Audiencia popular en Merlo: Cuando el Estado no escucha, el pueblo se organiza
En una jornada marcada por el calor y el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, la Plaza Sobremonte de la Villa de Merlo, San Luis, se colmó de vecines y organizaciones sociales para participar de la Primera Audiencia Popular en Defensa del Territorio.
Con 29 expositores inscriptes -entre instituciones, organizaciones y habitantes de distintos barrios- la comunidad expresó de manera contundente la necesidad que la planificación territorial local se diseñe con visión técnica, transparencia y participación social efectiva.
La actividad fue convocada por vecines y organizaciones sociales “ante la preocupación por las recientes decisiones municipales sobre políticas urbanas y ambientales”. En la convocatoria expresaban que “la Democracia será participativa o no será nada… Que sirva para vivir mejor. Y agregaron que “cuando no escuchan adentro de las instituciones, el pueblo se hace escuchar en la plaza”.
La ordenanza 917/25, eje del reclamo colectivo
Gran parte de las intervenciones apuntaron a la reciente modificación del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a través de la ordenanza 917/25. Representantes de la Cooperativa de Agua, la Asamblea por el Agua, las universidades nacionales, entidades ambientales, guías de turismo, feriantes, productores y especialistas coincidieron en que la norma reduce estándares de control ambiental, limita la participación ciudadana y se aparta de leyes provinciales, nacionales e internacionales vigentes
La audiencia reunió un abanico amplio de miradas. Entre los temas abordados aparecieron la gestión del agua, el avance inmobiliario, el riesgo de incendios, los residuos, el acceso a servicios, la violencia de género vinculada al hábitat, el turismo sostenible, la producción local de alimentos, la protección del bosque nativo y el rol de la educación ambiental.
Los principales planteos fueron:
Agua y ambiente:
La Cooperativa de Agua de Merlo reclamó suspender la 917/25, alertó sobre la sobreexplotación de acuíferos y sostuvo que “el agua es la principal limitante para el desarrollo local”.
La Asamblea por el Agua del Noreste advirtió sobre dos amenazas: el avance inmobiliario y el consumo de agua de los sistemas de riego por pivot de grandes empresas. “Si no planifica el Estado con el pueblo, planifica el mercado”, señalaron.
Vecinos de Piedra Blanca denunciaron incendios reiterados vinculados al mal manejo de residuos de poda y la falta de protocolos modernos para la biomasa.
Educación ambiental y participación:
La Fundación Espacios Verdes afirmó que “la planificación territorial sin educación ambiental es imposición; con educación ambiental es democracia”.
La Universidad Nacional de los Comechingones remarcó que la Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento preventivo esencial y advirtió: “Debilitarla no agiliza el desarrollo; incrementa conflictos”.
La Facultad de Turismo y Urbanismo de la UNSL cuestionó que las universidades no hayan sido consultadas pese a contar con informes técnicos previos sobre la 917.
Género, hábitat y desigualdad:
La Cooperativa de Cuidados Mujeres del Pantanillo puso el foco en la desigualdad en el acceso a la vivienda y la relación entre violencia de género y planificación urbana, afirmando que “una ciudad segura es una ciudad no patriarcal”.
Presentaron dos proyectos ya entregados al Concejo: “Casas para nosotras, refugios para ellos” y “Cuidar es trabajo”.
Residuos y trabajo:
La Cooperativa de Recuperadores Merlina denunció la falta de aplicación de la ordenanza de gestión de residuos y que el municipio solicitó su desalojo sin alternativa. Informaron que este año triplicaron la recuperación de materiales.
Turismo y desarrollo:
Guías de AGUITUR advirtieron que la 917/25 afecta directamente la actividad turística y recordaron que en 2022 la falta de agua obligó a devolver reservas, un riesgo económico concreto.
La agrupación Humano Merlo reclamó que la plaza vuelva a ser un espacio activo para productores y artistas: “Merlo expulsa trabajo. Si la plaza no funciona, el turismo no llega”.
Producción y territorio:
Organizaciones de Trapiche, Río Grande y Virorco recordaron que la movilización comunitaria frenó proyectos megamineros y advirtieron sobre la urgencia de ordenar el territorio antes de que lleguen los daños.
Una jornada de democracia participativa
La multisectorial organizadora destacó que esta audiencia demuestra que cuando se cierran los canales institucionales, la comunidad crea los propios..
El encuentro finalizó con el compromiso de elaborar un documento integrado con todos los aportes, que será entregado al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante.
Durante el encuentro, la ex diputada y ex concejala Ana María “Titina” Nicoletti anunció que avanza una demanda de inconstitucionalidad contra la ordenanza municipal 917/25, que será presentada en los próximos días ante el Superior Tribunal de Justicia. La acción será patrocinada por el abogado Saiy Fara, quien asumirá la labor ad honorem.
La demanda busca una medida cautelar que suspenda la aplicación de la norma y, posteriormente, su declaración de inconstitucionalidad, al considerar que establece “un régimen de control ambiental inferior y regresivo” frente a las exigencias de la Ley Nacional 25.675 y la Ley Provincial 876/2013.
Les organizadores recordaron además que el Defensor del Pueblo de San Luis, Guillermo Belgrano Rawson, ya había advertido que la reforma resulta “incongruente” por omitir la participación pública obligatoria.
En la plaza circularon copias del borrador de la demanda y un formulario de adhesión. En pocas horas se reunieron 120 firmas.
Un 10 de diciembre con fuerte contenido simbólico
La coincidencia con el Día de la Democracia y los Derechos Humanos reforzó el sentido político del encuentro: la defensa del ambiente, del agua y del territorio como derechos fundamentales.
Mientras en otro punto de la ciudad el gobernador Claudio Poggi encabezaba inauguraciones, en la plaza la ciudadanía marcaba su presencia exigiendo transparencia, planificación y participación real.
La Primera Audiencia Popular en Defensa del Territorio dejó un mensaje nítido: Merlo quiere decidir cómo vivir y cómo crecer. Y está dispuesto a hacerlo colectivamente.
