Economía

“Esto que nos están haciendo pasar es premeditado”: Osvaldo Di Cesare, empresario pyme, advierte que las medidas económicas del Gobierno nacional llevan al país a un colapso 

Para Osvaldo Di Cesare, empresario pyme de San Luis, cooperativista e integrante de la Comisión de Asociados y Asociadas del Banco Credicoop, lo que le pasa hoy a la economía tiene poco de accidente. Habla de un rumbo elegido, con una deuda que crece, precios que se miden mal y salarios que no alcanzan, y que golpea de lleno al comercio y a la industria.

Lo repasa en dialogo con La Bulla, desde el escenario nacional hasta la realidad puntana donde los salarios públicos corren detrás de los precios y los comercio están sin clientes. Plantea, ademas una propuesta concreta para que las petroleras aporten parte de una ganancia que nadie esperaba.

Entre colegas, trabajadores y cuentapropistas la conclusión se repite: “Esto no va para bien, va a seguir empeorando”. Para Di Cesare, el rumbo oficial responde a un modelo financiero. A tres años de gestión, la bola de nieve de la deuda ya cuesta frenar.

Para entenderlo hay que mirar atrás. Las Leliq y las Lebac, las letras con las que el Banco Central retiraba pesos de circulación, llegaron a 35 billones en 2023. Hoy el mecanismo se repite, pero en dólares: “Este gobierno hace exactamente lo mismo, en vez de imprimir billetes imprime bonos y letras, imprime deuda”. Cada mes vencen letras y bonos, y cada vez se refinancia menos, a plazos más cortos y con tasas más altas. El año próximo vence mucha deuda en dólares y, según su mirada, no habrá con qué pagarla. De ahí que el riesgo país se dispare.

Los apoyos de afuera también se achican. Con Trump frente a un Congreso en contra tras las elecciones de medio término, los 20.000 millones de dólares prometidos a la Argentina quedan en duda. El Fondo Monetario no pone un peso más y los fondos buitre tampoco quieren prestar.

En la calle, la inflación es otra cosa. Di Cesare recuerda que se mide con parámetros de 2004, que le dan poco peso a la luz, el gas, el agua, los alquileres, el cable y el celular. “La inflación real es la que encontramos todos los días cuando vamos a comprar. Es un cuatro, un cinco todos los meses, y te dicen que es el dos”. En las boletas de servicios, entre el 30 y el 40 por ciento son impuestos que el Gobierno nacional aumenta todos los meses para recaudar.

En San Luis el cuadro es el mismo. Los comercios del centro cargan con alquileres y tarifas, y a inicios de noviembre cerró la fábrica Stanley Black & Decker en Justo Daract dejando sin trabajo a 60 trabajdores formales en una localidad de unos 12.000 habitantes. “Eso es para que tomemos dimensión y pongamos en contexto la gravedad”.

La matriz económica local agrava el problema. Según su cálculo, entre el 60 y el 70 por ciento de la población económicamente activa de San Luis trabaja para el Estado provincial, el municipal o con un plan. Por eso reclama salarios públicos que le ganen a la inflación: “Si no pagás salarios reales positivos, que a la gente le sobre un poquito todos los meses, nunca vas a lograr desarrollo económico en la provincia”.

El último aumento a estatales fue del 5 por ciento, que en el año suma un 35 y apenas iguala la inflación entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026. Con una canasta básica total de 1.650.000 pesos, calcula que los sueldos provinciales promedian un millón y medio. Sin ingresos que alcancen, el comercio no vende, no toma gente ni reinvierte. “Si pagás salarios por debajo de la línea de la pobreza a ese 60 o 70 por ciento, a los que abrimos la persiana todos los días nos condenás al fracaso”, detalla Di  Cesare.

Los créditos de entre 3 y 8 millones de pesos del gobierno de Claudio Poggi son bienvenidos, admite, pero alcanzan poco: “Es poco, dura un ratito, no plantea algo hacia delante”. Sin una perspectiva de crecimiento, las expectativas de les empresaries no cambian.

Un impuesto extraordinario a una renta extraordinaria

El empresario puntano no se queda solo en el analisis y en la critica, sino que plantea salidas que evidentemente el gobierno no quiere implementar. La idea sale de las charlas con empresarios y profesionales afines al campo nacional y popular, y apunta a mostrar que hay alternativas. “Todo es decisión política”, resume Di Cesare.

Su ejemplo es Vaca Muerta. El autoabastecimiento energético le ahorró al país entre 5.000 y 7.000 millones de dólares en importaciones de gas en 2025, y hoy se exportan unos 300.000 barriles diarios. A eso se suma el conflicto en el Golfo Pérsico, que desde hace nueve o diez meses mantiene el barril por encima de los 100 dólares, cuando las petroleras invirtieron calculando entre 65 y 75. “Es una ganancia que ellos no se esperaban cuando hicieron las inversiones”, detalla.

Y en esa linea, propone una ley, votada en el Congreso, con un impuesto de suma fija de 10 dólares por barril mientras el precio supere los 80. Con un millón de barriles diarios, las cuentas dan 10 millones de dólares por día, 300 millones por mes y, con el dólar a 1.500 pesos, 450.000 millones de pesos mensuales para el Tesoro. Para él, las empresas no pierden: sus proyectos se calcularon con un barril mucho más barato, así que el impuesto no toca las inversiones, el valor de las acciones ni el precio de los combustibles.

El dinero tendría un destino claro: los 3 millones de jubilades que cobran la mínima y las 1.150.000 personas con pensión por discapacidad, 4.150.000 en total. Iría directo al consumo y le daría aire al Gobierno para llamar a paritarias y revisar subsidios. “Con qué poco se puede hacer tanto”.

Pero el rumbo del país va por otra vía.Beneficios extraodinarios para pocos empresarios y crisis ecnomica  para la mayoría. Por eso, Di Cesare no ve casualidad en lo que pasa: “Esto que nos están haciendo pasar es premeditado”.

Podés escuchar la entrevista completa acá:

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