“Hay alguien que casi no fue investigado: su abuelo paterno Roque Lucero”, la denuncia de Yamila Cialone, madre de Guadalupe Lucero
A casi cinco años de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero, la causa suma una novedad que reconfigura el escenario judicial. El abuelo paterno de la niña fue imputado por abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor con discapacidad, en una investigación iniciada en noviembre de 2024. La acusación se formalizó el 20 de abril tras una Cámara Gesell positiva. El hombre no se encuentra detenido, mantiene restricciones procesales y existe al menos otra denuncia en trámite por hechos similares. La familia materna sostiene que este dato debió haber sido considerado desde el inicio de la búsqueda.
En ese contexto, la voz de Yamila Cialone irrumpe con un señalamiento directo sobre las omisiones dentro del expediente. Su comunicado, publicado este domingo 3 en redes sociales, introduce una sospecha que, según denuncia, fue desestimada desde 2021.
“Hoy hablo como mamá. Mientras todos seguimos siendo investigados por la desaparición de mi hija, hay alguien que casi no fue investigado: su abuelo paterno, Roque Lucero. Y esto no es nuevo”, afirma Cialone al tiempo que sostiene que dentro del expediente judicial ya existía información clave que no fue profundizada. “En el año 2021, dentro del expediente, esta persona declaró haber tenido una denuncia por abuso contra una menor de 8 años. Esa información existía. Estaba en la causa. Y aun así, fue omitida y no se investigó como correspondía. Nunca me escucharon”.
El señalamiento abre un interrogante estructural. La falta de cruce de datos en causas que involucran violencias hacia niñas expone un funcionamiento fragmentado del sistema judicial. La ausencia de articulación entre fueros y la desatención de antecedentes configuran un patrón que excede un caso individual.
Cialone describe además un presente que agrava el escenario: “Hoy vuelven a aparecer denuncias por hechos similares. El jueves 30 me enteré de estas denuncias gravísimas. Fui a Fiscalía Federal y me dijeron que ni siquiera tenían conocimiento de esto. ¿Cómo puede ser?”. La pregunta instala un punto crítico sobre la circulación de información entre jurisdicciones y la responsabilidad estatal en la investigación de delitos complejos.
El comunicado también señala decisiones dentro del ámbito judicial provincial: “¿Por qué lo dio ‘por no importante’ la fiscal Virginia Palacios y su equipo?”. La calificación de un dato como irrelevante dentro de una causa de desaparición de una niña adquiere una dimensión política y jurídica. Define qué se investiga, a quién se protege y qué hipótesis quedan relegadas.
En el plano personal, el texto expone vínculos atravesados por silencios: “Lo que más me duele: mi hijo, hermano mayor de Guada, estuvo en contacto con esta persona. Y el padre de mi hija sabía de estas acusaciones desde el primer momento y eligió callar”. De esta forma, la denuncia de Yamila amplía el campo de responsabilidad hacia el entorno cercano y plantea la necesidad de abordar las violencias desde una perspectiva integral.
Además, sostiene una posición precisa frente a la búsqueda de Guadalupe: “Cuando tu hija está desaparecida, se investiga todo, a todos. Yo no voy a proteger a nadie. No me importa el apellido ni el vínculo. Caiga quien caiga”. En ese sentido, Yamila exige la investigación sin privilegios ni jerarquías familiares o sociales.
El comunicado cierra con una dimensión colectiva que interpela a toda la sociedad: «Porque mi hija importa, porque siempre me tendrá a mí para seguirla buscando y pedir por ella. Y porque ninguna otra niña debería pasar por esto. Cuántas denuncias más necesitan, son niñas inocentes, indefensas que tuvieron la mala suerte de encontrase a este degenerado en su camino, pero hay que escucharlas, apoyarlas y acompañar,porque podría ser Guada en algún lugar de este mundo, y porque nadie debe elegir traumar ni qué destino darle a las vidas de las niñas.
La denuncia de una “justicia podrida y corrupta” es la síntesis de una experiencia prolongada de revictimización institucional que Yamila y toda la familia ha transitado en estos años.
La abogada querellante, Soledad Poma de Otaegui, señaló que la imputación “abre una puerta enorme” en la investigación por la desaparición de Guadalupe.
La familia materna cuestiona no haber sido informada y vuelve a marcar la falta de articulación entre la Justicia provincial y la federal. El pedido actual apunta a que el imputado, Roque Lucero sea incorporado formalmente como línea investigativa dentro de la causa principal.
