Villa Mercedes: la familia de Johana Escudero exige que la causa sea caratulada como femicidio

La muerte de Johana Pamela Escudero, ocurrida en Villa Mercedes, San Luis, vuelve a poner en evidencia la persistencia de la violencia machista y las falencias estructurales del Estado para prevenirla, abordarla e investigarla con rigor. 

Johana tenía 36 años, era madre de dos hijxs de 14 y 5 años, y atravesaba desde hacía años situaciones de violencia de género. Su cuerpo fue hallado el lunes 19, en horas de la tarde, por su hijo de 14 años y su hija de 5. 

Su familia rechaza la hipótesis policial inicial de suicidio y exige que el caso sea investigado como un femicidio, con peritajes exhaustivos y perspectiva de género.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, lo sucedido se inscribe en un contexto social y político marcado por el recrudecimiento de la violencia contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries y por el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a su prevención. 

Una investigación cuestionada desde el inicio

Según fuentes policiales, la primera hipótesis es la de un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, la familia de Johana advierte la presencia de moretones visibles en el cuerpo y recuerda los antecedentes de violencia que ella había denunciado en su entorno íntimo respecto de su pareja y padre de sus hijxs, Lucas Federico Gatica. Estos elementos obligan, como mínimo, a no descartar ninguna línea de investigación y aplicar los protocolos establecidos para casos de femicidios.

Milagros Escudero, con profundo dolor manifestó en sus redes sociales palabras de despedida hacia Johana, su hermana: “Eras una persona buena, llena de vida, que amaba profundamente a sus hijos y a la vida misma. No le hacías mal a nadie. Estabas feliz, con unas ganas tremendas de vivir, de soñar, de seguir”. 

En el extenso texto Milagros agregó que  su padre, fallecido hace 4 años, tenía razón con “todo lo que nos advertías de este hdp: Lucas Gatica. Hace cuatro años perdimos a mi papá y hoy, como si nada, nos quitás la vida de mi hermana, la mamá de tus hijos. Lo que les hiciste a ellos no tiene perdón de Dios. Dejar que, con apenas 14 y 5 años, encuentren a su mamá de esa manera… eso no se perdona”.

El miércoles 21 por la tarde, durante una marcha realizada en Villa Mercedes, familiares de Johana, organizaciones feministas y comunidad en general, exigieron a la justicia que el caso sea caratulado como femicidio.

Ante este contexto, urge recordar que una proporción significativa de los femicidios en Argentina son inicialmente caratulados como suicidios o muertes dudosas. Esta práctica no solo revictimiza a las familias, sino que retrasa pruebas clave y consolida escenarios de impunidad. Investigar con perspectiva de género implica comprender las situaciones previas de violencia, las relaciones de poder desiguales y los indicadores físicos y simbólicos que suelen estar presentes en estos crímenes.

De acuerdo con el relato de familiares y allegades, Johana estaba en una relación de pareja desde hacía 18 años, atravesada por hostigamientos, amenazas y persecuciones. Había intentado separarse y se había ido del hogar “cansada de la violencia”, pero regresó luego de sufrir acoso y amenazas, incluso contra sus hijxs. Existen mensajes de texto y audios que dan cuenta de ese contexto previo, material que debería ser incorporado de manera urgente a la causa judicial.

La violencia que padecía Johana no se limitaba a su persona: incluía advertencias de daño hacia sus hijxs, configurando un cuadro de violencia vicaria. Además, les niñes fueron quienes encontraron el cuerpo de su madre,  una situación de extrema gravedad emocional. La familia reclama que no queden bajo la custodia del progenitor denunciado por violencia mientras avanza la investigación, priorizando el interés superior de niñas y niños, principio consagrado en la legislación nacional e internacional.

Femicidios en Argentina: cifras que desmienten el negacionismo

Los datos disponibles desmienten cualquier intento de minimizar la violencia machista. Durante 2025 se registraron entre 247 y 266 femicidios en el país -según distintos observatorios tales como Ahora que si No ven o Mumala Mujeres de la Materia Latinoamericana-  lo que equivale a una mujer asesinada cada 33 a 35 horas. Más del 60 % de estos crímenes ocurrieron en la vivienda de la víctima o en el hogar compartido con el agresor, y en alrededor del 70 % de los casos el femicida fue la pareja o expareja.

Solo una minoría había denunciado previamente, y aún entre quienes lo hicieron, las medidas de protección resultaron insuficientes o directamente inexistentes. 

El saldo de esa desprotección es devastador: en 2025, al menos 184 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres en todo el país. 

El comienzo de 2026 ratifica la continuidad y la gravedad de esta violencia. En Córdoba, Lourdes Abigail Orellano, de 26 años, murió tras ser rociada con alcohol y prendida fuego frente a su vivienda en barrio San Jorge, ataque que también dejó a otra mujer con quemaduras graves. Días después, Delfina Aimino, de 22 años, fue asesinada y su cuerpo hallado en un descampado cercano a la Universidad Nacional de Villa María; el femicidio fue cometido por un joven al que había conocido ese mismo día. 

En Chubut, el caso de Valeria Schwab, vista por última vez cuando salió a caminar por el paseo costero de Comodoro Rivadavia, volvió a encender el reclamo de las organizaciones feministas para que su muerte sea investigada como femicidio. 

Nombres, territorios y contextos distintos, pero una misma matriz de violencia machista que el Estado no logra o no quiere desarticular.

Así, mientras la violencia no desciende, sí lo hace la respuesta estatal. Los recortes presupuestarios, el desmantelamiento de programas de género y los discursos oficiales que niegan o ridiculizan esta problemática generan un contexto habilitante para nuevas violencias.

Estado, responsabilidad y reclamo feminista

Diversas organizaciones feministas del país han sido categóricas en sus pronunciamientos: frente a la continuidad de los femicidios, existe una responsabilidad estatal directa. 

Ni Una Menos, La Revuelta y otros colectivos han denunciado en octubre de 2025 la existencia de un “Estado femicida”, no solo por omisión, sino por acción, al promover discursos de odio y desfinanciar políticas públicas que salvan vidas.

En este marco, el caso de Johana Escudero interpela a la Justicia y al Estado provincial y nacional. Exige una investigación seria, con perspectiva de género, que no parta de prejuicios ni reproduzca lógicas patriarcales que tienden a culpabilizar o silenciar a las víctimas. Nombrar el femicidio, garantizar justicia y proteger a quienes sobreviven no es una concesión: es una obligación legal, política y ética.

Cada vez que una muerte en contexto de violencia de género se reduce a un “suicidio” sin investigación exhaustiva, la justicia llega tarde. Y cuando la justicia llega tarde, la impunidad se convierte en norma. El reclamo de la familia de Johana es claro y urgente: verdad, justicia y garantías de no repetición. Porque una vida libre de violencia no debería ser una excepción, sino un derecho efectivo.