Córdoba. Asesinato de Samuel Tobares: policías homoodiantes y connivencia del Ejecutivo provincial
El domingo 23 de noviembre la policía de Martin Llaryora, en Villa Parque Síquiman, Córdoba, mató a golpes a Samuel Tobares de 33 años.
Samuel volvía de su trabajo en un hotel de Carlos paz, cuando, al bajar del colectivo en una garita de la ruta 38, dos efectivos de la Policía de Córdoba lo interceptan -aún investigan las razones-, lo golpean con total brutalidad y desprecio, mientras lo insultaban con frases homofóbicas al grito de “puto de mierda”. Así lo detallan las personas que ahora son testigos en la causa.
La agresión fue tan feroz que Samuel perdió la vida en la calle con los dos policías ensañados sentados arriba de su cuerpo.
La policía de Córdoba mata
El estado provincial de Córdoba mata, lo hacen con odio. Y como si eso fuera poco intenta minimizar, con tecnicismos judiciales, los hechos. El fiscal Ricardo Mazzuchi ordenó la detención de los policías y los imputó por homicidio preterintencional, es decir una «acción violenta sin intención de matar» como si ante todo, el proceso de control y detención que propiciaron los agentes hubiera sido debido, digno o con humanidad.
El caso no fue un exceso, no fue un incidente. Fue violencia institucional, abuso de autoridad en su forma más brutal. Fue un crimen homoodiante.
Córdoba va en crecida con homicidios por razones de género y gatillo fácil y la consecuencia inmediata de todos los discursos de odio del Estado nacional que legítima estas prácticas violentas y homicidas. puntualmente en las fuerzas de seguridad poniendo en riesgo la existencia de todes
El asesinato de Samuel no es, lamentablemente, un hecho aislado. En marzo de este año, la policía de Córdoba mató a Guillermo Bustamante también en un procedimiento callejero. En solo 11 meses 15 policías fueron imputados por homicidio, violencia de género y narcotráfico.
La descomposición y brutalidad policial son política de estado. El gobernador Martin Llaryora en un declaración manifestó que «los de azul son los buenos» y deben ser defendidos en sus actuaciones y hace unos meses anunció la mayor inversión en infraestructura policial en 20 años.
En sintonía, Juan Pablo Quinteros, ministro de seguridad de Córdoba, se abraza con la nueva ministra de seguridad nacional Alejandra Monteoliva, señalada como responsable del “narcoescándalo” del año 2013. Suceso que involucró a Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba y fue el inicio del proceso que, por ineptitud de la ahora ministra nacional , terminó en el motín policial más grave de la historia provincial. El que derivaría en los saqueos del 3 y 4 de diciembre.
El pedido de justicia
Desde la Asamblea de Disidencias Sexuales Córdoba convocan a asamblea y concentración el día viernes 05/12 en el marco de el asesinato de Samuel Tobares por parte de la policía de Córdoba, el femicidio de Camila Merlo y la desaparición de Delicia Mamaní. Los tres hechos ocurrieron en los últimos 10 días en la provincia.
La Asamblea de Disidencias Sexuales Córdoba, al tiempo que convocaron a una concentración para repudiar el asesinato de Samuel y el femicidio de Camila Merlo, expresaron que “en un marco nacional donde Milei y Bullrich pretenden eliminar la figura de femicidio del Código Penal y tiene discursos odiantes, negando la existencia de la violencia de género, Córdoba y el PJ siguen su ejemplo en la práctica: Llaryora se alineó con Milei y su agenda penal juntándose con Bullrich, protegiendo a Milei con cordones policiales y mandando a su Ministro de Seguridad (Quinteros) a reunirse con la ex de la sotista Alejandra Monteoliva y Patricia Bullrich”.
Desde Orgullo Córdoba también denunciaron el brutal suceso y expresaron que “el caso no fue un exceso, no fue un incidente: fue violencia institucional, abuso de autoridad en su forma más brutal. Estamos hartxs. No vamos a seguir mirando para otro lado mientras la policía golpea, persigue y mata a quienes no encajan con su mirada de normalidad”.
Desde organizaciones lgbt, de derechos humanos hasta la comunidad en general que vive atormentada por la policía de Córdoba, exigen el cambio de carátula por homicidio agravado por abuso policial, y por crimen de odio por razones de género y orientación sexual, ambos agravantes establecidos en los incisos 4° y 9° del artículo 80 del Código Penal.
Exigen, además, una investigación exhaustiva que dé con todos los responsables , sin ninguna connivencia con el poder político ni policial.
El asesinato de Samuel Tobares vuelve a exponer un entramado de prácticas policiales cuestionadas y un clima político donde los discursos de odio encuentran terreno fértil. Mientras la Justicia avanza sobre los hechos y la responsabilidad de los policías involucrados, las organizaciones sociales sostienen que lo ocurrido es parte de un patrón que no puede seguir naturalizándose. En las calles, la demanda es urgente: verdad, justicia y garantías de que ninguna otra persona será puesta en riesgo por quienes deberían cuidarla.
