«La Cuarta», la dependencia del barrio Rawson de San Luis que funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar
Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La fecha no nació en un despacho de Naciones Unidas: fue una consigna que en 1981 propuso la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y que recién en diciembre de 2010 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó de manera oficial mediante la resolución A/RES/65/209.
En San Luis, esa conmemoración también tiene una cifra concreta: durante la dictadura, los militares puntanos operaron en aproximadamente nueve centros clandestinos de detención a nivel provincial, y desaparecieron y asesinaron a más de 40 jóvenes, estudiantes, trabajadoras y trabajadores de entre 21 y 55 años.
Entre quienes pasaron por ese circuito represivo y sobrevivieron están Mirta Rosales y Ricardo Vallejo, presa y preso políticos que hoy son testimonio vivo del genocidio que atravesó el país y que desde La Bulla recuperamos sus testimonios.
Los centros clandestinos de detención en la ciudad de San Luis
Durante el terrorismo de Estado, la ciudad de San Luis tuvo un circuito propio de dependencias policiales y militares usadas para la reclusión ilegal. La Central de Policía, sede del Departamento de Informaciones (D2) y de la Brigada de Investigaciones, funcionó como uno de los principales lugares de cautiverio y tortura de perseguides políticos. El Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea N° 141, cuartel del Ejército Argentino, operó como centro de detención e interrogatorio ilegal. La Delegación local de la Policía Federal Argentina también formó parte de ese circuito represivo. Y en las afueras de la ciudad, la Granja La Amalia fue uno de los sitios de reclusión clandestina hacia donde se trasladaba a las víctimas para las sesiones de tortura con picana eléctrica y submarino.
A ese listado se suma la que hoy es el Departamento de Investigaciones (y la división de delitos) de la policía provincial, en el barrio Rawson, que en la época de la dictadura funcionaba también como Comisaría del Menor, «la cuarta». Según consta en el expediente de la megacausa que investigó los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia, tramitada ante el Tribunal Oral Federal de San Luis, distintas víctimas fueron interrogadas y retenidas ahí antes de ser trasladadas a la Granja La Amalia.
Hace un año, desde La Bulla registramos los testimonios completos de Mirta Rosales y Ricardo Vallejo, dos militantes de la Juventud Peronista en San Luis durante los años setenta, y les dos ubican de manera independiente a esa dependencia como parte de su recorrido de cautiverio.
Rosales, que estuvo detenida 1.710 días sin causa ni proceso judicial, recordó que el centro de alfabetización popular donde militaba en el barrio quedaba pegado a esa dependencia: «Donde teníamos el centro de alfabetización daba el patio de esa casa a la Cuarta, a la Policía Cuarta, que la Cuarta era ahí donde nos traían a nosotros también, y de ahí nos llevaban a la Granja La Amalia».
Vallejo, delegado gremial de ATE San Luis y militante montonero, detenido el 8 de octubre de 1976, permaneció encerrado en esa misma comisaría antes de ser trasladado: «Vine detenido a esta comisaría, y en esa ventana donde está el color lila era el calabozo donde me tuvieron detenido ilegalmente. Dos noches de madrugada una patota liderada por el subcomisario Becerra y el capitán Pla me llevaron a lo que después supimos que era la Granja La Amalia. Ahí éramos torturados con picana, con submarino, con supuestos entierros en vivo».
Muches de sus compañeros y compañeras de militancia siguen desaparecides. Rosales y Vallejo son, en ese sentido, testimonio vivo de un genocidio planificado desde el Estado, con la complicidad de sectores de la Iglesia y del empresariado local. En sus relatos aparecen los nombres de quienes ejecutaron ese plan en San Luis —Becerra, Pla, Velázquez— y también los de compañeres que no volvieron, como Julio Alberto Suárez o Graciela Fiochetti.
Memoria en disputa
El 30 de agosto de este año llega en un contexto donde la cifra de 30.000 personas detenidas desaparecidas, sostenida históricamente por los organismos de derechos humanos, vuelve a ser cuestionada desde el propio Estado nacional. En noviembre de 2025, el subsecretario de Derechos Humanos de la gestión de Javier Milei, Alberto Baños, cuestionó esa cifra ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas y acusó a organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales de aportar información falsa. El CELS respondió que el funcionario apeló a los mismos términos con los que las Fuerzas Armadas intentaron justificar sus crímenes en dictadura.
Los organismos de derechos humanos también vienen denunciando el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de los sitios de memoria y del Banco Nacional de Datos Genéticos. En ese escenario, sostener la Memoria y dar lugar a los testimonios de quienes sobrevivieron no es un ejercicio del pasado sino un acto político frente a un presente que vuelve a discutir si el genocidio fue tal.
