¿Qué cosecha una provincia que libera genocidas? Un edicto publicado en el Boletín Oficial de la provincia de San Luis en un día feriado destapó el pedido del coronel condenado dos veces a prisión perpetua por delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar-eclesiástica-empresarial en Argentina. La Bulla dialogó con Francisco «Pancho» Ledesma militante de DD.HH e integrante de la Fundación Celebrar la Memoria.
El 12 de octubre, el Tribunal Oral Federal de San Luis publicó en el Boletín Oficial de la provincia un edicto que informa que Miguel Ángel Fernández Gez, genocida condenado a prisión perpetua en los dos juicios de lesa humanidad en los que fue imputado, solicitó la libertad condicional. El juez de Ejecución Alberto Daniel Carelli dispuso la publicación para que víctimas y familiares puedan expresar su postura en el expediente FMZ 96001914/2007/TO1/1. El pedido de la defensa no significa que el beneficio esté concedido: el Tribunal todavía tiene que resolver.
Ese dato alcanza para entender la dimensión de la discusión. Las organizaciones de derechos humanos de la provincia salieron a repudiar la solicitud de inmediato, entre ellas la Fundación Celebrar la Memoria, que la calificó de «amenaza directa a quienes sobrevivieron, a sus familias y a cada testigo que se atrevió a hablar».
Pancho Ledesma, en diálogo con La Bulla, comoles llegó el pedido de Fernandez Gez: «Nos enteramos de casualidad porque vimos en el Boletín Oficial del día 12, que era feriado, un edicto del Tribunal Oral Federal de San Luis donde se advertía que había un pedido de libertad condicional para el asesino genocida Miguel Ángel Fernández Gez.»
La ley obliga al Tribunal a notificar a las víctimas cuando cambian las condiciones de detención de quien las victimizó. Ledesma es querellante, hermano de Pedro Valentín Ledesma, desaparecido, y a esta altura sigue sin recibir aviso alguno.
«En el caso mío, no he sido informado. Nos levantamos todos los días y lo primero que hacemos es leer el Boletín Oficial. Es una barbaridad. Y aparte, se transfiere la responsabilidad a nosotros: si no hacemos absolutamente nada, o no nos enteramos, después dicen ‘mirá, el edicto salió y ustedes no actuaron'», detalla Lesdesma.
Mientras tanto, la Fundación ya trabaja en presentarse por su cuenta ante el Tribunal. Cada pedido de este tipo se siembra en el silencio de un trámite y se cosecha en la distracción de quienes deberían enterarse a tiempo.
¿Quién es Fernádez Gez?
Fernández Gez era coronel del Ejército, jefe del Comando de Artillería de Defensa Aérea 141 y responsable del Área Militar 333 durante la última dictadura en San Luis. El 12 de marzo de 2009, en el primer juicio de lesa humanidad de la provincia, el Tribunal Oral Federal lo condenó a prisión perpetua por el asesinato de Graciela Fiochetti, las desapariciones de Sandro Santana Alcaraz y Pedro Valentín Ledesma, y la tortura de Víctor Carlos Fernández. En 2015, en el megajuicio, recibió una segunda perpetua por desapariciones y asesinatos de 11 víctimas y por los tormentos a 25 ex detenidos políticos. La Fundación recuerda que fue condenado como autor mediato.
«Él tenía la comunidad informativa, que integraban los servicios de inteligencia de la Policía Federal, de la Policía de la Provincia, de la base aérea de Villa Reynolds, de Mercedes y, por supuesto, el Ejército. Él con el teléfono, como lo demostraron en el juicio, determinaba quién moría, quién desaparecía, cuáles eran los más rebeldes para desaparecer y cuáles había que asesinar», describe Ledesma sobre el lugar que ocupaba Fernández Gez en el engranaje represivo.
Sobre el segundo juicio, el integrante de la Fundación enumera una cadena de crímenes que desmiente cualquier idea de hecho aislado: «Fernández Gez era el responsable de todo eso, era quien decía quién vivía, quién moría, quién iba preso, quién desaparecía. Murió Yango Rodríguez en la tortura, y él era el responsable».
«No hay que confundir la clemencia con la complicidad»
El argumento que circula para sostener el pedido apela a la edad y a la humanidad. Ledesma lo desarma desde la experiencia de quienes llevan medio siglo de búsqueda.
«Es un carnicero. De él dependían la vida y la libertad de los ciudadanos de San Luis durante seis años. ¿Y ahora quieren darle el beneficio de la libertad condicional porque es un viejito?». Ledesma aclara que la atención médica que el condenado necesita está garantizada, y que la Fundación va a exigir que la reciba. La discusión pasa por otro lado.
«No hay que confundir la clemencia con la complicidad ni la razón humanitaria con impunidad», recalca al tiempo que apunta al pedido de humanidad.
«¿A nosotros nos piden humanidad cuando hace 50 años estamos buscando a nuestros compañeros desaparecidos, cuando estamos buscando a los nietos que faltan y ellos tienen la información en el puño de la mano? Un gesto de humanidad sería que ese señor dijera por lo menos la zona donde están enterrados nuestros desaparecidos en San Luis», reclama.
El silencio de los condenados tiene una escena precisa, que Ledesma recuerda con detalle: «En pleno juicio salió el tema de los desaparecidos y los condenados gritaron ‘nunca lo van a saber’. Esteban Plá, Fernández Gez, Orozco, Pérez, todos los imputados. Lo gritaron con el tribunal en pleno, con la fiscalía, con la querella y con los familiares presenciando la audiencia».
