«Hay una chica en nuestra radio». Persecución ideológica a Romina García Hermelo

Desde hace algunas semanas nuestra compañera Romina está sufriendo el asedio del conservadurismo de lxs directivxs de la Escuela Bellas Artes y del Ministro de Educación Marcelo Sosa. Ha sido sumariada y separada de su cargo por el hecho de trabajar el texto «Hay una chica en mi sopa» de la autora peruana Silvia Nuñez. A continuación te mostramos la entrevista grabada con Jorge y Samuel, dos sanluiseños que promueven una convocatoria en apoyo a nuestra compañera, para el día lunes 27 de mayo a las 18 Hs. en el Correo Central.

En defensa del Derecho a la Defensa:

Como ciudadanos creemos que todos tenemos derecho a defendernos cuando se nos acusa de algo. Ese es el derecho que se le ha negado a Romina García Hermelo, Prof. de Lengua y Literatura del C. E. Nº 2 Nicolás Antonio de San Luis cuando el Ministerio de Educación decide suspenderla en sus tareas como docente durante 3 meses sin goce de haberes (…)  (…) Esto vulnera los derechos de Romina como ciudadana y le pasa o puede pasarle a cualquier ciudadano de San Luis. Cuando se vulnera este derecho, se siembra el miedo y el sometimiento. Para que esto no siga pasando es que, como ciudadanos, convocamos a toda la comunidad a concentrarnos el día Lunes 27 a las 18 hs. Frente al correo.

Firman: Jorge Ramonell y Samuel Saavedra

Reproducimos el comunicado de prensa de la Central de Trabajadores de Argentina CTA-San Luis
REPUDIO A UNA INJUSTA Y DISCRIMINADORA SANCION CONTRA UNA DOCENTE EN EL “BELLAS ARTES”

Días pasados una compañera trabajadora docente de la Escuela Secundaria de Arte Nº 2 “Nicolás Antonio de San Luis” dela ciudad de San Luis, Romina García Hermelo, fue sancionada por el Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis con una medida extrema de suspensión por noventa días, acompañada de la instrucción de un sumario administrativo. El “delito”: promover la lectura en la clase de Lengua y Literatura, de la cual era titular, del libro “Hay una chica en mi sopa” de Silvia Nuñez del Arco.-
El procedimiento por el que el Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis llegó a tal decisión, fue por demás irregular, ya que luego de que el Equipo Directivo de la Escuela le notificara a la compañera las actas labradas en su ausencia, (que supuestamente reflejan los dichos de algunos de los alumnos del curso y de sus padres, y que tienen un alto contenido discriminatorio ), y antes de que la docente tuviera la oportunidad de ejercer el Derecho de Defensa que consagra la Constitución Nacional, fue notificada de la resolución ministerial (CDE Resolución Nº 73 –ME 2013) en su domicilio. Este accionar, intolerante e irregular, no solo violenta principios básicos de la Constitución Nacional, sino que su contenido viola también el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley Antidiscriminatoria Nº 23.592.
Esto nos hace pensar que las irregularidades parten de las autoridades, los directivos del mismo establecimiento, los cuales, en una actitud persecutoria e ilegal, no esperaron los plazos administrativos para este tipo de hechos: no esperaron a escuchar a la docente, ¿Por qué?-
Persecución e ilegalidad que hace suya el Ministerio de Educación de la Provincia, el cual resuelve in audita parte, bajo el siguiente argumento: “preservar el orden institucional y llevar tranquilidad a la comunidad educativa”. ¿Cuál es el orden institucional alterado?

Se persigue a la compañera por que “se altera un orden”, un orden que esta marcado por una visión parcializada de la vida. Un orden que no respeta a los otros por su modo de ser, de pensar, de vivir, de sentir amor. Un orden opresivo e intolerante que se niega a ver al ser humano como un ser integro, un ser libre. Orden que se defiende no queriendo reconocer en otros calidades distintas. Orden que pretende eliminar la solidaridad, la lucha, la justicia, la libertad. Orden que caracteriza al patriarcado y a su mejor cómplice: el capitalismo. Orden que en muchos casos, ha significado-y significa- muerte.

