Otra vez violencia en el Juzgado de Violencia

“Es muy triste que una jueza esté en el lugar donde está sin laburar, sin sentarse a leer expedientes…no solamente en mi caso, sino en cada uno que entra al Juzgado de Violencia de San Luis. Porque no soy la única que está pasando por esto. Yo, a esta altura ya he aprendido un montón de cosas que realmente no podía creer que pasen en la Justicia, más con el tema de los niños y de las mujeres….Espero que esto sirva para que se den cuenta de la persona que tenemos en un lugar tan importante como es violencia familiar, es un tema muy delicado y no es para cualquiera…es un puesto para laburar y laburar en serio”, expresa una mujer desesperada por volver a ver a su hija.

Otra una mujer que se animó a contar su historia para La Bulla, de forma muy cruda y contundente. Nos comenta que denunció la violencia de género de tipo económica por parte del progenitor de su hija menor, quien al haberse separado continuó pagando el monto del alquiler donde vivía con su hijita, hasta que un día no pagó más sin avisarle y la inmobiliaria la dejó en la calle de un día para al otro, con sus dos hijas menores.

A raíz de esto, le solicita  al padre que se haga cargo de la niña hasta que ella logre resolver su situación habitacional.

En ese momento el padre se apropia de la niña acudiendo a la justicia que lo protege y ampara hasta el día de hoy.

La víctima no sólo denunció violencia económica sino que también en su denuncia declara la violencia psicológica y el acoso constante por parte del progenitor, solicita una orden de restricción de acercamiento pero la jueza Alejandra Ponce Navelino nunca la dictó.

Insólitamente dicta una orden de restricción a favor del violento, quien habría denunciado “violencia de género” cuando la víctima lo sacó a los empujones luego de haberla dejado en la calle.

Una jueza, que a la vista, no está capacitada en violencia es la que imparte “justicia»… patriarcal.

Pero la jueza Alejandra Ponce Navelino, del Juzgado de Violencia de la ciudad de San Luis, no se quedó sólo con beneficiar al violento con una orden de restricción. Luego de que un una audiencia de conciliación en su juzgado, en la que la mujer fue nuevamente violentada por la abogada del padre de su hija, en la que se resolvió la restitución de la menor en cuanto  la denunciante resolviera su situación habitacional, el padre no la restituye por lo que se acudió nuevamente a la “justicia” solicitando que sea la jueza quien ordene la medida.

¡Pero no! Sobrepasando la autonomía de la voluntad de la negociación familiar, aún continúa sin resolver que la niña vuelva con su mamá y su hermana quienes desde el mes de febrero no la veían hasta hace unos días que lograron compartir un día juntas.

De quienes acompañamos a las víctimas de violencia, tenemos diarios testimonios de los inmensos obstáculos que se encuentran  cuando llega el momento de denunciar. Es tan sonbrío el panorama que hay que pensar dónde van a revictimizar menos, para dirigirse hacia allí. Se tocan puertas, se buscan contactos para evitar lo que en este caso sigue siendo inevitable, la violencia institucional.

Tenemos tratados internacionales como la CEDAW, la Convención de Belem Do Pará, ley nacional de protección integral de las mujeres 26.485, la ley Micaela 27499, para la capacitación obligatoria en perspectiva de género de quienes integran los poderes del Estado, tenemos ley de violencia familiar en la provincial, que nos protegen, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en todos los ámbitos donde las mujeres nos relacionemos. Desde los feminismos acompañamos las nuevas legislaciones protectoras de los derechos de las mujeres, no sólo porque son conquistas de nuestras luchas colectivas, sino porque creemos que la faz legal y la judicial son claves para el cambio de paradigma que vamos gestando. Ahora bien, de qué sirve una ley que establece un procedimiento rapidísimo para el abordaje judicial en los casos de violencia, o que imponga en la figura de un juez o jueza la obligación de disponer medidas protectorias a las víctimas, si cuando denunciás te tratan mal desde el que te toma la denuncia hasta una jueza en una audiencia, protegiendo al macho y atacando a la mujer. «De qué perspectiva de género nos están hablando”, se pregunta una compañera feminista que acompaña mujeres que atraviesan situaciones de violencia machista.

Entonces, ¿qué les queda a las víctimas? ¿Quién controla que el controlador no se descontrole? Mientras más adhesiones a la Ley Micaela haya en la provincia, más testimonios deberían alzarse para desmentir tal incoherencia.

Compartimos el audio con el relato de K, con el filtro necesario para reservar su identidad:


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