En el plano legal, Ledesma sostiene que el artículo 14 del Código Penal excluye de la libertad condicional a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, y recuerda que el fallo Mazzeo de la Corte Suprema, de 2007, declaró incompatibles con los tratados internacionales de derechos humanos los indultos y amnistías para estos crímenes, tratados que en Argentina tienen rango constitucional. El comunicado de la Fundación suma el mismo argumento: el derecho internacional no admite beneficios para los crímenes de lesa humanidad, y la perpetua efectiva es «la única forma de reparación mínima posible».
Para Ledesma, el riesgo trasciende a Fernández Gez. Cada beneficio abre el camino al siguiente. «Si logran que este genocida quede en libertad, esa puertita se va a convertir en un portón por donde van a salir todos».
El riesgo también tiene nombre y fecha en la memoria de los organismos: Julio López, desaparecido en plena etapa de juicios en 2006. Ledesma apunta a quienes hoy se ofrecen a hacer el trabajo sucio.
«Cuando yo publico información de los compañeros desaparecidos, siempre hay dos o tres que te dicen ‘volvé el Falcon, ustedes son los asesinos’. ¿Vos creés que si convocan a esos soldaditos gratis para una acción de represalia contra los testigos, no lo van a hacer? Van a ir contentos. Se van a ofrecer».
Ledesma además describe el estado actual de los controles en la provincia: «Aquí en San Luis no hay ningún detenido en la cárcel. Están todos con prisión domiciliaria y todos sin ningún tipo de control. La Policía Federal dice que no tiene dotación suficiente para poner una consigna en la casa de cada uno, y la Justicia Federal dice que no tiene presupuesto para ponerles la tobillera».
El cuadro puntano reproduce el nacional: según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad difundidos al cumplirse los 50 años del golpe, de las 504 personas detenidas por estos delitos, 425 cumplían la condena en su domicilio, el 84%. Las condenas totales llegan a 1.231, surgidas de 361 sentencias. Cada paso hacia la calle se cosecha después en la vida de quienes testificaron.
El clima de época: del «curro» al vaciamiento
Este pedido llega en un momento en que el Estado nacional habla de la dictadura con otro vocabulario. El informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta sobre los primeros seis meses del gobierno de Javier Milei documentó el desfinanciamiento y vaciamiento de estructuras de memoria, verdad y justicia: el cierre del equipo del Ministerio de Defensa que analizaba archivos de las Fuerzas Armadas, el fin del programa que filmaba las audiencias de los juicios, la suspensión de las obras en sitios de memoria y el congelamiento de las reparaciones. Los organismos registran además la clausura de la unidad de investigación de la desaparición de niños y niñas en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), y el informe describe un vocabulario oficial que llama hostigamiento a los juicios, adoctrinamiento a la educación en memoria y curro a las reparaciones.
La organización H.I.J.O.S. viene advirtiendo que ese lenguaje se instala desde arriba. Su dirigente Carlos «Charly» Pisoni ubicó el origen del tono en la calificación de los derechos humanos como «curro», y reclamó una ley contra el negacionismo que impida a funcionarios públicos negar lo que la Justicia ya probó, como la apropiación sistemática de niños y niñas y los crímenes de lesa humanidad.
En San Luis, donde Claudio Poggi gobierna con ajuste y con la represión policial en los barrios populres como respuesta a la protesta (ATE San Luis lo denunció penalmente este año por los golpes a su secretario general, Fernando Gatica, frente a la Legislatura), el clima de época baja a las calles de manera concreta. Ledesma lo ve en los comentarios que recibe cada vez que publica información sobre los desaparecidos.
«Tenemos que ser conscientes de la base que están teniendo los sectores de ultraderecha en Argentina y en la región. Y lo están provocando», detalla al tiempo que aadvierte que los genocidas buscan descuidos y momentos de mayor distracción, con controles judiciales más tenues, para intentar estos zarpazos.
Por eso, pedir hoy la libertad condicional, en este país y en esta provincia, es una apuesta a que el clima de época haga el resto.
La cosecha de un pueblo con memoria
¿Qué cosecha una provincia que libera genocidas? Cosecha miedo en los testigos que se animaron a hablar, impunidad para quienes todavía callan dónde están los cuerpos de les desaparecides y les nietes que aun faltan encontrar y, ademas, un mensaje de futuro para los represores que esperan en sus casas el turno de pedir lo mismo. Esa es la cosecha que prepara el pedido de Fernández Gez si el Tribunal lo concede.
San Luis sembró otra cosa. Sembró juicios por lesa humanidad y décadas de querellantes, familiares, abogades y testigues que reconstruyeron cada hecho y cada prueba. Cuando el edicto del pedido de Fernández Gez apareció, la respuesta de los organismos de derechos humanos de la provincia llegó de inmediato, con comunicados y con la decisión de ir al Tribunal por mutuo propio. «Si abren esta puerta, es abrir la puerta a la impunidad y al olvido. Y eso no lo vamos a permitir», dice el comunicado de Celebrar la Memoria, que cierra con la consigna que sostiene a la militancia puntana desde hace cincuenta años: no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos.
Esa memoria organizada es la respuesta que le queda a una sociedad cuando la impunidad golpea la puerta: un pueblo que sigue de pie junto a sus 30.400 compañeras y compañeros desaparecides.
