Tierra, cuerpxs y memoria: el genocidio silenciado que Milei quiere borrar
En el Día Internacionalde los Pueblos Originarios, las comunidades no celebran: resisten. Mientras el gobierno de Javier Milei desguaza leyes, habilita el saqueo de bienes comunes y reescribe la historia con nombre de genocidas, los pueblos del sur levantan la voz desde el territorio. Porque la lucha por la tierra es lucha por la vida.
Cada 9 de agosto, la ONU instituyó una fecha para «visibilizar» a los pueblos indígenas. Pero las comunidades originarias no necesitan que nadie las visibilice: llevan siglos estando ahí, resistiendo. Lo que necesitan es que el Estado deje de perseguirles, despojarles y matarles.
Hoy, más de 5.000 pueblos en el mundo el 5% de la población global pero el 15% de la pobreza extrema son víctimas de un sistema que necesita sus territorios para seguir acumulando. Y Argentina, lejos de ser la excepción, es uno de los más crueles de esa cadena.
El despojo de tierras no es un accidente, sino una politica que implica pérdida del hábitat, de los medios de subsistencia, pero también de la lengua, de los rituales, de la memoria colectiva. En Honduras y México, organizaciones de derechos humanos documentaron cientos de casos de desplazamiento forzado vinculados a megaproyectos, violencia paramilitar y crisis climática. Las mujeres y las niñas, como siempre, son las que pagan el precio más alto.
Pero esa misma lógica extractivista, patriarcal y colonial se replica en cada rincón del continente. Y Argentina tiene su propia historia de sangre y tierra robada.
Argentina: el borramiento como política de Estado
Acá, el reclamo por territorio es una deuda histórica. La reforma constitucional de 1994, en su artículo 75, reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y garantizó la posesión comunitaria de las tierras. Pero la letra muerta no alimenta ni protege. Durante décadas, distintos gobiernos hicieron oídos sordos. Algunos con desidia, otros con complicidad activa.
El ejemplo más brutal y reciente es la derogación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, impulsada por el gobierno de Javier Milei mediante el Decreto 1083/2024. Esa ley, vigente desde 2006, suspendía los desalojos hasta que se completara el relevamiento técnico de los territorios comunales. Hoy ya no está. Y el CELS, entre otras organizaciones, advirtió que esto deja a miles de comunidades en estado de máxima vulnerabilidad, mientras allana el camino para que grandes propietarios y empresas transnacionales se queden con las tierras.
A eso se suman los discursos de funcionarios que blanquean el racismo, el voto negativo de Argentina en la ONU contra un proyecto de reconocimiento de derechos indígenas, y la eliminación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Todo junto: una ofensiva integral.
Milei y su «batalla cultural»: genocidio con nombre propio
El gobierno libertario no solo desmantela leyes. También reescribe la historia. Cambió el nombre del Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada por «Salón Héroes de Malvinas». Reivindica públicamente a Julio Argentino Roca, el responsable de la Conquista del Desierto, un genocidio que exterminó a miles de personas de las naciones mapuche, tehuelche y ranquel. Y todo eso lo hacen mientras hablan de «batalla cultural».
Pero las comunidades no se dejan engañar. La Red de Profesionales Indígenas denunció que el objetivo de este gobierno es «entregar el litio a Elon Musk, el agua a Mekorot, el fuego a los agronegocios y las semillas a Bioceres/Syngenta/Bayer/Monsanto». El plan de saqueo más explícito de la historia reciente.
A pesar de todo, los pueblos resisten. Y lo hacen desde una perspectiva que el patriarcado y el capitalismo no logran comprender: la defensa del territorio como defensa de la vida.
Las comunidades diaguitas, wichis, huarpes, comenchingo, ranqueles, mapuches y guaraníes vienen denunciando hace años que el desalojo no es solo físico sino cultural y espiritual. Porque en la tierra están enterrados sus ancestros, y en el agua corre la memoria de los pueblos.
La lucha por las leyes la 23.302 del INAI, la 26.206 de Educación Intercultural Bilingüe, la propia 26.160 fue y es importante. Pero no alcanza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a Argentina en 2020 por no garantizar la protección efectiva de esos derechos. Y el gobierno actual, lejos de acatar, profundiza la violación.
Por eso, el 9 de agosto no es un día para celebrar. Es un día para recordar que la paz de los pueblos originarios no es la paz del silencio, sino la del territorio en armonía. Que sus lenguas no son «dialectos», sino cosmovisiones enteras. Que sus cuerpxs no son recursos, sino memorias vivas.
Mientras el Estado los niega, los desaloja y los criminaliza, las comunidades siguen tejiendo redes, ocupando los espacios y diciendo presente. Porque, como enseñan las abuelas y los abuelos, la tierra no se compra ni se vende: se defiende.
