Marta Cejas sobre el femicidio de su hija Marilyn: “Nos deben la verdad y nos deben la justicia”

A casi 14 años del femicidio de Marilyn Cejas, la voz de su madre vuelve a irrumpir en el espacio público como un acto político, colectivo y profundamente feminista. Marta Cejas no sólo nombra el dolor sino que lo transforma en denuncia, en memoria activa y en una interpelación directa a un sistema judicial que, como en tantos otros casos,  ha respondido con demoras, silencios y complicidades.

“Soy Marta Cejas, mamá de Marilyn, quien fue asesinada el 12 de julio de 2012”, dice, y en esa presentación se condensa una identidad atravesada por la violencia machista y la lucha persistente. A casi catorce años del crimen, su reclamo sigue intacto: verdad y justicia. “Si no tenemos la verdad, no podemos llegar a la justicia”, afirma, sintetizando una consigna que es, al mismo tiempo, diagnóstico y horizonte.

Este caso no puede leerse como un hecho aislado. Se inscribe en una trama estructural donde los femicidios no sólo son posibles, sino que la mayoría de las veces quedan impunes por la falta de voluntad política y judicial. Marta lo expresa con claridad: “Seguimos reclamándole a los señores del Poder Judicial que se haga una investigación seria y con la voluntad de llegar a la verdad”. La exigencia implica cuestionar las lógicas patriarcales que atraviesan las instituciones encargadas de investigar y juzgar la violencia de género.

El señalamiento también alcanza al poder político. Marta recuerda que el femicidio ocurrió durante una gestión anterior del actual gobernador Claudio Poggi, a quien —según relata— solicitó audiencias en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta. “Mil veces recurrí a él… jamás me atendió”, afirma. La ausencia estatal no es neutra sino que configura condiciones de desprotección y revictimización que se repiten en múltiples territorios.

Hoy, la causa se encuentra en la Fiscal de Instrucción Penal de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores Nº 2 de la provincia de San Luis, a cargo de Antonella Córdoba. Sin embargo, lejos de encontrar certezas, Marta expresa preocupación por el rumbo de la investigación. “La verdad que me dejó impactada la inclinación que tiene ella hacia la defensa de Celi”, sostiene, poniendo en evidencia tensiones que refuerzan la sensación de desamparo institucional y desprotección hacia Roberto Celi, a quien la familia de Marilyn apunta como el femicida.

En este escenario, hablar de demoras o irregularidades no alcanza. Lo que atraviesa el caso es el funcionamiento de una justicia patriarcal: un sistema históricamente estructurado sobre valores androcéntricos que tiende a minimizar, deslegitimar o distorsionar las violencias ejercidas contra mujeres y disidencias.

Esa justicia patriarcal se expresa de múltiples maneras: en la revictimización de quienes denuncian, obligadas a repetir una y otra vez su dolor bajo sospecha; en las demoras sistemáticas que vacían de sentido los procesos judiciales; en la falta de perspectiva de género que aísla los casos de sus contextos estructurales; y en la desigualdad en el acceso a la justicia, que deja a muchas familias sosteniendo en soledad búsquedas que deberían ser responsabilidad del Estado.

Los efectos son profundos y colectivos. No se trata sólo de la impunidad en un caso particular sino de la falta de respuesta judicial envía un mensaje social que habilita la continuidad de la violencia. Cuando el sistema no actúa, lo que se pone en juego es el valor mismo de esas vidas. Y en ese vacío institucional, las familias se ven forzadas a transformarse en investigadoras, voceras y militantes, cargando con un desgaste emocional, económico y político que podría evitarse.

El testimonio de Marta no sólo denuncia, también construye memoria. Y en esa memoria se inscribe una advertencia urgente: “Que quien tenga que pagar por todas estas muertes estén donde deben estar y que no vuelvan a matar a otra mujer”. La dimensión colectiva del reclamo es clave. No se trata únicamente de Marilyn, sino de todas las vidas que el sistema no supo —o no quiso— proteger.

