Fábrica de desempleo: se extiende la crisis en el parque industrial provincial

A seis meses del macrismo, los conflictos laborales se multiplican en diferentes puntos del país. En San Luis, los parques industriales muestras profundos signos de una crisis que afecta sobre todo, al sector industrial.
En este contexto, el Gobernador Alberto Rodríguez Saá ensayó un gesto que inicialmente iba a ser una ley antidespidos provincial y terminó por ser un acotado acuerdo entre el gobierno, un sector del empresariado y algunos dirigentes sindicales. El alcance del acuerdo está limitado a algunos empresarios, sobre todo amigos del gobierno y estipula un tiempo de 180 días para llevar adelante los siguientes tres puntos: 1) El Estado provincial, el sector empresarial y los distintos gremios se comprometen a trabajar mancomunadamente en pos del cuidado del trabajo y la paz social, a pesar de la crisis económica nacional. 2) Los empresarios prometen trabajar con el mayor esfuerzo para evitar despedir a sus empleados. 3) Los sindicatos aceptaron la responsabilidad de trabajar con el sector empresarial y evitar medidas de fuerza, sino antes bien, fomentar y buscar el dialogo.
Claramente es una acuerdo laxo, donde el empresariado sigue sosteniendo las riendas sobre el ajuste en las fábricas, tal como sucede en Villa Mercedes en la Cerámica San Lorenzo, donde se han suspendido a 120 trabajadores con una reducción salarial del 15 %.
Por otra parte, el acuerdo no alcanza a todos los sectores, según testimonios del Gobernador, “hubieron empresarios que, a causa de que la compañía es internacional, no pudieron firmar, pero si están de acuerdo y nos acompañarán”. Esto claramente deja a juicio de las patronales el respetar el mencionado acuerdo y frenar los despidos.
Para ampliar este tema, La Bulla se entrevistó con Diego Costa, Secretario General de la CTA Autónoma, a quien le preguntamos sobre el acuerdo provincial y la reacción de la Central, quien llamó a sus asociaciones de bases a un encuentro donde se delineo un plan de acción tanto a nivel local como nacional.
Diego Costa:

La crisis económica en Argentina no solo crece en estadísticas laborales, sino en estadísticas sobre la criminalización de la protesta. Según un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en esta primera mitad de año hubo 35 detenciones en el marco de acciones sindicales y donde 9 dirigentes fueron víctimas de las mismas, mientras que el resto estuvo centrada en integrantes de los sindicatos y trabajadores.
Además, el sistema represivo se ha profundizado y se registraron más de 24 represiones y ataques a protestas ocurridas en 9 provincias. Las mismas fueron llevadas a cabo por gobiernos provinciales cuyos gobernadores responden tanto al Macrismo como al Kirchnerismo. De esta forma se advierte una clara política de ataque a la clase trabajadora que tiene consenso en gran parte de la dirigencia política que gobierna municipios y gobernaciones.
La represión, tiene como objetivo aplacar un grado de conflictividad que está superando la capacidad de acción de los gobiernos y que esconde una crisis industrial y cambio de matriz productiva. En San Luis, son varios los conflictos laborales en fábricas y para ampliar la información sobre lo que sucede en el parque industrial, entrevistamos a Ariel, delegado de Tyrolit, una de las tantas fábricas donde se está despidiendo a trabajadores y se realizan reducciones de turnos.
Ariel Guibelalde, trabajador de Tyrolit: