EN EL NOMBRE DE LAS MADRES

La forma en que se nombra a hijos e hijas, la forma en que se construye y sanciona legalmente una filiación por parte del Estado, no es un dato neutral. Expresa un posicionamiento político que puede reforzar o cuestionar el orden social, político y económico patriarcal en el que vivimos: orden que privilegia arbitrariamente a los hombres y menoscaba los derechos de las mujeres. Desde hace algunos días, y no sin resistencias, en nuestra provincia se ha dado un paso hacia adelante en este sentido. Luego de una serie de reclamos, en San Luis se puede inscribir a hijas e hijos con el apellido materno en primera instancia.

En la Dirección Provincial de Registro Civil y Capacidad de las Personas de San Luis se inscribió, por primera vez, a un niño con el apellido de la madre en primer término y del padre en segundo. Se trata de Manuel, un pequeño nacido a fines de noviembre del 2014, hijo de Mariela Villazón y Gabriel Rosales.
El trámite se hizo efectivo por vía administrativa, luego de que el Registro Civil negara la posibilidad en primera instancia, y reconsiderara la medida luego de varias apelaciones realizadas por la madre y el padre. De esta manera San Luis sigue el precedente de las provincias que posibilitan este tipo de inscripciones sin mediar orden judicial.
Acerca de lo que los había motivado a realizar este pedido, Mariela y Gabriel manifestaron a La Bulla: Habíamos tomado la decisión de inscribirlo de esta manera, como una modo de protesta contra una norma patriarcal y discriminatoria, como es la Ley del Nombre (18.248) actualmente vigente. Esta ley establece que la única forma válida de inscribir a los hijos matrimoniales es con el apellido del padre en primera instancia. Son cuestiones que se naturalizan, al punto de que difícilmente nos preguntamos como sociedad por qué, en una cuestión simbólicamente tan importante como es el apellido de los hijos e hijas, se privilegia al hombre y se discrimina a la mujer. Por eso, entre otras cosas, decidimos hacerlo.
Con esta idea en mente, se acercaron en el mes de diciembre del año pasado al Registro Civil a inscribir a Manuel según el trámite regular para estos casos. Su sorpresa no fue poca, cuando una empleada de la repartición les negó la posibilidad. Ante esto, decidieron presentar una petición formal al director del organismo, el Abogado Gastón Tula Barale, en la que argumentaban que “es posible realizar otras interpretaciones de la ley –del nombre- en el marco de los procesos de ampliación de derechos que se llevan a cabo en nuestro país, por ejemplo con la Ley del Matrimonio Igualitario.” Al mismo tiempo hacían constar que “la eminente puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación da cuenta de esta realidad y habilita (…) a que los cónyuges elijan el orden de los apellidos de sus hijos e hijas”. También citaban una serie de precedentes donde este pedido había sido concedido por vía administrativa y/o judicial.
La solicitud fue denegada por el director de la repartición provincial, argumentando que la misma contrariaba la legislación vigente, por lo cual recomendaba que se realizara el pedido mediante vía judicial, ya que era la única manera en la que él podía darle curso. Al mismo tiempo reconocía “como una realidad” la modificación de la Ley del Nombre en el nuevo Código Civil, pero como este aún no entraba en vigencia (lo va a hacer en agosto de este año) no podía dar lugar al pedido. En otras palabras, denegaba un pedido sustancial, por una formalidad jurídica.
Ante esta negativa, Mariela y Gabriel, respaldadxs por un grupo de abogadxs militantes por los derechos de las mujeres, decidieron presentar un segundo escrito objetando esta decisión administrativa, ampliando los argumentos de la petición, y exigiendo que se abriera un expediente formal para que su solicitud fuese evaluada por la oficina legal del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto.
Entre los argumentos esgrimidos en este último recurso se planteó, entre otras cuestiones, que la aplicación con exceso rigor formal del art. 4 de la Ley del Nombre, traería aparejado una desigualdad sustancial que afecta los derechos a la identidad, personalidad jurídica, igualdad de género, entre otros derechos humanos. También se interpeló al Gobierno provincial a “adoptar decisiones con perspectiva de género, la cuál debería ser transversal en toda la Administración Pública, como una forma de luchar por la igualdad y en contra de la discriminación”.
Finalmente, tras un recorrido administrativo de más de tres meses, durante el cual su hijo estuvo indocumentado, la petición fue considerada positivamente por la oficina legal del ministerio. En dicho dictamen se plantea entre otras cosas que, ante conflictos de este tipo, debe priorizarse el interés superior del niño y que la “actividad discrecional administrativa no equivale a la facultad de decir que sí o que no, según le plazca a la administración, y mucho menos cuando se trata de conceder la personalidad jurídica, porque están comprometidos derechos de base constitucional (…) por lo que realizar una interpretación restrictiva, parcial, aislada y no armónica de lo normado en la Ley del Nombre con el resto del ordenamiento normativo del que forma parte, devendría no solo en un exceso de rigor formal sino en una injustificada arbitrariedad y discriminación”.
El Estado provincial en general -y el oficialismo político en particular- no han sido permeables a peticiones que involucren la igualdad de género. De hecho algunos de sus máximos referentes políticos –como la senadora nacional Negre de Alonso- han sido mascarones de proa en las luchas contra la ampliación de derechos que se dieron en los últimos años, como es el caso de la Ley de Matrimonio Igualitario o la despenalización del aborto no punible. Ante esta realidad, casos como el aquí reseñado, muestran que los conservadurismo afincados en el aparato legal pueden ser transformados si se reclama con persistencia.


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