Nuestros barrios: violencia e inseguridad, entre la estigmatización y los hechos cotidianos.

Ya hace tiempo que en el barrio circulan una y otra vez noticias sobre hechos de inseguridad. Si nos remitimos a las últimas semanas, fue conocido el asalto a plena luz del día, del mercado “Las Américas”. También en Granaderos Puntanos al 1300 fue asaltado un mercado a mano armada y ya son varias las familias que denuncias robos en sus viviendas.
Mas allá de estos hechos de inseguridad, existe una campaña de estigmatización de la zona. La prensa se ha encargado de mostrar estos barrios (Aeroferro, SCAC, Jardín Aeropuerto, Francia, entre otros) como zonas de mucha violencia y delincuencia. Y en esto, el gobierno provincial ha ayudado bastante. Siempre que un funcionario se refiere a una obra pública o reparación en estas barriadas, lo hace en términos de: “estamos convirtiendo esto en una zona más segura”, “antes era un foco de mal vivientes” o “era un caldo de cultivo del delito”.
De esa manera, el gobernador Poggi y sus funcionario/as trasladan una visión donde identifica a la pobreza con la delincuencia. Si hay pobres, hay delincuentes. Y esta criminalización, se convierte en sentido común y se transforma en relato dominante, incluso entre quienes viven en estas zonas.
Y no necesariamente es así. Quienes vivimos y trabajamos en estos sectores sabemos que allí vive gente trabajadora y que como cualquiera, están expuestos a situaciones de delincuencia y además a la violencia y discriminación de nuestras fuerzas de seguridad.
Pero más aún, estos sectores están sometidos a una vejación más profunda, que es el sentimiento de desigualdad social que los enfrenta a las clases más ricas, sobre todo, en aspiraciones truncas producto de la sociedad del consumo y todo su aparato propagandístico. Desigualdad que es producto de la desinversión del Estado en los sectores más vulnerables, la creciente flexibilización de la economía, con pocos puestos de trabajo (precarios) y el vaciamiento de la Educación y la Salud Pública.
A todo esto, debemos sumar el estado de las instituciones correccionales o penitenciaría y la formación (fascista) de nuestras fuerzas de seguridad. Fiel ejemplo de ello, es el testimonio visual y los relatos sobre la situación de maltrato y tortura en la penitenciaría provincial de menores que circularon hace algunas semanas.

Sobre la situación en la penitenciaría nos entrevistamos con Ana María Garraza, Directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis.

Ley general de víctimas: una propuesta diferente para abordar las situaciones de violencia
Este es un proyecto de ley presentado por el Frente para La Ciudad Futura en Rosario. Allí se define a la víctima cómo “aquellas personas que hayan sufrido un menoscabo a los derechos humanos por un delito cometido por parte del Estado y quienes hayan sufrido un daño grave por la comisión de delito común contra la vida y la libertad”.
Este proyecto contempla una serie de derechos para las personas que fueron víctimas, pero sobre todo está enfocado en los sectores populares. A ellxs, el abuso policial, el peso de la ley, de la criminalización y estigmatización, así como cualquier hecho de delincuencia, es a quienes más afecta debido a las condiciones materiales de vida. Para este sector la ley prevé los siguientes puntos entre otros.
Derechos fundamentales:
1- La necesaria reparación integral. Esta implica no solo la pena al autor del delito, sino al resarcimiento económico de la víctima.
2- Articulado con lo anterior, las víctimas tienen derecho al apoyo psicológico, jurídico, en los costos de transportes y gastos de sepelio, por parte del Estado.
3- Además se debe posibilitar retrotraer a la situación previa al daño. Si bien la muerte no se puede reparar, hay determinadas situaciones que pueden mejorarse. Ante un asesinato, si el familiar directo poseía un trabajo precario, después del hecho de violencia esa situación puede cambiar cualitativamente, con un trabajo mejor, una vivienda digna, etc. Así se tiende a empoderar a las víctimas estructuralmente, poner a su disposición programas sociales ya existentes.
4- Por último busca el derecho de la víctima a ser reconocida. La ley prevé crear un registro de víctimas en manos de ente autárquico y que así el Estado se vea obligado a pedir disculpas o reconstruir la historia de esa personas, si así lo desea esta.
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