Dos femicidios en 11 días y un Estado femicida en San Luis
Gabriela Centeno, de 42 años, y Claudia Andrea Rodríguez, de 37, fueron halladas sin vida con once días de diferencia, el 13 y el 24 de octubre, en barrios vecinos de la zona oeste de la ciudad de San Luis. Los comunicados de las organizaciones feministas de la provincia convergen en una acusación: el gobierno de Claudio Poggi desmanteló las políticas de prevención y erradicación de las violencias machistas, y esas decisiones tienen responsables con nombre y cargo. Leídos en conjunto, los textos describen un Estado que cierra áreas, discontinúa campañas y llega tarde o no llega, y que por ese camino se vuelve parte de la cadena de violencias que termina en un femicidio.
Gabriela era mendocina, madre de seis hijes y abuela. Se había mudado a San Luis en mayo junto a su pareja y fue vista por última vez el 10 de agosto. Su pareja, Raúl Agustín Bullones Soria, de 29 años, fue detenido el 16 de octubre en Las Heras, Mendoza. Imputado por la Fiscalía de Género N.º 1 por el femicidio, la jueza de Garantía N.º 2, Agustina Dopazo Samper, dispuso su prisión preventiva por 120 días.
Claudia vendía pan cada mañana y era madre de un adolescente de 15 años. Su familia la buscaba desde principios de octubre. Según medios locales, había denunciado violencia contra su pareja y esa denuncia no tuvo prosecución. La identificación pericial sigue en curso.
La detención como escena, la prevención como ausencia
El traslado de Bullones Soria a San Luis, el 21 de octubre, se hizo con un fuerte operativo policial y la vocería de prensa de la Policía comunicó el procedimiento. La imagen de eficacia llega después del crimen, como si la captura de un acusado saldara algo, cuando para Gabriela, desaparecida desde agosto, y para Claudia, buscada durante semanas, el Estado llegó tarde. Esa demora tiene explicación en las decisiones de gobierno que denuncian las organizaciones.
La Asamblea Autoconvocada Feminista y Transfeminista, integrada por organizaciones políticas, sociales y sindicales, partidos y ciudadanes autoconvocades de San Luis, repudia “la ausencia del Estado frente a los femicidios, las desapariciones y las distintas formas de violencia machista”. Ubica los dos casos dentro de “una violencia machista que avanza mientras las respuestas estatales no llegan” y recuerda que, en el mismo mes, una joven en situación de calle fue atacada con fuego mientras dormía. Para la Asamblea, “el silencio es complicidad y la ausencia de políticas públicas también tiene consecuencias sobre nuestras vidas”. Responsabiliza políticamente a Poggi, al intendente Gastón Hissa, a la directora de Mujer, Diversidad y Género, Melisa Zárate, y a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y exige “políticas públicas concretas, prevención, asistencia, protección y protocolos efectivos de actuación ante las violencias de género y contra las diversidades”.
Aquelarre Colectiva Feminista lo formula así: “No alcanza con investigar cuando ya nos mataron: hay que prevenir, proteger y actuar”. Pregunta “¿Dónde está el Estado cuando nos matan?” y apunta a los mismos funcionarios. Mala Junta Patria Grande denuncia el cierre de la Secretaría de la Mujer, del albergue para víctimas y la interrupción de las capacitaciones de la Ley Micaela, y sostiene que “San Luis es una provincia hostil para la integridad de las mujeres”. Mujeres Evita advierte que el desmantelamiento de las políticas con perspectiva de género deja “menos herramientas de prevención y menos acompañamiento frente a las violencias”.
Adulteces Puntanas Trans y la Colectiva Lohana Berkins exigen la emergencia provincial en violencia de género y hablan de dos femicidios “fruto de la desigualdad estructural entre varones y mujeres”. Género y Diversidad de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) San Luis reclama la urgencia de “fortalecer las políticas públicas de prevención, asistencia y protección integral”. Pan y Rosas habla de una “bronca que convertimos en organización y lucha”. La Campaña Federal contra el Abuso Sexual Infantil (ASI) y el Falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), junto al colectivo Yo Sí Te Creo, reclama justicia por Gabriela y por Claudia.
Lo que enseña la crueldad
El comunicado de la Colectiva Transfeminista Aguafiestas, firmado el 27 de octubre, responsabiliza “al gobernador Claudio Poggi por el desmantelamiento de las políticas de prevención de las violencias de género”. Recuerda que “detrás de sus nombres hay familias que buscaron, esperaron y hoy exigen justicia”. Su afiche resume el diagnóstico: “Nos matan porque el Estado promueve una sociedad machista y punitiva”.
El texto repasa el contexto. San Luis ya figuraba entre las cuatro provincias con mayor tasa de femicidios del país, según el Observatorio Nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), antes de la muerte de Claudia. El mismo relevamiento, que cita la Asamblea, contabiliza 200 víctimas letales de violencia de género en el país entre enero y septiembre de 2026, una cada 33 horas. La Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad fue degradada a Dirección dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y, según la colectiva, se discontinuaron las campañas masivas de prevención y las capacitaciones de Ley Micaela. Entre enero y mayo, el gobierno informó 655 botones de alerta temprana y 786 personas asistidas. Desde julio, la Subdirección de Educación Sexual Integral (ESI) ya no figura en el organigrama del Ministerio de Educación, y en su lugar se multiplican los talleres de “gestión de emociones”.
La lectura de Aguafiestas pone el foco en el mensaje que circula en cada femicidio: “La crueldad se ejerce para ser leída, y quienes la leen son otros hombres y toda una comunidad a la que se le enseña que algunas vidas se pueden disponer, ocultar y descartar”. Ese orden, dice el comunicado, “necesita un Estado ausente, una justicia lenta y una sociedad acostumbrada a preguntar qué hizo ella en lugar de qué hizo él”.
Sus exigencias son cinco: “Jerarquizar el área de género” con rango de Secretaría y presupuesto propio; “ESI en toda la provincia”; “Ley Micaela real” en los tres poderes, las fuerzas de seguridad, las escuelas, los hospitales y los medios; “Búsqueda inmediata de personas desaparecidas”, con un protocolo que se active desde el primer día y considere las denuncias previas por violencia; y “Justicia sin demoras”, con acceso a la información para las familias y esclarecimiento completo de ambos casos.
Todos los comunicados piden justicia por Gabriela y por Claudia. Algunos concentran el reclamo en la investigación y la sanción de les responsables. Aguafiestas y la Asamblea ubican esa justicia junto a la prevención, la asistencia, la protección, la educación sexual integral, la capacitación y el presupuesto, y Aguafiestas considera que una sociedad punitiva forma parte del problema. La diferencia de énfasis tiene peso político, porque el reclamo que se agota en el castigo posterior al crimen es un terreno que la derecha conoce y aprovecha: ofrece más policía y más cárcel mientras recorta las áreas que previenen la violencia, y usa el dolor de las familias como argumento. Un gobierno que responde a un femicidio con un operativo puede dar por cumplida su tarea sin reponer una sola política de prevención. La Asamblea lo resume así: “No aceptamos discursos vacíos ni respuestas tardías”.
Los comunicados dejan una lista de responsables y una lista de exigencias. Señalan al gobernador, al intendente, a la directora de Mujer, Diversidad y Género y a la ministra de Seguridad, y Aguafiestas suma al gobierno nacional de Javier Milei, que disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Si el Estado cierra áreas de género, retira la educación sexual integral del organigrama y activa la búsqueda cuando ya es tarde, se hace responsable de las muertes que esas políticas existían para evitar. Esa es la acusación que atraviesa los textos y la que nombra el título de esta nota. Aguafiestas escribe que “la impunidad y el abandono también enseñan” y que lo que enseñan hoy, en San Luis, “se llama Claudia y se llama Gabriela”. Su pregunta al gobernador queda abierta: “si todo lo sacó y nada está haciendo, ¿qué hacemos en los casos de femicidio?”.