En un país atravesado por el grito de Ni Una Menos, la persistencia de estas luchas expone los límites de las políticas públicas cuando no están acompañadas por transformaciones estructurales en el Poder Judicial. La “inercia de la justicia”, como la nombra Marta, no es otra cosa que una forma de violencia institucional que prolonga el dolor y obstaculiza el acceso a derechos.

“Esta lucha no se ha terminado”, insiste.  Porque mientras no haya verdad ni justicia, el caso de Marilyn sigue abierto. Y la voz de su madre —como la de tantas otras— seguirá incomodando, señalando y exigiendo lo que el Estado aún debe.

Cronología del femicidio de Marilyn 

2012

• • 12 de julio: asesinato de Marilyn Cejas, de 23 años, en la ciudad de San Luis. Su cuerpo fue hallado en la vivienda de su pareja, en la intersección de calles Mar del Plata y Martín Güemes.
  • Presentaba un disparo en la cabeza realizado con una pistola 9 mm, correspondiente al arma reglamentaria de su pareja.
  • La versión inicial de la Policía fue la de un “suicidio”, hipótesis que la familia rechazó desde el primer momento.
  • La causa quedó en manos del juez Jorge Sabaini Zapata, quien avanzó bajo esa hipótesis inicial.
  • El principal señalado fue Roberto Darío Celi, policía del Comando Radioeléctrico y pareja de la víctima.

2013–2015

• La causa permanece prácticamente paralizada bajo la órbita del juez Sabaini Zapata.
• La familia denuncia irregularidades, falta de investigación y el “cajoneo” del expediente.
• No se profundizan líneas clave, incluyendo el rol de Celi ni el uso de su arma reglamentaria.

2016–2018

• • Tras años de presión familiar, la causa se reactiva y pasa al Juzgado Penal N° 3, a cargo de Virginia Palacios.
  • Se comienzan a revisar actuaciones previas cuestionadas.
  • En este período también interviene como subrogante el juez Ariel Parrillis.
  • El expediente empieza a moverse en un contexto de creciente presión social impulsada por el movimiento Ni Una Menos.

2019–2021

• • Se logra un cambio clave: la causa deja de ser “averiguación de suicidio” y pasa a “homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, decisión impulsada por la entonces jueza (luego fiscal) Virginia Palacios.
  • En agosto de 2021, Roberto Celi es llamado a indagatoria e imputado formalmente por homicidio.
  • A pesar de la imputación, nunca es detenido, lo que genera fuertes cuestionamientos por parte de la familia.
• Se incorporan pruebas relevantes, como registros de llamadas que lo ubican en el lugar del hecho.

2022–2023

• La causa queda bajo la órbita del Juzgado de Garantía N° 3, a cargo del juez Marcos Flores Leyes.
• Mayo de 2023: el juez dicta el sobreseimiento de Roberto Celi, sosteniendo la hipótesis de suicidio.
• La familia apela la decisión.
• 30 de agosto de 2023: el Tribunal de Impugnación (integrado por las juezas Laura Molina, Yanina del Viso y María Monserrath Bocca) revoca el sobreseimiento y ordena continuar la investigación.
• El tribunal dispone que el Ministerio Público Fiscal profundice medidas en un plazo de 20 días.
• Se dicta además una falta de mérito, dejando la causa abierta.

Fiscalías y actores clave en la investigación

• La causa tuvo intervención de la fiscal Virginia Palacios, quien impulsó el cambio de carátula a homicidio.
• La defensa de Celi estuvo a cargo de la abogada Sandra López Correa, quien sostuvo públicamente su inocencia.

2024–2026

• La causa continúa abierta, sin resolución definitiva.
• Pasa a instancias vinculadas a fiscalías con perspectiva de género.
• La familia denuncia demoras estructurales, irregularidades y falta de avances concretos.
• Se intensifica la visibilización pública del caso y el señalamiento a la responsabilidad judicial e institucional.