Retroceso con el cannabis medicinal: el Gobierno nacional traspasa el Reprocann al Sedronar

El Gobierno nacional oficializó el traspaso del Programa Nacional de Cannabis Medicinal (Reprocann) a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) mediante el Decreto 27/2026, publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial. La medida no modifica el marco legal que regula el acceso al cannabis con fines terapéuticos, pero implica un giro sustancial en la gestión, el monitoreo y la articulación institucional del programa.

Hasta ahora administrado bajo una lógica estrictamente sanitaria dentro del Ministerio de Salud, el registro que habilita el cultivo controlado de cannabis para tratar patologías como epilepsia, autismo, dolor crónico y otras enfermedades pasa a depender de un organismo con un perfil históricamente orientado a las políticas de drogas y la asistencia de consumos problemáticos.

La decisión encendió las alarmas en la comunidad cannábica. Pacientes, profesionales de la salud y organizaciones de cultivadores expresaron su preocupación por lo que consideran un cambio de progrma : el temor es que el abordaje del cannabis como herramienta terapéutica quede subordinado a una perspectiva de control y riesgo más cercana a la fiscalización que a la salud pública.

Una secretaría con otro ADN

La Sedronar, creada originalmente para coordinar políticas de prevención y atención de adicciones, tiene entre sus funciones históricas la administración de la línea 141 (un servicio de escucha para situaciones de consumo problemático), el control de precursores químicos y la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias. Su estructura incluye dependencias como el Observatorio Argentino de Drogas, la Dirección de Precursores Químicos y la Subsecretaría de Abordaje Territorial, con presencia en barrios y contextos de encierro.

Bajo el nuevo decreto, esta secretaría asumirá ahora la coordinación, el seguimiento y la fiscalización del Reprocann, un programa que hasta 2025 gestionaba miles de permisos con equipos técnicos especializados en evaluar la complejidad de los tratamientos cannábicos.

El traspaso se da en un contexto de profunda parálisis administrativa. Más de 80.000 trámites de inscripción y renovación permanecen congelados en las computadoras oficiales. Los tiempos de respuesta, que en 2022 rondaban los 21 días, se estiraron hasta superar los seis meses en 2025. La tasa de aprobación, que alguna vez alcanzó el 96%, cayó por debajo del 50%, dejando a unos 300.000 usuaries entre activos y con permisos vencidos en una situación de incertidumbre y, en muchos casos, de ilegalidad técnica.

Soberanía vs. control

Organizaciones de pacientes y cultivadores salieron al cruce de la medida a través de las redes sociales, donde advirtieron que el autocultivo de cannabis no es solo una práctica terapéutica, sino también un acto de soberanía. En esa línea, sostienen que cultivar la tierra en armonía con la naturaleza implica concebirla como una aliada y no como un recurso explotable por las multinacionales del agronegocio.

Cultivar cannabis es insistir en no ponerle precio a nuestro bienestar. La salud es un derecho humano básico y el acceso a la planta es una conquista colectiva.

El problema nunca fue el cannabis en sí, sino un sistema que necesita disciplinar con cualquier estrategia institucional lo que no puede ni debe controlar

Mirada crítica desde el arco político

Legisladores de la oposición anticiparon que pedirán informes detallados sobre los criterios que aplicará la Sedronar en adelante. En particular, preocupa que el organismo utilice sus facultades de fiscalización para auditar los permisos con un enfoque punitivo, tal como sugirieron en los últimos meses voceros del oficialismo al mencionar la existencia de supuestos «permisos irregulares».

Desde el Observatorio de Cannabis de la Universidad Nacional de José C. Paz, especialistas advirtieron que muchas personas podrían optar por no inscribirse en el registro por temor a que sus datos sean utilizados en el marco de políticas de seguridad. La desconfianza en el sistema es total.

Lo que viene

La atención está puesta ahora en los próximos pasos de la Sedronar. La incógnita es cómo se implementarán los cambios operativos, qué impacto tendrán en el acceso al cannabis medicinal y si se garantizará el respeto por los derechos de pacientes y cultivadores inscriptos en el programa. Hasta el momento, desde la secretaría no emitieron declaraciones oficiales sobre los lineamientos que regirán la nueva etapa del Reprocann.

Lo cierto es que, mientras el Estado redefine su política pública, miles de familias siguen dependiendo del aceite de cannabis para tratar enfermedades que no encontraron respuesta en la medicina farmacéutica tradicional.