Cronología de una causa atravesada por cambios, omisiones y ausencia de respuestas
- 14 de junio de 2021
Guadalupe Belén Lucero, de 5 años, desaparece a las 19hs aproximadamente en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis, durante un encuentro familiar. La investigación queda inicialmente bajo la órbita de la Justicia provincial. Intervienen fiscalías locales y la Policía de la provincia de San Luis, que despliega los primeros operativos de rastrillaje. - 15–30 de junio de 2021
Se intensifican los operativos de búsqueda con participación de fuerzas provinciales, Gendarmería Nacional y otras áreas federales. Se activan alertas a nivel nacional. La causa comienza a mostrar tensiones entre hipótesis y falta de resultados concretos. - Junio–julio de 2021
La familia materna inicia marchas sostenidas en la ciudad de San Luis exigiendo la aparición con vida de Guadalupe. En ese contexto, el entonces dirigente opositor y ahora gobernador provincial Claudio Poggi participa de movilizaciones públicas, entre ellas concentraciones registradas a fines de junio y durante julio de 2021, acompañando el reclamo de justicia. - Julio de 2021
La activista en la lucha contra la trata de personas Susana Trimarco visita San Luis y se reúne con la familia de Guadalupe. Su presencia aporta visibilidad nacional al caso y refuerza la hipótesis de trata como línea posible de investigación. - Agosto–septiembre de 2021
Se producen reuniones institucionales entre la familia y autoridades provinciales. También se gestionan encuentros con funcionaries del gobierno nacional. La causa comienza a articularse con la Justicia Federal ante la posible comisión de delitos federales como trata de personas. - Octubre de 2021
La familia es recibida por el entonces presidente Alberto Fernández en Casa Rosada. El encuentro se realiza en el marco de una agenda de reclamos por la falta de avances. Se plantea la necesidad de reforzar recursos federales en la búsqueda. - 2022
La investigación alterna entre jurisdicción provincial y federal, sin consolidar una hipótesis dominante. La familia denuncia públicamente falta de información, ausencia de resultados y desarticulación entre organismos. Se sostienen marchas periódicas en San Luis y otras ciudades del país. - 2023
El caso mantiene visibilidad intermitente en la agenda pública. Durante el proceso electoral provincial, la figura de Claudio Poggi vuelve a aparecer vinculada al acompañamiento previo en marchas, ya en un contexto de campaña. No se registran avances sustanciales en la causa judicial. - Noviembre de 2024
Se inicia una causa por abuso sexual contra Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe, a partir de la denuncia por un hecho contra una menor con discapacidad. La investigación se tramita en el fuero provincial. - 2024–inicios de 2026
Se desarrollan medidas probatorias en esa causa, incluida una Cámara Gesell que resulta positiva. La información no es integrada de manera visible en la investigación principal por la desaparición de Guadalupe. - 20 de abril de 2026
Se formaliza la imputación contra Roque Lucero por abuso sexual gravemente ultrajante. El acusado permanece en libertad con restricciones procesales. Se confirma además la existencia de otra denuncia en trámite por hechos similares. - 30 de abril de 2026
Yamila Cialone, mamá de Guadalupe, toma conocimiento de estas denuncias recientes y acude junto a su madre Silvia Lucero, a la Fiscalía Federal. Según su testimonio, allí le informan que no tenían registro de esos antecedentes. - 3 de mayo de 2026
Yamila Cialone publica un comunicado en redes sociales en el que denuncia que el abuelo paterno “casi no fue investigado” pese a antecedentes incorporados en el expediente desde 2021. El mensaje reactiva el debate público sobre las omisiones judiciales y la falta de articulación entre fueros.
Política, exposición y deuda estatal
El caso Guadalupe también fue escenario de disputas políticas. Durante la campaña electoral, Claudio Poggi participó en marchas y acciones públicas de visibilización del caso, en distintos momentos entre 2021 y 2023, cuando la desaparición ocupaba un lugar central en la agenda mediática provincial. Esa presencia convive con la falta de políticas sostenidas en el tiempo para abordar desapariciones de niñas, trata y violencias contra las infancias.
La ausencia de un sistema integral de búsqueda, la escasa coordinación interinstitucional y la falta de perspectiva de género en la investigación judicial configuran un escenario donde las familias quedan solas, estigmatizadas y revictimizadas frente a estructuras estatales que no garantizan respuestas.
Por eso, el comunicado de Yamila Cialone expone una trama de decisiones, omisiones y silencios que atraviesan al Poder Judicial y al Estado en su conjunto. La falta de cruce de información sobre antecedentes de abuso, la desarticulación entre organismos y la ausencia de políticas públicas específicas colocan a las niñeces en una situación de vulnerabilidad persistente.
Ante esta situación, persisten con fuerza la pregunta sobre las reales condiciones institucionales existentes hoy para buscar a Guadalupe y para prevenir que otras niñas atraviesen opresiones similares. La respuesta sigue pendiente.
