Memoria viva: Condenaron a 25 años de prisión a dos responsables de la Masacre del Pabellón Séptimo
A casi 50 años de la represión y el incendio en el penal de Devoto, Buenos Aires, la justicia condenó a 25 años de prisión a dos exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal por tormentos y tormentos seguidos de muerte. El fallo reconoció los hechos como graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, marcando un hito en la búsqueda de verdad, memoria y justicia.
El 14 de marzo de 1978, en plena dictadura cívico, eclesiástica, empresarial, militar argentina (1976-1983), una violenta requisa en el Pabellón Séptimo de la Unidad Penitenciaria N°2 de Devoto terminó en la masacre carcelaria más grave de la historia penitenciaria del país.
El operativo represivo desató un incendio intencional y una brutalidad sistemática que se cobró 65 vidas, dejó 153 detenidos sometidos a tormentos y decenas de heridos.
Durante años, el hecho fue ocultado bajo una versión oficial que responsabilizó a las propias víctimas. Hoy, casi cinco décadas después, la justicia comienza a reparar una verdad largamente negada.
Los hechos
En la madrugada del 14 de marzo, un grupo de internos miraba una película en el pabellón séptimo. El celador Gregorio Bernardo Zerda les ordenó a los gritos que apagaran el televisor.
Jorge Tolosa, en nombre de los detenidos, respondió que aún estaban dentro del horario permitido.
Horas más tarde, Zerda y otros penitenciarios intentaron llevarse a Tolosa por la fuerza. El interno se resistió y sus compañeros lo protegieron: sabían que, si se lo llevaban, sería torturado e incluso temían que no regresara con vida.
Por la mañana, unos 70 agentes del Servicio Penitenciario Federal ingresaron al pabellón armados con palos, gases lacrimógenos y armas de fuego. La represión fue inmediata y desproporcionada.
Los detenidos improvisaron barricadas con camas y se defendieron como pudieron, arrojando papas. Ante la resistencia, los guardias se replegaron, cerraron las rejas con candados, lanzaron gases lacrimógenos y dispararon ametralladoras a mansalva. Los colchones y las colchas comenzaron a arder. Mientras el fuego se propagaba, los guardias disparaban contra quienes intentaban respirar por las ventanas.
El personal penitenciario impidió el ingreso de los bomberos y cortó el suministro de agua, dejando que el incendio consumiera el pabellón.
Quienes sobrevivieron fueron golpeados y trasladados al subsuelo, donde permanecieron gravemente heridos en celdas de castigo, sin atención médica.
Imagen: Mariana Nedelcu
El encubrimiento y el silencio
La prensa de la época bautizó el hecho como “el motín de los colchones”, instalando de inmediato la versión oficial que culpaba a los detenidos por el incendio y las muertes. Ese relato funcionó como una forma de encubrimiento institucional que permitió décadas de impunidad.
La masacre del Pabellón Séptimo es un ejemplo extremo de cómo la violencia estatal, combinada con la indiferencia social y judicial, puede derivar en un crimen institucional de dimensiones trágicas.
Un largo camino hacia la justicia
La causa permaneció archivada hasta 2013, cuando fue reabierta por el pedido de Hugo Cardozo, único sobreviviente que impulsó activamente la investigación. Cardozo tenía 19 años al momento de los hechos y era un preso “común”. Su testimonio fue clave para reconstruir lo ocurrido.
En 2014, el juez Daniel Rafecas y la Cámara Federal declararon los hechos como crímenes de lesa humanidad, lo que los volvió a la causa imprescriptible. Así se estableció un principio fundamental: la condición de “presos comunes” no excluye la responsabilidad estatal ni la gravedad del crimen.
El juicio oral comenzó en octubre de 2024 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, con la querella patrocinada por las abogadas Claudia Cesaroni, Natalia D’Alessandro y Denise Feldman. Durante el proceso declararon sobrevivientes, familiares de las víctimas y se realizó una inspección ocular en el penal, donde dos sobrevivientes señalaron los lugares donde ocurrió la represión.
Imagen: Mariana Nedelcu
La sentencia histórica
En una sentencia reciente, el TOF N°5 condenó a 25 años de prisión a dos ex penitenciarios:
Juan Carlos Ruiz, exdirector del penal de Devoto (93 años).
Horacio Martín Galíndez, exjefe de la División Seguridad Interna (92 años).
Ambos fueron condenados como coautores funcionales de:
Imposición de tormentos reiterados en 88 oportunidades, y
Tormentos seguidos de muerte en 65 oportunidades.
El tribunal declaró los hechos como graves violaciones a los derechos humanos y rechazó el planteo de prescripción solicitado por las defensas.
El tercer acusado, Gregorio Bernardo Zerda (74), fue absuelto. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el 16 de marzo de 2026.
Durante el alegato, el fiscal Abel Córdoba sostuvo que los hechos expresan dos dimensiones de violencia: la dictatorial y la carcelaria, y los calificó como crímenes contra la humanidad, conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma. Subrayó que lo central para esa calificación es la conducta de los perpetradores y el contexto del plan represivo estatal, no la situación jurídica de las víctimas.
Memoria, verdad y justicia
La condena por la Masacre del Pabellón Séptimo no recompone el daño irreparable ni devuelve las vidas perdidas, pero rompe el silencio, desmonta la mentira del “motín” y reafirma que el Estado no puede torturar ni matar, bajo ninguna circunstancia.
Recordar este crimen es una forma de interpelar el presente: los delitos de lesa humanidad no se limitan a los centros clandestinos, también ocurrieron en cárceles, comisarías y espacios que el Estado debía proteger.
La memoria viva exige justicia, pero también reflexión colectiva para que el encierro, la violencia institucional y la deshumanización no vuelvan a ser tolerados. Más aun, en un contexto nacional con un presidente no solo negacionista sino reivindicador del terrorismo de Estado.
Porque sin memoria no hay justicia.
Y sin justicia, no hay democracia plena.
