Violencia en el Juzgado de Violencia

Cuando la provincia se muestra progre en materia de género, creando secretarías y juzgados para eso, fantaseando con un escenario “creíble” para el 35 Encuentro Plurinacional y de las Disidencias, los relatos de las víctimas muestran lo contrario.
La realidad vs. la foto.

“ […] Denuncien, denuncien, denuncien […] Denuncié y tuve la misma respuesta que durante todos estos años he tenido, nada”, relata K, una mujer que se animó a contar su historia para La Bulla, de forma muy cruda y contundente.

Hace unos días, acompañada de una red de mujeres, K denunció una vez más a su ex pareja, en un renovado intento por salir del círculo de violencia, el que se extendió por 32 años alcanzando a su contexto familiar, ya que en la ocasión de la denuncia, además fue agredida físicamente por su hijo de 16 años.

De quienes acompañan a las víctimas de violencia, tenemos diarios testimonios de los inmensos obstáculos que se encuentran  cuando llega el momento de denunciar. Es tan sonbrío el panorama que hay que pensar dónde van a revictimizar menos, para dirigirse hacia allí. Se tocan puertas, se buscan contactos para evitar lo que en este caso sigue siendo inevitable, la violencia institucional. Resulta que K. no solamente no pudo regresar más a su casa, de la que se tuvo que ir para resguardar su integridad física, sino que fue maltratada en el Juzgado de Violencia de la ciudad de San Luis, por la misma jueza Alejandra Ponce Navelino.

“[…] Si esto es lo que ellos pretenden que sea “Ni una Menos”, es de la boca hacia afuera. Institucionalmente no se hace nada, nada, nada. Más violencia de lo que he recibido, cuando la jueza y el secretario me contestaron:  ‘y en 32 años no has hecho nada, estas son consecuencias del mal accionar de tantos años‘. Hice lo que pude y lo que tuve a mi alcance […] Ellos tienen que resolver protegerme, no atacarme […]”, dice K.

En San Luis hay una ley de violencia familiar, la I-0009-2004, que estipula claramente un procedimiento muy expeditivo, poniendo en la figura del juez o jueza, la obligación de disponer medidas en plazos breves, la exclusión del hogar del violento, entre otras medidas preventivas. Por ejemplo, dice el Art 4: “La autoridad policial o judicial que reciba la denuncia deberá adoptar las medidas de contención de la víctima hasta tanto no se dispongan las medidas cautelares y el regreso al domicilio. El regreso al hogar, asiento del grupo familiar, se realizará en compañía de la autoridad judicial y/o policial, que deberá labrar aun acta dejando constancia del cumplimiento de la medida cautelar adoptada”. Al parecer, la jueza Ponce Navelino la desconoce.

“Desde los feminismos acompañamos las nuevas legislaciones protectoras de los derechos de las mujeres, no sólo porque son conquistas de nuestras luchas colectivas, sino porque creemos que la faz legal y la judicial son claves para el cambio de paradigma que vamos gestando. Ahora bien, de qué sirve una ley que establece un procedimiento rapidísimo para el abordaje judicial en los casos de violencia, o que imponga en la figura de un juez o jueza la obligación de disponer medidas protectorias a las víctimas, si cuando denunciás te tratan mal desde el que te toma la denuncia, hasta una jueza en una audiencia, y te mandan a tu casa o a donde puedas. De qué perspectiva de género me están hablando”, se pregunta una compañera feminista que acompaña mujeres que atraviesan situaciones de violencia machista.

Tenemos tratados internacionales como la CEDAW, la Convención de Belem Do Pará, ley nacional de protección integral de las mujeres 26.485, la ley Micaela 27499, para la capacitación obligatoria en perspectiva de género de quienes integran los poderes del estado, tenemos ley de violencia familiar en la provincia, pero K. sigue en la calle, y quienes la dejaron ahí, siguen replicando violencias sobre otras mujeres, sobre otras familias. Entonces, ¿qué les queda a las víctimas? ¿Quién controla que el controlador no se descontrole? Mientras más adhesiones a la Ley Micaela haya en la provincia, más testimonios deberían alzarse para desmentir tal incoherencia.

“Denuncien, denuncien…”, dicen.

Compartimos el audio con el relato de K, con el filtro necesario para reservar su identidad: