¿Quién nos cuida de la policía de San Luis?

La pandemia agudizó el accionar violento y represivo de las fuerzas policiales. Bajo el pretexto de los cuidados sanitarios, los gobiernos nacional y provinciales habilitaron el desenfado y la violencia extrema de la policía.

Y ese abuso de autoridad se constata en las cifras que hace unos dias presentara la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en su informe sobre la situación de violencia institucional a nivel nacional en el contexto de la pandemia de coronavirus. En el mismo se detalla que se registraron «981 muertes» a manos de integrantes de la fuerzas de seguridad «en los últimos dos años».

En San Luis, dos muertes en comisarías provinciales sucedieron en pandemia. La policía puntana asesinó a Florencia Magali Morales, en Santa Rosa del Conlara y al adolescente Franco Maranguello, en Villa Mercedes. Sobre este punto, el informe de Correpi, señala que «se triplicaron los decesos en lugares de detención», lo que representa «más del 70% de las muertes por violencia institucional».
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Pese a la crisis económica, más presupuesto para la policía

En sintonía con los sectores conservadores que piden más  «seguridad», en marzo de este año, el gobierno de la provincia de San Luis anunció con bombos y platillos el Plan Integral de Seguridad. Plan que contempló la incorporación 900 agentes a las filas de la policía provincial y una inversión de 2.500 millones de pesos para móviles, equipamiento y tecnología.

En un contexto de aumento de la crisis económica, donde mismo gobernador mencionó que cayó el porcentaje de recaudación impositiva a causa de la pandemia, la provincia, de todos modos, tuvo su importante presupuesto para el área seguridad.

Así, San Luis adquirió en sólo un año, 500 pistolas 9 mm, 6.000 municiones 9 mm, 5.000 7,62, 12.000 cartuchos 12/70, 500 chalecos antibala, 100 rodilleras, 150 bastones y cascos antidisturbios, 300 equipos de comunicaciones, entre radios portátiles VHF y teléfonos celulares, 4.550 equipos que incluyen gorra, campera, camisa, bombacha, borceguís, cinto táctico, pistolera y porta cargador, 5 automóviles, 180 motos, 4 furgones tácticos, 6 minibús para transporte de personal, cámaras de seguridad para 61 dependencias policiales y 134 celdas, 4 equipos de visión 360 para reconstrucción de hechos con cámaras, trípodes y visores de realidad virtual, entre otros equipamientos.

En ese momento, cuando  anunció el Plan Integral de Seguridad Rodríguez Saá dijo: “vamos a tener como movernos, como defendernos y defender a la gente. Vamos bien, vamos a seguir invirtiendo para que la Policía sea de lo mejor”.

¿Defender a la gente de quién? Y de la policía, cada vez más equipada y violenta, ¿quién nos defiende?

Adolescentes perseguidos. Impunidad policial

Hace unos días, más precisamente el domingo 12, dos adolescentes puntanos vivieron la más atroz violencia y abuso policial.

La situación  se conoció por audios que la madre de uno de ellos, Cintia Schwartz, hizo circular por whatsapp. «Ayer ( por el domingo 12 de diciembre) a las 20.30 horas mi hijo estaba paseando en Potrero de los Funes con su amigo, explorando. El tiene 15, su amigo 17. Son súper sanos, no toman, no fuman, no se drogan […] Y ayer la policía sin ningún motivo, los empezó a perseguir. Cuatro tipos en moto los redujeron, los agarraron del cuello, los amenazaron con matarlos a tiros, solamente porque estaban corriendo, porque se asustaron porque le pegaron un grito», relató la madre de uno de los adolescentes.

Situaciones como esta, son moneda corriente en San Luis. Persecuciones, detenciones arbitrarias son prácticas cotidianas en las calles puntanas.

El relato de la madre continua con detalles que recuerdan el accionar de las fuerzas represivas de la última dictadura militar. «Los redujeron y se los llevaron en el móvil sin darle explicaciones, burlándose de ellos diciéndoles que los podrían haber matado a tiros y haberlos desaparecido. Los maltratan psicológicamente. No me avisaron nada», explicó Schwartz. Al tiempo que agregó: «la policía de Potrero de los Funes se llevó contra su voluntad a los dos menores de edad que no estaban haciendo nada y los secuestraron en una garita, No dejaron que se comuniquen con nosotros, no le dieron motivo, los maltrataban, les decía que no se podían ir, que no se iban a tomar el colectivo ni irse, que no se podían comunicar con los padres».

Los adolescentes  estuvieron retenidos desde las 20.30 de la tarde hasta la 01.30, sin poder comunicarse con sus familias.

El relato de la madre detalló que, «a la 01.30 de la mañana me enteró que mi hijo estaba en la Comisaría del Menor. Y los de esa comisaría me dijeron que no sabían ni si quiera porque los chicos estaban ahí. La policía de Potrero de los Funes los dejó en la Comisaria del menor sin ninguna causa».

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Agenda antirrepresiva

Ante el violento accionar policial, urge una  agenda antirrepresiva que limite la ilegalidad con la que actúan  y controle el nivel de impunidad con el que se mueven.

En el artículo publicado en su página web, titulado «Archivo 2021: LA DEUDA ES CON EL PUEBLO», la Correpi exige el cumplimiento urgente de esta agenda antirrepresiva. Y detalla algunos puntos de vital importancia para poner freno al avance represivo de las fuerzas policiales:

• «Eliminación de todas las facultades y prácticas de las FFSS para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente. ¡Cumplan la sentencia de la Corte IDH en el caso Bulacio ya!
• Prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil.
• Prohibición de proveer defensa técnica institucional, con abogados de los Ministerios de Seguridad, a los miembros de las fuerzas enjuiciados por hechos represivos.
• Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.
• Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.
• Anulación de la directiva que tiene la policía federal de portar el arma en condición de disparo inmediato (con bala en recámara y sin seguros).
• Derogación de las reformas regresivas en la legislación represiva nacional, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
• Cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva por delitos menores.
• Revisión y rápido trámite de los expedientes de personas con condenas menores efectivas en condiciones de acceder a libertades domiciliarias o asistidas.
• Redireccionamiento de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar condiciones de alojamiento digno a la población carcelaria común.
• Garantía de la debida provisión de asistencia médica y psicológica, alimentos, medicación y recursos sanitarios en lugares de detención
• No a la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes.
• Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.
• Basta de criminalizar la protesta, de perseguir y espiar organizaciones y militantes populares.
• Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
• Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.
• Eliminación del sistema actual de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
• Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
• Basta de criminalizar personas trans y travestis. Derechos sociales y laborales integrales y cumplimiento e implementación efectiva de los derechos conquistados.
• Derogación de la Resolución nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan “tareas de prevención” (ciberpatrullaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.
• Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento)».


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