Para nosotros ser CTA implica ser permanentes constructores de espacios democráticos, y las Actas y dichos atribuidos a algunos padres y alumnos nos generan una profunda alarma y preocupación, ya que si en verdad esos son los dichos de los alumnos y de los padres, los directivos y autoridades al tomar esta medida contra la compañera trabajadora, están fomentando actitudes intolerantes, de pensamiento único y antidemocráticas, al mismo tiempo que la sanción, por la misma injusticia e irracionalidad que manifiesta, se convierte en un acto de disciplinamiento ejemplificador para cualquier trabajador o trabajadora que intente expresar ideas de libertad y tolerancia desde su trabajo, o de aquel trabajador o trabajadora cuyas enseñanzas contradigan el pensamiento retrógrado de los sectores más recalcitrantes de la sociedad.

Estamos en presencia de un tipo de acto persecutorio, que no es aislado, y que podría enmarcarse entre otros actos persecutorios y acciones represivas que, con balas de goma, de plomo o a través del aparato judicial, se vienen dando en los últimos meses, y que dan una clara muestra de que los gobiernos, de cualquier estamento y color político, recurren a su aparato represivo y judicial cuando necesitan frenar acciones de libertad de expresión , defensa de derechos, reclamos justos por trabajador@s, defensa de la tierra, luchas sociales y populares que van contra la imposición del pensamiento único y del modelo hegemónico. Como ejemplos recientes: la represión contra vecinos y ambientalistas en Belén, Andalgala y Tinogasta ,pcia de Catamarca y en Famatina, La Rioja; la detención de cuatro delegados de la Dirección General de Cultura y Educación de la Prov. de Bs. As. a la salida de la oficina del director provincial de Negociaciones Colectivas, adonde habían sido convocados por el mismo a una reunión; la represión, en Chaco, de una movilización multisectorial en apoyo de los docentes. Luego, en la misma provincia y a colación de lo anterior, trece docentes y militantes sociales fueron acusados por los delitos de incitación a la violencia y daños a la propiedad pública. Días después, en el marco de la lucha docente, se ordenó la detención de cuatro referentes sociales que participaron de una protesta en la localidad de J. J. Castelli. Y como máximo modo de legitimación de la persecución política, la sanción de la Ley antiterrorista.

Desde las Secretarias de Derechos Humanos y de la de Genero e Igualdad de Oportunidades de la CTA San Luis, repudiamos enérgicamente este accionar antidemocrático y represivo dirigido a ejercer el control social y disciplinar a las mayorías, a la vez que exigimos que se revierta la decisión tomada por el Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis contra la compañera Trabajadora Romina García Hermelo, y que se realice un acto público de retractación por parte de las autoridades y del Ministerio hacia la compañera y hacia la sociedad en su conjunto.

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS y SECRETARIA DE GÉNERO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. CTA SAN LUIS.-

También en días pasados circuló el comunicado que realizamos desde nuestra organización:

Comunicado en repudio a la persecución de nuestra compañera
Desde la Organización Casita Cultural repudiamos profundamente el accionar de los directivos de la Escuela Secundaria de Arte Nº 2 “Nicolás Antonio de San Luis” y del Ministerio de Educación de la Provincia de San Luis en relación a la persecución político e ideológica para con nuestra compañera, la profesora Romina García Hermelo.
Entendemos que el cuestionamiento de una práctica docente específica, como es la elección de un material literario que aborda las problemáticas que afectan a lxs adolescentes, no puede ser nunca el pretexto para condenar y discriminar, sin posibilidad de defensa, a una trabajadora de la educación.
Quien comete injurias y agravios personales, como fueron el de género y el religioso, y pretende imponer una mirada unívoca sobre el modo de ser docente, es autor y cómplice de un acto represivo y autoritario que no puede tener lugar en nuestra sociedad.
Exigimos al Ministro Marcelo Sosa que revierta la decisión de suspender y sumariar a la docente. A su vez solicitamos a los organismos competentes que arbitren las medidas necesarias para terminar esta persecución y se repare el daño y perjuicio moral así como la vulneración de sus derechos laborales.
Desde nuestra organización estamos convencidxs de que la escuela pública y laica no debe ser un espacio que reproduzca el sistema patriarcal, conservador, homo-lesbo-transfóbico. Muy por el contrario, debe ser un espacio de diálogo y reflexión crítica sobre una realidad que es diversa y compleja. Es responsabilidad de todos y todas construir una educación que esté a la altura de ese desafío.

“Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad (…)”
Rodolfo Walsh