Jameson señala que este no es un comportamiento nuevo: «No es la primera vez que Eduardo Olivares es denunciado por violento». Y su presencia ese día no fue casual ni espontánea. Olivares, periodista reconocido en San Luis, llegó al café mientras las abogadas buscaban refugio y agravó la situación con plena conciencia de lo que hacía. Lo hizo frente a otres periodistas que estaban presentes —porque el escándalo convocó cámaras de varios medios— y que, al momento de publicación de esta nota, no habían sacado ninguna cobertura, con la excepción de dos medios.

El Colegio que acompaña a les que violentan

Lo que ocurrió en ese café es, también, la expresión visible de algo mucho más profundo que ocurre puertas adentro del sistema judicial. Estrella Marín lo explica así:  «El Colegio de Abogades no ha salido a decir absolutamente nada. Nosotras somos matriculadas de ese Colegio. No nos han hecho ningún tipo de acompañamiento. Colegio que acompañó a estas letradas, a la doctora Ana María López y Robledo, porque justamente el tribunal que falló a favor nuestro les marca una sanción y ellas fueron, se presentaron, se sacaron una foto».

Es decir, el Colegio de Abogados/as de San Luis tomó posición. No explícitamente, no con un comunicado, sino con su silencio y su presencia junto a quienes el tribunal sancionó. Ese gesto vale tanto como una declaración.

El Poder Judicial no es un espacio neutral donde se dirime la ley. Es una estructura que reproduce los mismos prejuicios que las víctimas de abuso denuncian. Por eso no resulta extraño que el hostigamiento a las abogadas litigantes rara vez sea sancionado o siquiera reconocido como tal. La cultura judicial tiende históricamente a minimizarlo, desacreditarlo o simplemente ignorarlo. Esta estrategia de desacreditación hacia quienes representan a víctimas no es nueva ni improvisada. Es la reedición de un mecanismo conocido para silenciar a quienes se atreven a defender.

Al interpelar a un agresor con poder, las abogadas feministas no enfrentan solo al denunciado, sino que activan una estructura de lealtades que responde como un cuerpo: familiares, colegas, allegados que se sienten convocades a defender el pacto antes que a la víctima. Eso explica por qué la represalia no vino únicamente del imputado sino de su entorno completo. Su esposa letrada, la socia de ella, su ex esposo periodista. El ataque del 23 de junio no fue la reacción descontrolada de una persona enojada. Fue el despliegue coordinado de ese pacto.

«Todo un bloque de personas apoyando al imputado en causas de abuso sexual», dice Fernanda. Y agrega: «Él tiene poder. Ella tiene poder. El resto son pobres. Entonces se pudieron mover porque hay encajonamiento, pero como tiene poder sigue ahí».

Las consecuencias personales de todo esto son reales y concretas. «Estamos viviendo un nivel de angustia muy fuerte, de no poder dormir. Ese día me quedé consternada, fui a buscar a mi hija a la escuela porque no quería que anduviese sola. Bajamos en un kiosco, pasó un pibe corriendo y yo tenía terror de que fuera alguno de estos abogados. Por el miedo y por la soledad que sentimos», relata Fernanda Pereyra Jameson.

Estrella Marín cierra con una imagen que lo dice todo: «El café estaba repleto, más de masculinos que de otra cosa. Nadie dijo absolutamente nada cuando apareció Olivares. Silencio absoluto». Esa solidaridad muda con el que agrede y ese silencio ante la violencia no son accidentes sino el sistema patriarcal funcionando exactamente como fue diseñado.

Es evidente que con todo este accionar violeto y en bloque, busca disciplinar y silenciar a las abogadas. Que otras abogadas lo piensen dos veces. Que las víctimas vean que sus representantes también son vulnerables. Que el miedo haga el trabajo que la justicia se niega a hacer.

Pero, las abogadas no están solas.

Escuchá la entrevista completa mantenida con las abogadas Fernanda Pereyra Jameson y Estrella Marín: