La reinserción no es negocio

Los Derechos de las personas privadas de libertad describe como deben ser tratadas las personas en Cárceles y Servicio Penitenciarios, «A la vida. A la dignidad. A la integridad personal, física, psíquica y moral. A la igualdad de trato. A peticionar ante las autoridades. A la libertad de expresión, de conciencia y de religión. A la defensa. A no ser discriminadas. A la salud. Al trabajo. A la educación y recreación…», derechos que posibiliten la reinserción social. Pero si uno o todos estos derechos comienzan a tener un costo para la mayoría de la población que habitan esas celdas ¿que tipo de vida llevan?

Hace más un mes, sin dar sus datos personales por temor a represalias familiares de personas privadas de libertad de San Luis relataron a La Bulla lo que sucede dentro del penal provincial desde el momento que ingresan para visitar a sus familiares y amigxs.

Los protocolos ante el Covid-19 son efectivos para contraerlos, durante las requisas el personal parece no contar con elementos para su cuidado y el de otras personas, sin guantes, ni barbijos o con medio guante parece ser la única protección ante el virus. Un contagio de esta pandemia podría ser un riesgo para las personas privadas de su libertad y para el agente penitenciario.

Pero hay visitas que no pasan por las requisas, ingresan con elementos que estan prohibidos. Pero ¿por que se saltan las requisas? o ¿quienes reciben tantos beneficios? Las respuestas son claras y evidentes. Los únicos que pueden «obtener» un trato especial son quienes cometieron crimenes de lesa humanidad, ex militares, ex policías, ex senador entre otros ex funcionarios. Ellos pueden caminar por el patio con celulares de alta gama, usar el wifi, recibir los mejores cortes de carne mientras el resto de la población lleva una extricta dieta o una mala alimentación agravando las condiciones de detención, y poniendo en practica un nuevo método de tortura, inhumano y degradante. ¿Quién permite esta desigual?

La nueva política penitenciaria en San Luis parece haber encontrado un engranaje clave las personas privadas de la libertad que trabajan y facturan para la prosperidad de unos pocos. El negocio crece pero con la materia prima destinada para alimentar a lxs internxs, un negocio que no paga impuestos. Y nos preguntamos, ¿El dinero vuelve al sistema carcelario? o ¿A Quién beneficia?
¿La resocialización es posible en el Servicio Penitenciario Argentino? o se ve imposibilitado para algunxs cuando son obligadxs a la venta de estupefacientes en penales, alquiler de armas para realizar delitos en salidas transitorias y quienes no aceptan estas condiciones son “suicidadxs” y torturadxs.

Y volvemos a reformular la pregunta, ¿Es posible la reinserción o para el Estado no es negocio? Quizás el negocio está en mantener una maquinaria del miedo, sin oportunidades. Las nuevas políticas penitenciarias pueden estar bien en papeles, pero la realidad es que ni para mantener un taller de arte sirven, no vaya a ser cosa que los cuadros o las paredes reflejen la realidad carcelaria.

Vale la pena recordar la definición de la Coordinadora Anticarcelaria: las prisiones argentinas son campos de concentración porque allí los grises matan, torturan y humillan, impunemente, como política del Estado en todo el país.

 


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