En el Plan de Inclusión serían más de 4 mil los trabajadores afectados

El gobierno de la provincia se sumó a la política de despidos generalizados. Según trabajadores del Plan de Inclusión Social, serían más de 4 mil los perjudicados. En los últimos días, la ministra de de Desarrollo Social, Alida García Peanú, quien está a cargo del «Plan», anunció una serie de modificaciones en la situación de los beneficiarios del plan. Por la positiva la funcionaria declaraba en la prensa oficialista, que “los beneficiarios seleccionados estarán dos meses con un convenio de adhesión voluntaria de capacitación en administración pública. Una vez finalizada esa etapa pasarán a una segunda parte de nueve meses de práctica laboral rentada y por último accederán a un contrato”.
Esta medida anunciada por la funcionaria, afecta a unos 2 mil trabajadores, pero en el fondo ocultaban la desvinculación de miles de trabajadores. Entre los afectados por esta medida también están los trabajadores de las cooperativas que ser armaron en el marco del programa de inclusión.
La situación precaria que ya vivían los beneficiarios de este «plan», se agrava con los despidos que dejaran a miles de familias sin el salario, que en muchos casos es el único ingreso para sus manutención.
Desde ayer lunes la sede de la ex «Colonia Hogar» se encuentra tomada por los trabajadores despedidos y en el día de hoy, tras la insistencia y presencia de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) la ministra salió a dar explicaciones sobre la situación. Tanto ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) como el sindicato de docentes ADU, acompañaron a los manifestantes quienes continuarán en estado de alerta y con asambleas para definir las acciones a futuro.
Recordemos que el Plan de Inclusión se inició en el año 2003 bajo el gobierno de Alberto Rodríguez Saá y en el marco de una crisis económica muy grave. Hoy, en un contexto donde gobiernos provinciales y el Estado Nacional suman más de 20 mil despidos, «El Alberto» se suma a la política de achicamiento del Estado mediante despidos. La situación se agrava si tomamos en cuanta una inflación que avanza a valores alarmantes contemplando los precios tanto de productos de primera necesidad (leche, harina, carnes) y los aumentos pautados para servicios como el de la Luz o el Gas.
Por su parte la ministra Peanú, ante las consultas sobre la situación del plan y el verdadero objetivo que es la reinserción de personas en el mercado laboral y en condiciones de formalidad, responsabilizó a las gestiones gubernamentales pasadas. Algo irónico conociendo que es el mismo partido (PJ) y familia (Rodríguez Saá) quien ejerce el poder en la provincia desde la vuelta de la democracia (1983). Está estrategia para deslindarse de posibles responsabilidades, está siendo usada desde la vuelta de Alberto a casa de gobierno. Prácticamente una puesta en escena sobre una supuesta interna entre el Poggismo y los Saá, presentados hoy como antagónicos, mientras que ayer eran socios del poder y claros responsables de la aguda precarización laboral que hoy reina en San Luis.
La Bulla se entrevistó con Alejandro Nuñez (Sec. Adjunto de la CTA) y Amanda Arce (Sec. de Prensa de la CTA), quienes asistieron a dar apoyo a los trabajadores despedidos:

Por su parte, la CTA Autónoma difundió un comunicado expresándose sobre el conflicto:
La ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO, ATE, conjuntamente con la CTAA representarán a los trabajadores del Plan de Inclusión Social de la provincia, que han sido despedidos de los organismos donde precariamente, prestaban servicios, con ingresos mínimos y en negro. Según informó la Ministra a cargo,en el día de hoy, ante los trabajadores movilizados que reclamaban por su puesto de trabajo, el gobierno pretende «reorganizar el plan» para lo cuál separa a los trabajadores de sus puestos y los deja sin el adicional que cobraban en las dependencias estatales o empresas donde se desempeñaban. Se pretende con esta medida que subsistan con $1900 hasta que sean reincorporados solo 2000 de los 7000 trabajadores. En tanto los que se vieron obligados a conformar las mal llamadas «cooperativas» quedan sin el aporte del plan ($1900), sin el lugar de trabajo y con la deuda que se les generará en la AFIP!
Ante tal situación, los trabajadores afectados se reunirán en la sede de ATE, a la hora 19, para evaluar la situación y organizar la resistencia por la continuidad laboral y por el posterior pase a planta permanente.
La Central y sus gremios de base convocan a todos los trabajadores con planes sociales ya que la baja de todos es inminente.

Compartimos video registrado por la CTAA con las declaraciones de la ministra ante los trabajadores y el sector sindical: