«El aparato judicial es patriarcal, conservador y vetusto»: cómo funciona la fiscalía de género en San Luis
Una fiscalía de género no es, técnicamente, un organismo dedicado solo a la violencia machista. Su nombre completo es «Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores», y su función es investigar delitos que afectan a poblaciones consideradas vulnerables: mujeres, disidencias, niñeces y personas mayores.
En San Luis, este tipo de fiscalía es relativamente nueva. Recién empezó a existir en diciembre de 2023, cuando el Ministerio Público Fiscal (MPF) reconvirtió, por resolución, la Fiscalía de Instrucción N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial —hasta entonces a cargo de María del Valle Durán— en la primera fiscalía de género de la provincia.
Tres fiscalías, un mismo diseño
Hoy, San Luis tiene una fiscalía de género por cada circunscripción judicial. En la Primera Circunscripción, con asiento en la ciudad de San Luis, funciona la que encabezó Durán y, más adelante, se sumó una segunda unidad: la Fiscalía de Género N° 2, a cargo de Antonela Córdoba como fiscal titular y Mercedes García como fiscal adjunta. En la Segunda Circunscripción, con asiento en Villa Mercedes, la fiscalía especializada empieza a funcionar recién el 14 de febrero de 2025, a cargo de Nayla Cabrera Muñoz como fiscal provisoria y Julieta Moyano como fiscal adjunta provisoria. En la Tercera Circunscripción, con asiento en Concarán, la unidad equivalente tiene como fiscal adjunta provisoria a Silvina Ayelen Argüello.
Es decir: la totalidad del territorio provincial depende de apenas tres estructuras, con escasos años de existencia, para investigar toda la violencia de género, la violencia contra las disidencias, contra niñeces y contra personas mayores. Sobre el funcionamiento concreto de esas fiscalías —puntualmente la N° 2 de la Primera Circunscripción— ponen el foco las abogadas Fernanda Pereyra Jameson y Estrella Marín en su columna radial «Abogando Perspectivas», en el informativo de La Bulla Enredando las Mañanas. Su diagnóstico es tajante: «En género, las personas que están no son especializadas. El aparato judicial ya es patriarcal, es conservador, es vetusto», plantea Marín. Y agrega: «La perspectiva de género necesita fiscales especializadas, pero también equipos interdisciplinarios estables que evalúen el riesgo, contengan, expliquen y acompañen».
El 17 de julio, Pereyra Jameson y Marín presentan una denuncia administrativa y disciplinaria contra Antonela Córdoba y Mercedes García. «El 17 de julio, junto con Estrella, presentamos una denuncia administrativa y disciplinaria por la actuación de la fiscal de género número dos, Antonela Córdoba, y la fiscal adjunta Mercedes García», explica Pereyra Jameson. Pero son explícitas: si la columna queda reducida a dos nombres, el problema se achica. «¿Qué revelan estos hechos sobre la relación entre las víctimas, las abogadas y una institución que concentra información y poder?», plantean.
Tres escenas de una misma violencia
La primera escena es la de una mujer que sobrevivió a un ataque de extrema violencia. Al comienzo le hablan de un posible intento de femicidio; después la causa pasa a tramitarse como lesiones, sin que le expliquen el cambio de calificación. Más tarde le retiran la tobillera al acusado sin que la fiscalía esté al tanto. «La querella tuvo que intervenir de urgencia para pedir que la protección continuara», relata Marín, quien resume: «La pregunta no es solo qué figura penal se eligió: la pregunta es quién estaba mirando el riesgo mientras se discutía el expediente».
La segunda escena es la de una madre que denuncia un abuso sexual contra su hijo y espera meses por una respuesta. Cuando vuelve a pedir que la reciban, la fiscal le grita: «¿Qué se piensan que son la única causa, estoy trabajando?«. Para las abogadas, «la sobrecarga explica que existan demoras, no explica que la angustia sea contestada con destrato».
La tercera escena es la de una persona adulta que decide, por sí misma, contar lo que había vivido, en un testimonio que podía probar una modalidad reiterada de abuso. La Fiscalía Especializada se opone a incorporarlo invocando el riesgo de revictimización. «Una herramienta pensada para proteger puede terminar funcionando como un modo de callar», plantean Pereyra Jameson y Marín, quienes agregan: «Cuidar es informar, acompañar y respetar la autonomía. Y esto no está sucediendo».
Especialización de nombre, no de estructura
Las abogadas comparan la situación de San Luis con la de San Juan, que desde 2019 cuenta con el Centro de Abordaje y Contención de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), donde fiscales trabajan de forma permanente junto a policías, psicólogues, personal médico y trabajadores sociales. Sin ese tipo de equipos interdisciplinarios estables, advierten, la especialización en San Luis corre el riesgo de quedar reducida «al cartelito de la puerta de fiscalía de género».
El propio Ministerio Público Fiscal ofreció, sin buscarlo, un ejemplo de esa contradicción. A fines de 2024, el procurador general Luis Martínez propuso designar como fiscal adjunto provisorio de la fiscalía de género de Villa Mercedes a Adán Alexis Chavero, un funcionario judicial que meses antes había recibido una prohibición de acercamiento por una denuncia de violencia familiar en su contra, con orden de colocarle un botón antipánico a la denunciante. Chavero fue el segundo integrante del Ministerio Público en funciones con una denuncia de este tipo.
Para Pereyra Jameson y Marín, señalar la actuación de dos fiscales puntanas no equivale a acusar a todo el Ministerio Público Fiscal: equivale a pedir que la Justicia pueda mirarse a sí misma. «El cartel puede decir género, la práctica tiene que decir justicia. Porque una persona no debería sobrevivir al hecho y después tener que sobrevivir al expediente», cierra Marín, y advierte: «Si esto no cambia, las pibas se van a seguir muriendo en manos de varones por su condición de ser mujer o disidencia».
Escuchá la columna completa acá:
