La reforma laboral de Milei: más para empresarios, menos para trabajadores
En medio de un intenso debate público y acusaciones cruzadas sobre su contenido real, el Gobierno Nacional que lidera Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Reforma Laboral con el objetivo declarado de que sea sancionado antes de que finalice el año. La iniciativa, promocionada por el oficialismo como una herramienta clave para «modernizar» las relaciones laborales y generar empleo registrado, es analizada por especialistas como un retroceso de décadas en los derechos de les trabajadores.
Desde distintos sectores sindicales, académicos y de asesoría laboral, se levantan voces de alarma señalando que el proyecto «legaliza la precarización» y desarma herramientas clave de protección. Y solo busca reducir los costos laborales para las empresas al tiempo que flexibiliza las condiciones para contratar y despedir trabajadores.
Luis Armesto, integrante del Centro de Asistencia al Trabajo (CEATRA) de San Luis, fue contundente: «Cuando un proyecto llega al Congreso a discutirse es porque ya se está cocinando en la realidad. Esto ataca directamente incluso contra las organizaciones sindicales».
Despidos discriminatorios con «tarifa»
Uno de los puntos muy criticados es la flexibilización del régimen de vacaciones. «Hoy tiene límites: con 45 días de anticipación, con vacaciones ‘buenas’. Eso se termina. Van a quedar a gusto y piacere del empleador», explicó Armesto. «Te va a decir ‘tomá una semana ahora, otra en octubre’, fraccionándolas con el argumento de adecuarlas a la producción. Se sigue quitando derechos».
Pero el núcleo de la crítica apunta a la modificación en los despidos discriminatorios. Actualmente, si un trabajador prueba en la Justicia que fue despedido por motivos discriminatorios (por actividad sindical, política, género, etc.), se ordena su reincorporación inmediata. El proyecto oficial cambia este paradigma: «Si se prueba la discriminación, tan solo se penaliza con una indemnización especial. Si yo tengo un activista político o sindical y lo despido, claramente es discriminatorio. Bueno, no lo reincorporo, me saco el problema poniendo unos pesos más. La discriminación tiene una tarifa especial», alertó el asesor laboral.
Incrementos atados a productividad en un mar de informalidad
Otro eje polémico es la vinculación de los aumentos salariales a índices de productividad, un esquema que, según Armesto, ya existe de manera problemática en los mandos medios y gerenciales. «El empleador fija objetivos y si se alcanzan, se paga un aumento. Esto se extiende», señaló.
Este debate sobre derechos, sin embargo, choca con una cruda realidad estadística: la informalidad laboral masiva. «Según los últimos datos del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), la informalidad es del 43,2%. Esto significa que a cuatro de cada diez personas, casi la mitad de la fuerza laboral de nuestro país, no le impacta ningún derecho laboral», remarcó el referente de CEATRA. Y agregó una denuncia contundente: «Y esto sin contar los contratos fraudulentos a través de monotributos. Dicho sea de paso, el principal precarizador como empleador en nuestro país es el Estado».
La reforma, por lo tanto, se instala en el Congreso entre dos aguas: la promesa oficial engañosa de dinamizar el empleo registrado y la advertencia que amplios sectores -donde se encuentran organizaciones sociales y sindicatos- realizan que, lejos de incluir, consolidará un modelo de flexibilización extrema y debilitará hasta los resortes legales para combatir los abusos.
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