28S | El derecho a abortar es ley y las feministas lo siguen defendiendo

*Por Colectiva Transfeminsta Aguafiestas

El 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. La fecha surge en Argentina, en 1990, en San Bernardo, cuando las feministas latinoamericanas dijeron basta de muertes clandestinas.

Hoy, 36 años después, en Argentina abortar es ley.

La Ley 27.610 es precisa: se puede interrumpir el embarazo hasta la semana 14 inclusive por la sola voluntad de la persona gestante y, después, en caso de violación o riesgo para la salud. Es gratuita y segura, y se garantiza en hospitales, obras sociales y prepagas. Sin autorización judicial. Sin culpa.

Pero el gobierno de Javier Milei, como hace la ultraderecha en todo el mundo, decidió que los cuerpos son territorio de ajuste. Por eso la marea verde vuelve a alzar la voz para defender lo que ya es un derechos, en un contexto de desguace nacional deliberado.

Asi lo detallan en  su declaración: “Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en América Latina y el Caribe, […] desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito unimos nuestras voces para reafirmar que el acceso al aborto seguro es un derecho humano inalienable, un acto de estricta justicia social y una urgencia de salud pública intransferible”.

Hace más de un año y medio que la Nación no compra misoprostol ni mifepristona para el sistema público. El Presupuesto 2026 directamente borró la partida de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y dejó solo anticoncepción, y a cuentagotas. Sin insumos, el acceso depende de si cada provincia tiene plata y voluntad política para garantizar derechos básicos.

San Luis es la sexta provincia del país con más prácticas, según Proyecto Mirar, porque hay una red feminista enorme que sostiene lo que el Estado abandona. Aun así, los obstáculos persisten: efectores que son objetores de hecho, demoras, maltrato, falta de información en los CAPS del interior y personas que deben viajar 200 km desde el norte puntano hasta la capital para que les garanticen el derecho a abortar, siempre con demoras. Es justo lo que la ley dice expresamente que no puede pasar.

En San Luis, las y les activistas aborteras son quienes hacen vivir la Ley 27.610. Desde la Colectiva Transfeminista Aguafiestas, integrante de Socorristas en Red, sostienen que “les profesionales de la salud que ponen el cuerpo para acompañar abortos de manera respetuosa son contados con los dedos de la mano y, además, se encuentran trabajando en situaciones de precariedad laboral nunca antes vista en el área de salud pública”.

La marea verde instaló algo con extrema precisión: cuando una mujer o persona con capacidad de gestar decide abortar, la clandestinidad mata si el Estado se corre. Según detalla el Ministerio de Salud de la Nación, las muertes maternas vinculadas a un “embarazo terminado en aborto” bajaron de 23 en 2020 a 13 en 2021, una reducción de alrededor del 43% tras la entrada en vigencia de la ley. Cada recorte que celebra el superávit empuja a una persona más al riesgo.

Por eso, desde la Colectiva Transfeminista Aguafiestas afirman: “Este 28S la marea feminista se planta. Mientras nos quieren encerrades, tristes, endeudades y criando solas con salarios de miseria, mientras vetan alimentos para comedores, pegan a les jubilades y recortan discapacidad, nosotras decimos que nuestra autonomía económica, sexual y reproductiva no se negocia”.

Lo que dice la Campaña: la ley se defiende, y el Estado debe cumplirla

La declaración de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito ubica la fecha en una trama regional. Recuerda que el 28S se cumplen 36 años del V Encuentro Feminista realizado en Argentina, donde se aprobó la Declaración de San Bernardo, y advierte que “los consensos democráticos alcanzados no pueden ser borrados por ofensivas conservadoras ni por el retiro deliberado de las estructuras del Estado”.

El documento reconoce que la ley es fruto de la organización colectiva y que hoy hay que cuidarla. Señala que “ante los intentos de vaciarla u obstaculizarla, la defendemos y exigimos al Estado que garantice su cumplimiento”. Y apunta directamente al Poder Ejecutivo: denuncia “un vaciamiento sistemático de las políticas de salud sexual y (no) reproductiva” que se evidencia en la desarticulación del Plan ENIA, el desfinanciamiento de las políticas nacionales y las barreras para acceder a anticonceptivos a través del Programa Remediar.

Según la Campaña, con el recorte de equipos territoriales y la parálisis en la entrega de insumos, el Poder Ejecutivo “incumple obligaciones sanitarias vigentes, atenta de forma directa contra los avances de la Ley 27.610 y profundiza la desprotección estatal, especialmente de los sectores más vulnerabilizados del país”.

La mirada se extiende a toda la región, donde el panorama es desigual. Argentina, Uruguay y Cuba reconocen el aborto por plazos, y México y Colombia lo ampliaron por vía judicial y legislativa. Otros países, como El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Haití, mantienen la prohibición absoluta, con penas de prisión tanto para las mujeres con emergencias obstétricas como para el personal de salud. Buena parte de la región se rige por el modelo de causales, y la Campaña advierte que “la mera existencia de causales no basta, dado que las trabas burocráticas, la objeción de conciencia utilizada como método de obstrucción y la falta de protocolos unificados limitan severamente el acceso real”.

Frente al avance de discursos ultraconservadores, el mensaje es claro: el derecho a decidir “no es una concesión partidaria ni una preferencia ideológica; constituye un piso mínimo de ciudadanía que se defiende con educación, provisión integral de insumos y decisión política”.

Tanto en San Luis como en todo el país, aunque el Estado no quiera, las feministas van a seguir haciendo vivir la Ley 27.610. Hay pañuelazos y actividades en distintas provincias y ciudades, mientras otras ya se preparan para el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binaries, que se hará en Córdoba el 10, 11 y 12 de octubre. Allí, una vez más, el pañuelo vuelve a la calle.

Las consignas son claras: “No queremos más maternidades forzadas. No queremos más niñas madres. Queremos ESI en todas las escuelas, anticonceptivos en todas las salitas y aborto garantizado en todos los hospitales”. Reclaman “abortos libres y feministas para democracias plenas”. Los pañuelos siguen en alto, porque es ley y la van a defender.